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El sector dejará de recibir ayudas en 2018 por imperativo de la Unión Europea

El Ministerio de Industria de José Manuel Soria se gasta 30 millones de euros tan solo para actividades de formación para las zonas carboníferas

Diciembre 26, 2012

En lo que va de año el carbón nacional, menos calorífico y más contaminante que el importado, supuso cerca del 20% del mix eléctrico, encareciéndolo sobremanera.
Cada minero del carbón –unos 5.300 en toda España- cuesta al erario público cerca de 66.000 euros.     

Con el mantenimiento de las minas de carbón, España incumple tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto.


No hemos acabado el año, pero ya tenemos una mala noticia para inaugurar el 2013, una nueva subida de la factura eléctrica para todos los consumidores de un 3%, y la amenaza de penalizar con mayores subidas para aquellos que consuman más de “la media”, toda una declaración de intenciones a favor del sector eléctrico. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dirigido actualmente por José Manuel Soria,  concede anualmente partidas millonarias a la industria del carbón. Sin ir más lejos, el pasado curso la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón recibió del Estado 25 millones de euros para más tarde destinar 37 millones para becas, ayudas y todo tipo de formación. Esta fundación se constituyó el 10 de septiembre de 1998. El compromiso adquirido desde su génesis hablaba de aportar anualmente un importe de hasta más de 30 millones de euros para la financiación de un programa de Becas para todo tipo de enseñanzas y para la financiación de cursos de formación profesional a entidades públicas o privadas. El 28 de marzo de 2006 se firmó un nuevo proyecto, el Plan Nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012. Éste nació con el propósito de atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo en el sector fomentando la creación de empleo alternativo al monocultivo del carbón mediante el apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo y la potenciación de los recursos humanos de las comarcas mineras financiando actividades de formación.

Programa millonario

El Programa absorbe 280 millones de euros de los cuales, al menos 10 se destinarán a la formación de empleo que se genere en los nuevos proyectos empresariales. 14 años después del alumbramiento de la Fundación y 20 años más tarde de la primera Marcha Negra que llegó a Madrid para dialogar infructuosamente con Felipe González, el colectivo minero de las cuencas españolas vive su episodio más negro. Ante la decisión en firme del Gobierno de reducir hasta un 63% el presupuesto del Plan del Carbón, los trabajadores de las minas tomaron Madrid reclamando el mantenimiento de unas inversiones a fondo perdido en lo que es ya una opción energética en plena decadencia. Las energías fósiles tienen sus días contados y en esta agonía no surgen alternativas económicas y benevolentes con el medio. Entre tanto, millones de euros siguen entrando en las grutas del norte, provocando pérdidas y excedentes, provocando un gasto superfluo que cada ciudadano debe abonar con sus impuestos.

No obstante, las cifras que ingresa la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón no es la única fuente de la que mama el sector ya que cada español paga por el servicio. Paradójicamente, tras la política de austeridad ejecutada en las ayudas y el recorte de los cupos, el carbón ha cubierto –entre enero y octubre de este año- un 19,7% de la generación eléctrica española, esto es, el conocido como mix eléctrico. ¿Por qué? En el trasfondo de este dato destaca el Real Decreto aprobado en 2010 que incentiva a aquellas centrales que exploten mineral autóctono en detrimento del carbón importado. Una medida que estimula a la industria nacional, pero que generará un sobrecoste para el sistema eléctrico que podría sobrepasar los 4.000 millones hasta 2014.

Un mix eléctrico por las nubes

De este modo, el ciudadano español pagará más por menos. El carbón español de baja calidad -una tonelada de carbón extranjero produce la misma cantidad de calor que 1,33 toneladas de mineral nacional- y de alta contaminación –su contenido en azufre se encuentra entre el 1 y el 5% mientras que el importado tan solo el 0,5%-, encarece una factura del sistema energético que a partir del 1 de enero de 2013 comportará en las tarifas de la luz y el gas una subida de entre el 7 y el 25%. Según un estudio publicado por Facua, la factura de la luz es ahora un 81% más cara que hace 10 años.

El protagonismo del carbón en el mix eléctrico conlleva un ascenso lógico de las emisiones de CO2. Con sus subvenciones al carbón, España incumple tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto, según el cual a finales de 2012 el incremento de emisión de dióxido de carbono no podía superar el 15%. A partir de 2013, recaerá sobre las empresas españolas la obligación de pagar su propia contaminación. La única forma de plantar cara a los países más competentes que poseen minas a cielo abierto de las que se obtiene carbón de mayor calidad y en grandes proporciones, sería adoptando su misma estrategia, pero a costa del medio ambiente y de la biodiversidad. En noviembre de 2011, el Tribunal de Justicia Europeo declaró ilegales las minas a cielo abierto del Valle de Laciana en León, a causa de la destrucción ambiental. Este modelo tan sólo pervive en España en las minas de Cerredo y Tineo, en Asturias. ¿Dónde están las alternativas energéticas a una fuente agotable y nociva como el carbón? Las energías renovables en España son ya una realidad que generan más producción y más empleo que las nucleares y la del carbón. Una realidad que el Gobierno obvia ante el poderoso negocio de intereses de la red eléctrica.

Reforma energética para las grandes empresas

El mix eléctrico español es el más caro de Europa –exceptuando a casos marginales como los de Chipre o Malta-, manteniendo con las grandes compañías eléctricas, véase Endesa, Gas Natural, Fenosa e Iberdrola –que acreditan anualmente lustrosos beneficios- deudas de miles de millones por déficits tarifarios. Un déficit tarifario que encuentra una de sus explicaciones en otro gazapo gubernamental, España exporta mucha más electricidad de la que importa, pero lo hace a un precio muy por debajo de su coste económico en el ciclo de producción. ¿A dónde va el dinero?

La respuesta para los estudiosos parece clara. El economista Alejandro Inurrieta sostiene que tras la enésima reforma energética, “vamos a tener un sistema energético carísimo que beneficiará solo a las grandes eléctricas, que tienen un oligopolio de producción”. Por su parte, desde organizaciones de consumidores se apunta que “no hay un solo elemento en la reforma que mejore la tarificación“, de lo que se extrae que España seguirá arrastrando el lastre de la deuda a las grandes compañías, mientras éstas se enriquecen misteriosamente a costa del usuario, único damnificado.

A pesar de todo ello la solidaridad del ciudadano español con el sector minero aumenta. La fachada del problema de la metalurgia nacional –las familias de mineros del norte cantábrico, gallego, vasco y asturleonés- conmueve a un colectivo que ignora los datos relativos a lo que la industria del carbón cuesta anualmente al Estado –y a fin de cuentas a todos y cada uno de los españoles que tributamos-. Según los últimos estudios al hilo de este tema, “cada puesto de trabajo cuesta al contribuyente, adicionalmente de lo que paga por la vía de la compra del producto, 65.645,78 euros”. Esta situación insostenible provoca la sorprendente supervivencia de un sistema abocado a la extinción y demuestran otra laguna más que España ha de subsanar para no continuar a la cola de Europa. Y una última pregunta, después de las enormes movilizaciones del verano ¿Por qué no se moviliza el sector minero? Las cifras millonarias que perciben pueden ser la respuesta.

Jesús Prieto