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En pleno estallido de las detenciones de los implicados en la trama de los cursos de formación de UGT-Andalucía

El Ministerio de Fomento de Ana Pastor destina más de 50.000 euros a AENOR para la inspección de acciones formativas

Junio 25, 2014

Se convierte así en el primer miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy en tomar medidas ante los abusos descubiertos en torno a los Cursos de Formación

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Fraude tras fraude, la Justicia y la moral de algunos de los acusados empieza a cobrarse las primeras víctimas en Andalucía, hábitat natural de la corrupción desde finales de los 80. En la mañana de ayer nos despertábamos con la dimisión de la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), debido -directa o indirectamente-, al escándalo de los ERE en Andalucía y su imputación por la Audiencia Provincial de Sevilla. No obstante, este no es el único sobresalto que ha acaecido durante las últimas horas en la Comunidad andaluza.

En el marco de la Operación Cirene, la Guardia Civil detenía a 14 personas (7 de ellas en Sevilla), vinculadas con la trama de presuntas facturas falsas en Cursos de Formación del sindicato UGT Andalucía que investiga el juez Juan Jesús García Vélez. A pesar de que el magistrado no ve ninguna relación entre los dos sucesos -EREs fraudulentos y cursos-, otras formaciones ya han tomado nota y pondrán toda la carne en el asador para evitar el ascenso de esta clase de corruptelas por toda España. Y es que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

Contralando los cursos “in situ”

Es el caso del Ministerio de Fomento de Ana Pastor, que a través de la Dirección General de Transporte Terrestre viene de publicar (el pasado lunes 23 de junio), en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de adjudicación del contrato para las “inspecciones in situ de las acciones formativas” relativas al Plan de Ayudas a la Formación 2014/2015. El contrato, que inicialmente contaba con un presupuesto base de licitación de 71.810,98 euros, ha sido finalmente adjudicado por 50.215 euros (impuestos incluidos), a la Asociación Española e Normalización y Certificación (AENOR), por ser ésta la “oferta técnico-económica más ventajosa para los intereses de la Administración” de entre las 18 recibidas.

Cabe destacar, el alto nivel de la adjudicataria para controlar tal empresa. AENOR, es una entidad privada creada en 1986 cuya “actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios”. El liderazgo en su sector viene acreditado por haber recibido en 2005 la acreditación por Naciones Unidas como Entidad Operacional Designada – Protocolo de Kioto, siendo la primera entidad española en lograrlo.