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Modificación de un anexo de la Ley de contratos de crédito al consumo

El Ministerio de Economía castiga a consumidores y beneficia a bancos con el cálculo de los tipos de interés de distintas operaciones

Febrero 17, 2013
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En el mes de junio  de 2011, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva Ley de contratos de crédito al consumo, la Ley 16/2011 que derogaba  la anterior  normativa vigente desde el año 1995. Esta legislación traía novedades, en un principio lógicas, ya que por ejemplo indicaba la necesidad de una evaluación previa y obligada de la solvencia del potencial cliente, añadía penalizaciones por cobros indebidos, limitaciones del interés por descubierto en cuenta, regulaba los intermediarios del crédito respecto de los consumidores, los créditos vinculados, y obligaba a tener una fórmula del cálculo de la TAE definida de forma clara y completa, que mostrara el coste total de un crédito para el consumidor. Pero también al extender esta normativa a las tarjetas de crédito (que no dejan de ser una modalidad de préstamo “preconcedido”) ha supuesto en la práctica que los bancos sean mucho más restrictivos en la concesión de préstamos y tarjetas. Los primeros, pocos y con tipos de interés disparados a pesar de que el Euribor aun año cotice en tasas alrededor del 0,60% y las segundas con un descenso de más de 4 millones de tarjetas de crédito en España desde los máximos de antes de la crisis.

Más cambios en el cálculo de los tipos de interés y mucho más

Pero esto cambios no se han quedado allí. El pasado 8 de febrero se publicaba una orden ministerial por la que se modificaba la parte II del anexo I de la Ley de contratos de crédito al consumo, unos cambios que en principio pueden parecer mínimos pero que tienen unas consecuencias mayores para los consumidores.

Estas modificaciones están basadas en supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente (la famosa TAE o coste total del préstamo) en casos que no parecen los más comunes, aunque lo son mucho más de lo que se piensa. Uno de estos supuestos establece que “si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de fondos, se considerará que el consumidor ha dispuesto del importe total del crédito inmediata y totalmente”. Este punto tiene una enorme importancia ya que se extiende a líneas de crédito y tarjetas, y supone que por ejemplo si tenemos una tarjeta de límite 3.000 euros, aunque sólo debamos 300 euros, se considera que hemos dispuesto del total. En la práctica, si vamos a pedir otro préstamo y la entidad solicita información de riesgos al Banco de España (la famosa CIRBE) aparecerá que debemos 3.000 euros cuando no es así y puede suponer la negativa a conseguir nueva financiación al aparecer una deuda que no tenemos.

Pero no es la única modificación. También añade que “si un contrato de crédito establece diferentes formas de disposición de fondos con diferentes tasas o tipos se considerará que se ha dispuesto del importe total del crédito al más alto de los tipos y con las tasas más elevadas aplicadas a la categoría de transacción más comúnmente utilizada en ese tipo de contrato de crédito” este punto agrava el anterior, ya que considera que el coste es el mayor posible, vuelve a proteger a la banca, ya que considera el “peor de los casos” para protegerla de asumir nuevos riesgos, pero a costa de imputar un coste en el que no está incurriendo el cliente.

En el mismo sentido establece que “si durante un período o por un importe limitados se proponen diferentes tipos deudores y tasas, se considerará que el tipo deudor y las tasas corresponden al tipo más alto de toda la duración del contrato de crédito” es decir se vuelve a considerar el mayor coste para el consumidor y el menor riesgo para la empresa.

Todo ello conllevará a menos préstamos, más caros y especialmente una reducción en las tarjetas de crédito, con límites más bajos y tipos más caros. Una nueva medida que vuelve a alejarnos de la reactivación del consumo.