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El Imserso deberá hacer frente al pago de casi 800 millones de euros correspondientes a las cuotas de Seguridad Social de cuidadores no profesionales

El Ministerio de Sanidad pagó casi 30 millones de euros en financiación indebida para más de 12.000 personas fallecidas

Abril 25, 2013
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En su edición de ayer, extraconfidencial.com repasaba la situación crítica de la Dependencia española según la cual más de 300.000 españoles necesitados carecen de cualquier tipo de ayuda o subvención del Gobierno Central. Sin embargo, el su informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la ley 36/2009, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, del Tribunal de Cuentas deja al descubierto otras muchas deficiencias en el sistema. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Ana Mato es el responsable de esta caótica situación.

La aplicación informática del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “adolece de numerosas deficiencias que, a 30 de abril de 2011, han provocado que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales haya transferido en exceso a las diferentes Comunidades Autónomas, en concepto de nivel mínimo de protección, un importe neto estimado en, al menos, 46.826.990 euros”. El problema deviene de que la información introducida por los órganos de las comunidades en la aplicación informática del Sistema no es comprobada ni verificada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), posibilitando que los gobiernos soliciten a éste grandes sumas injustificadas de dinero. </p>

Fallecidos y expedientes duplicados

Así, en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia figuraban como beneficiarias 12.055 personas que se encontraban fallecidas, provocando la financiación indebida por parte del Instituto de casi 30 millones de euros (29.425.700 euros). Del mismo modo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales abonó otros 5.276.241 euros en concepto de 1.363 expedientes que se encontraban duplicados. La liquidación indebida de casi 2 millones (1.927.340 euros) destinados al servicio de teleasistencia, la minoración de cerca de 10 millones (9.891.863 euros) que no se concedieron a las comunidades por presentar un importe acumulado negativo provocando en los gobiernos autonómicos un déficit de financiación, o el abono indebido de más de 20 millones (20.089.572 euros) en expedientes que superaban el máximo establecido legalmente para cada beneficiario dibujan la caótica realidad que vivía el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en sus pagos e ingresos.

A 31 de diciembre de 2010 “el Instituto de Mayores y Servicios Sociales no tenía reconocido en sus estados contables un importe total de 65.938.045 euros, derivados del aplazamiento y periodificación del abono del nivel mínimo de protección garantizado a las Comunidades Autónomas”. Estos más de 65 millones no reconocidos se quedan en nada ante los cerca de 800 millones (788.651.264 euros) que el Instituto deberá aplicar a su presupuesto para hacer frente al importe total superior a los mil millones (1.015.341.136 euros) correspondiente a las cuotas de Seguridad Social de cuidadores no profesionales devengadas y de las cuales sólo se habían imputado a los gastos del Instituto algo más de 226 millones (226.689.872 euros).