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Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado de la Dirección General de Migraciones

El Ministerio de Empleo concede 7 millones para el retorno de inmigrantes tras haber financiado su integración con otros 20 millones seis meses atrás

Abril 16, 2013
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Este periódico analizaba en detalle el pasado mes de febrero las partidas destinadas al fomento de los movimientos migratorios humanos halladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. En éstos, el Gobierno reservaba un total de casi 150 millones de euros (139.115.190 euros) para financiar el caso migratorio. Por un lado, las ‘Acciones a favor de los emigrantes’ dotadas con una inversión de 76.702.340 euros y por otro ‘Acciones a favor de los inmigrantes’ que contarán con un importe de 62.412.850 euros. Sin embargo, la discordancia observada entre partidas en un sentido y el opuesto (emigración e inmigración) está llena de matices. Cinco años atrás se establecían por la Orden TAS/1043/2007, de 18 de abril, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional. El 4 de julio de 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social –a través de la Dirección General de Migraciones- incrementaba el importe de las ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes en un 22% respecto a anteriores convocatorias, pasando de los 3 millones a los 3,7 millones. Apenas dos meses más tarde -el 25 de septiembre- el BOE desvelaba el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes: un montante de más de 20 millones de euros (20.752.364,94 euros). Números, fechas y resoluciones que enmarañan sobremanera el asunto de la migración, financiando por un lado la estancia extranjera y contrafomentando, por otro, el retorno de los inmigrantes.

Precisamente, estas subvenciones para el retorno voluntario de inmigrantes las que acaban de ser publicadas por el BOE según la resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta resolución se ampara “en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” en la cual “se establece que el Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad”.

Las ayudas que parten de la Dirección General de Migraciones tienen una doble vertiente. Por un lado “personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social, o perceptoras del abono acumulado del desempleo”; por el otro “aquellas personas extranjeras que deseen complementar el retorno con un proyecto productivo empresarial, mediante la creación de una microempresa”.

Para este concepto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinará un cómputo global de 2.400.000 euros divididos entre las ayudas del propio Ministerio y aquellas cofinanciadas cofinanciadas con el Fondo Europeo para el Retorno para el periodo 2008-2013 como parte del Programa General ‘Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios’. Además, el importe máximo de las subvenciones podría rozar los 7 millones de euros debido a la “cuantía adicional de 4.500.000 euros (…) que se prevé en concepto de financiación suplementaria derivada, en su caso, de una generación o incorporación de crédito”.

Todos los gastos pagados

Unos 7 millones de euros (6,9) que serán empleados en una protección de los beneficiarios que comprenderá la financiación de los proyectos productivo y de retorno que estructuran a ambos programas objeto de las ayudas (el asistido con especial atención a personas vulnerables y el productivo). El primero de los proyectos comprende acciones como un servicio de información, apoyo y orientación psico-social para que la persona interesada pueda tomar su decisión de manera informada; información sobre el programa; selección de participantes, atendiendo a criterios de idoneidad de su perfil, así como del proyecto productivo susceptible de poner en marcha a su regreso; información actualizada sobre la realidad del país al que se quiere retornar; asesoramiento profesional especializado; seguimiento y asistencia técnica; así como una ayuda económica por proyecto productivo, cuya cuantía no superará los 5.000 euros ni será inferior a 1.000.

Por otro lado el proyecto retorno se ocupa de otras funciones como un servicio de información, apoyo y orientación psico-social para que la persona interesada pueda tomar su decisión de manera informada; diseño de un itinerario de retorno; servicio de información y orientación sobre los trámites necesarios para la obtención de la documentación necesaria; pago de tasas de visado o de obtención de los documentos de viaje imprescindibles; pago del billete de retorno a su país de procedencia desde el lugar de su domicilio en España, para el interesado, menores dependientes y sus familiares extracomunitarios hasta segundo grado de afinidad y consanguinidad; entrega de un dinero de bolsillo de 50 euros por persona hasta un máximo de 400 euros por unidad familiar; así como la gestión de una ayuda económica de 400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 euros por unidad familiar, como ayuda a su primera instalación en el país de procedencia.

Ante esta avalancha de ayudas meticulosamente cuidadas que ponen en bandeja el retorno de los inmigrantes a cambio tan sólo de cumplimentar un formulario, se deduce un supuesto interés contumaz del Gobierno en desprenderse de este grupo social. ¿Para qué por tanto, las subvenciones del área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional? ¿Para qué los más de 20 millones destinados a la inclusión de este sector si apenas 6 meses más tarde se comprometen casi 7 millones a su marcha? Mientras otros convierten el éxodo en una solución, España se empecina en convertirlo en un problema.