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El juez decano de Talavera, Fernando Presencia, se querella en el Supremo contra el Presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, a quien considera la “X” del entramado de corrupción habida en los Juzgados de Talavera de la Reina

Noviembre 4, 2015

Los delitos por la que se interpone la querella son el de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del Territorio; también figuran en ella, la Magistrada Titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Toledo con sede en Talavera de la Reina, Cristina Peño Muñoz, su marido, el abogado en ejercicio Santiago Ramos Figueroa, contra el Fiscal Jefe de su Adscripción Territorial, Ángel Demetrio De la Cruz, y su mujer, María García García

Fernando Presencia, juez del juzgado de lo mercantil 2

Fernando Presencia Crespo, Magistrado-Juez decano titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina (Toledo), ha interpuesto en el día de ayer una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Vicente Rouco Rodríguez, presidente del TSJ de Castilla-La Mancha; Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Jefe de la adscripción territorial de Talavera de la Reina; María García García, esposa del anterior; Cristina Peño Muñoz, magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Toledo con sede en Talavera de la Reina; y contra el abogado Santiago Ramos Figueroa, marido de la jueza Peño Muñoz. Los delitos por la que se interpone la querella son el de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del Territorio.

La querella, ahora presentada, se basa en la denuncia interpuesta por el Juez Presencia ante la Fiscalía Anticorrupción, que dio lugar a las diligencias previas 9/2015 de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los hechos que motivan la actual querella, a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, se basan sobre todo en la decisión de Fernando Presencia de señalar -como ya hizo en la causa especial 3/2015 que se seguía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo-, a Vicente Rouco Rodríguez como la “X” del entramado de corrupción habida en el seno de los Juzgados de Talavera de la Reina. Y lo hizo mediante el escrito de recurso de súplica contra el auto definitivo dictado por el TS en aquellas actuaciones. En dicho escrito de recurso, se indicaba textualmente:

Lo denunciado ante Fiscalía Anticorrupción tiene relación con lo que es objeto de la querella cuyo archivo ahora se recurre, toda vez que el querellado Vicente Rouco ¡Sí que sabía lo que estaba pasando en los juzgados de Talavera! y no solamente eso, sino que fue él quien dio la orden a la Magistrada de lo Penal para que fuera constituida en prisión mi mujer. Prueba de ello es el hecho de que en el mes de noviembre del año pasado el querellado Vicente Rouco ordenó una visita de inspección al Juzgado Mixto nº 4 de Talavera de la Reina, curiosamente el que menos pendencia tiene de todos, y en el que casualmente se está tramitando un procedimiento penal que es secuela del “pelotazo urbanístico” ya denunciado, y que esta vez fue incoado a virtud de querella interpuesta en fecha 13/12/2013 por los actuales propietarios de las parcelas aún pendientes de construir en la urbanización “El Gran Chaparral 2ª fase”, dando lugar a las diligencias previas de ese juzgado nº 45/2014, que también curiosamente, y a pesar de la baja pendencia del juzgado que las instruye, llevan desde su incoación más de un año paralizadas por la pasividad intencionada del fiscal Ángel Demetrio, que tampoco se ha abstenido de su conocimiento. Pues bien, fue Ángel Demetrio quien comunicó personalmente a Vicente Rouco la amenaza que suponía la existencia del nuevo procedimiento penal…. y fue precisamente, a la vista del ”peligro” que les suponía la apertura de esas diligencias previas, el motivo por el que Vicente Rouco “organizó” la visita de inspección al Juzgado nº 4, que tuvo lugar en diciembre del año pasado sin que se notificara al decanato de los juzgados de Talavera, “oficiando el entierro” definitivo de esas actuaciones penales. En la comida que se celebró después ese mismo día, a la que se le prohibió acudir a mi representado, Vicente Rouco “repartió los papeles” a seguir en lo que ya se había convertido en una obsesión delirante y macabra, ordenando a Cristina Peño que “metiera” en prisión a la mujer de mi representado…”

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Copia sellada de la querella presentada

Denuncia que Rouco abusó de su cargo de presidente del TSJCM

Según declaró el Juez decano de Talavera, él siempre confiaba que Vicente Rouco no abusaría de su cargo como presidente del TSJCM, ni intentaría inmiscuirse, paralizar o entorpecer las investigaciones necesarias. “Lo que era inimaginable es lo que ocurrió después (…) donde ya en la primera providencia de la causa el propio querellado se designó él mismo como ponente, sabiendo que concurría en él causa manifiesta de abstención dado el interés directo que tenía en las actuaciones, al haber sido antes denunciado por participar y dirigir la misma trama de corrupción que ahora pretendía encubrir, convirtiéndose así en juez de su propia causa, justificando su decisión sobre la base exclusivamente de estudiar la admisión a trámite de la referida querella, que desde luego fue definitivamente inadmitida a trámite por cuestiones puramente procesales”.

Esta es la razón, según el juez Presencia, por la que nuevamente se presenta en el Tribunal Supremo la querella, “todo ello en la medida en que resulta evidentemente constitutivo de un delito de prevaricación, por parte del ahora querellado Vicente Rouco Rodríguez, el hecho de haber abusado de su condición de presidente del TSJ que había de enjuiciar el procedimiento, para erigirse él mismo en juez de su propia causa, archivando el procedimiento, lo que desde luego resulta “escandaloso” y lo aparta de la mera infracción disciplinaria para convertirse en una verdadera y propia infracción criminal… y desde luego es esperpéntica y escandalosa la actitud de quien, para evitar sus propias responsabilidades penales se erige en juez de su propia causa, y desde ese especial púlpito niega y rechaza las imputaciones formuladas en su contra, retando incluso a quienes le imputan para que lo hagan a través de la oportuna querella, solazándose en la impunidad de su propio aforamiento”.

Una trama de corrupción judicial

Tal y como se recoge expresamente en la querella, el juez Presencia indica que como consecuencia de haber sido nombrado decano de los juzgados de Talavera de la Reina, que se produjo en septiembre de 2014, tuvo conocimiento a través de las numerosas quejas verbales de profesionales y abogados de la existencia de un “entramado de corrupción” en el mismo seno de los juzgados de esa ciudad, en torno a las actuaciones siempre polémicas del fiscal jefe de esa adscripción Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tratando de encubrir su participación en los hechos delictivos que dieron lugar a las diligencias previas 334/2004, tramitadas en el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2, por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

Aquellos hechos fueron denunciados por el que entonces fuera precisamente el arquitecto municipal de la localidad de Pepino (Toledo) perteneciente al partido judicial de Talavera de la Reina, en cuyo escrito de denuncia en realidad lo que reflejaba era un pelotazo urbanístico bajo la sospecha siempre inevitable de posibles sobornos en el seno de la entonces creciente burbuja inmobiliaria.

El delito de cohecho es predicable del querellado Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, quien, en su condición de fiscal jefe de la adscripción de Talavera de la Reina admitió un soborno en forma de “promesa”, para la adquisición de la parcela que luego fue puesta a su nombre, a cambio de su participación esencial en la impunidad y viabilidad jurídica del “pelotazo urbanístico” del que, al menos parcialmente, se aprovechó”, afirma la querella ante el Supremo.

Según la citada querella, el chalet propiedad del Fiscal Jefe está construido dentro mismo del lecho fluvial, en contra de la prohibición ordenada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y además proviene del patrimonio público del suelo, con lo que tiene la obligación de sujetarse a algún tipo de régimen de protección pública. Según la querella, la vivienda de Ángel Demetrio de la Cruz tiene una superficie construida de 466 m2, lo que excede en más de un triplo la superficie construida permitida a las viviendas de protección oficial, que suele ser de 140 m2 dependiendo del régimen al que se adscriba. “Además, tuvo que construir un muro de hormigón de contención de aguas para evitar que el arroyo se introdujera en su vivienda (…) se concluye fácilmente que el querellado Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su esposa María García García incurrieron en un delito contra la ordenación del territorio”.

Testaferros en los Juzgados de Talavera

También resulta prevaricadora para el juez Presencia la actuación de la jueza Cristina Peño Muñoz, “quien sabía perfectamente y consentía que su marido, el también querellado Santiago Ramos Figueroa, siguiera actuando en los juzgados de Talavera a través de testaferros, defendiendo a imputados o a perjudicados en procedimientos abiertos en el juzgado del que ella era titular, – que a la postre es el único Juzgado de lo Penal que hay en Talavera de la Reina-, y con la connivencia de su íntimo amigo el también querellado Ángel Demetrio, y en cuyo despacho oficial se intentarían absolutamente todos estos “acuerdos”, en los que según parece “sí o sí” al final quedarían plenamente satisfechos los planteamientos procesales del referido letrado, aún cuando fuera necesario la “ayuda” de ella mediante la “correspondiente” sentencia”. Según la querella, tales hechos son además constitutivos de un delito de tráfico de influencias.

El Magistrado-Decano Fernando Presencia de nuevo se rebela y se resiste a aceptar los distintos archivos de las investigaciones sobre las denuncias de corrupción en los juzgados de Talavera de la Reina.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

 @jlgaliacho