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Quiere contar con el apoyo del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a pesar de las incongruencias del Fiscal General Torres Dulce

El juez Castro manda cribar todas las facturas de Aizoon para imputar con pruebas contundentes a la infanta Cristina por blanqueo de capitales

Octubre 15, 2013
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El juez José Castro ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial que cribe todas las facturas de ingresos y gastos de la empresa Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la infanta Cristina de Borbón, y que fue utilizada por su marido Iñaki Urdangarín para ingresar en sus cuentas parte del dinero presuntamente ilícito recibido por distintas administraciones públicas. El juez Castro busca tener pruebas contundentes con las que imputar a la hija menor del rey Juan Carlos de Borbón por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La utilización por parte de la infanta Cristina de las cuentas de la empresa Aizoon es el principal indicio contra la hija del Rey. Fue a través de esta sociedad y de sus cuentas como la infanta disponía de una Visa Oro para pagar diferentes gastos privados. Entre ellos, los diferentes apartados de restauración y mejora de su residencia de Pedralbes, como el mobiliario, los baños, la piscina y hasta los teléfonos, según las investigaciones que en estos momentos lleva la policía judicial , y que Hacienda dejó incompleta.

Blanqueo de capitales

A pesar de las últimas declaraciones de Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, y también de Miquel Roca i Junyent, letrado defensor de la infanta Cristina, todo apunta a que si se consiguen alguna prueba contundente, la hoja de ruta marcada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca es volver a imputar a la infanta Cristina, ahora no por un delito fiscal sino por blanqueo de capitales. Todo indica que la hija del Rey usó para fines particulares dinero ganado ilícitamente por la empresa Aizoon S. L. El fiscal general del Estado afirmó ayer que no hay trato de favor a la infanta y que no hay nuevos indicios que apunten a una posible responsabilidad criminal de la duquesa de Palma. Algo incongruente y banal, ya que si los hay hubiera debería ser el fiscal anticorrupción encargado del caso Noos el que debiera conocerlos y comunicarlos y no él, que está en su despacho oficial de Madrid hablando a diario con el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, gran amigo del rey Juan Carlos.

Si no hay trato discriminatorio como afirma Torres Dulce, ¿por qué se ha condenado a la cantante Isabel Pantoja a dos años de cárcel y a la ex mujer del ex alcalde de Marbella  Julián Muñoz, Maite Zaldivar, a tres años y tres meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales en el caso Malaya, muy similar al de la infanta Cristina?. Es decir, el uso del dinero presuntamente ilícito para fines particulares, cantidades monetarias recogidas por su compañero sentimental. Ya hace meses que la cantante Isabel Pantoja denunció un trato discriminatorio contra ella en referencia a la infanta Cristina al afirmar “ojala fuera yo la infanta Cristina”.

Lo que si es evidente es que la posible imputación inicial por un delito fiscal ha quedado ya cerrada para Cristina de Borbón, ante la contundencia de los informes presentados por la Agencia Tributaria, que la exoneran de toda responsabilidad de gestión del conglomerado de asociaciones, fundaciones y empresas creadas por su marido Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres para obtener los mayores ingresos posibles. Pero donde Castro sí parece haber encontrado ya indicios es respecto a la posible comisión por la Infanta de un presunto delito de blanqueo de capitales.

A la espera de un informe policial

Según las investigaciones, a las que falta por añadir todavía un vital informe policial, la duquesa de Palma era presuntamente conocedora de que los ingresos de Aizoon provenientes de las instituciones públicas eran de origen ilícito, y que una vez ingresado en las cuentas de Aizoon se usó para sus gastos particulares bien a través de su tarjeta Visa o con otros diferentes medios de pago. Así se abonó la reforma y equipamiento de su palacete de Pedralbes, además de comuniones, fiestas familiares, entrenadores personales, vajillas, cuadros, relojes, regalos, guardamuebles, viajes privados, teléfonos, una furgoneta familiar Mercedes, material escolar, el peaje de autopistas, restaurantes, flores, ropa infantil, carpas, etcétera.

El juez José Castro quiere contar en esta ocasión con el apoyo del fiscal anticorrupción de Mallorca Pedro Horrach, a pesar de las incongruencias emitidas por el Fiscal General Eduardo Torres Dulce estos últimos días, exculpando de todo a la infanta y adjudicándole de esta manera un trato de favor, que no tuvieron ni la tonadillera Isabel Pantoja ni la esposa “maltratada” Maite Záldivar en el procedimiento del caso Malaya, donde ambas fueron condenadas sin dudarlo por un delito de blanqueo de capitales.

Se espera que este mes de octubre ya estén los últimos informes solicitados. Una vez recibidos, el juez Castro decidirá si cita como imputada a la Infanta. Quiere que en esta segunda ocasión nadie le eche para atrás su decisión judicial, por lo que pretende que esté muy bien armada. Castro busca documentar con contundencia los indicios que ya tiene en su mesa sobre un posible delito de blanqueo de capitales. Por ello espera a recibir los tres informes de los inspectores de la Agencia Tributaria sobre valoraciones de las compras, inversiones y gastos domésticos en relación a los fondos provenientes de la sociedad Aizoon. Y, además, espera el del Grupo de Delincuencia Económica sobre la criba minuciosa de las facturas de la reforma del palacete de Pedralbes pagado en su gran mayoría por fondos de Aizoon (tres millones de euros a añadir a los seis que pagaron por esta mansión).

Una vez recibido estos informes, el juez dará traslado del resultado a todas las partes para valoren e informen. Primero lo hará al fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en principio rechazó —con el posterior apoyo de la Audiencia Provincial de Mallorca— la primera imputación de la Infanta en abril pasado, pero que ahora Castro quiere contar con su apoyo a la luz de los nuevos informes policiales y de Hacienda aportados tras la única iniciativa del juez. Luego serán los abogados de la Infanta, los letrados Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord, quienes den su versión. También se pedirá el visto bueno de la abogacía del Estado y del Gobierno Balear, así como el de las otras acusaciones, como Manos Limpias, que ya ha denunciado un trato de favor a la infanta Cristina en el caso Noos.

Juan Luis Galiacho