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43 entidades son las perceptoras de unas ayudas van desde los 18.000 euros a los 330.000

El Ministerio de Sanidad destina más de un millón de euros contra la explotación sexual de las mujeres pero recorta en un 24% las políticas de Igualdad

Marzo 21, 2013
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acaba de poner disposición de las asociaciones que apoyan a las mujeres que sufren malos tratos en el ámbito de la explotación sexual una cuantiosa suma de más de un millón de euros (1.001.537 euros). A través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y mediante la “resolución de 17 de enero de 2013 por la que se publican las subvenciones destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2012” –publicada por el BOE- el Ministerio concede ayudas a 43 entidades por importes comprendidos entre los 18.000 euros -la más baja otorgada a varias asociaciones- y 328.634 euros –la más alta, en manos de las Religiosas Adoratrices Esclavas-. 

En la página web de la cartera de Sanidad esta clase de violencia entendida como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” -según la OMS- puede ser presentada en tres aspectos: la violencia familiar (emprendida contra los miembros más vulnerables de la familia), de género (la sufrida por la mujer) y de pareja (en la que el agresor, generalmente el varón, tiene una relación de pareja con la víctima). Según esta taxonomía vemos que la mujer es la más perjudicada en cuanto a la práctica de la violencia, pero en el caso de la prostitución, ¿realmente son necesarios estos importes que no recaen directamente en las manos de las damnificadas sino en asociaciones de las que desconocemos como efectúan el reparto? ¿Si las asociaciones que protegen a la mujer prostituida reciben este trato, por qué no existe un comportamiento similar con los afectados por la violencia familiar como niños y ancianos, o por violencia de pareja?

Además de estas partidas para “proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, el Estado reparte cada año otras cuantías en concepto de violencia doméstica y sexual: la renta activa de inserción otorgada por el INEM y las ayudas derivadas de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, sobre ayudas a las víctimas de delitos violentos y agresiones sexuales. A estas subvenciones habría que sumarles las emitidas cada año por las Comunidades Autónomas. En Andalucía, por ejemplo la regulación de estas ayudas le compete a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por Orden de 25 de mayo de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer; en el País Vasco desde 2007 el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004; y así hasta un total de 17.

Lo verdaderamente importante

Esta situación vivida en España que parece tener muy presente la realidad de las mujeres maltratadas contrasta abiertamente con las denuncias de las auténticas protagonistas -sin asociaciones mediantes-. Quejas, reivindicaciones y manifestaciones que hablan de un sinvivir hacia el que el Gobierno debería mirar de frente y erradicar la situación de raíz –regulando el vacío legal en el que se mueve la prostitución y ayudando de modo más particular garantizando la seguridad personal de cada una de las mujeres maltratadas-, sobre todo, cuando hablamos de un país en el que en un año como 2012 pueden morir hasta casi una cincuentena de mujeres por este motivo. De esta cifra, tan sólo ocho habían denunciado al agresor, verdadero problema del asunto. A finales de 2012, el diario Público difundía una noticia en la que destacaba como “el Gobierno ha recortado un 24% el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad y, con la subida del precio de las tasas judiciales, a las víctimas de violencia de género les saldrá más caro denunciar”.

Jesús Prieto