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Durante el ejercicio 2008, estando el socialista José María Barreda en el poder

El “Informe de contratación de la Junta de Castilla-La Mancha” desvela licitaciones temerarias y concursos adulterados en la cartera de Agricultura

Enero 1, 2013
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El departamento de Agricultura de Castilla-La Mancha, encabezado por María Luisa Soriano, ha sido sacudido por la sombra del fraude. El mismo día -16 de diciembre- que la consejera realizaba unas declaraciones en las que ensalzaba el sector como piedra angular de la economía manchega: “nuestras cooperativas e industrias agroalimentarias constituyen una extraordinaria plataforma sobre la que edificar el presente y el futuro de nuestra región”, tres funcionarios de la Junta eran detenidos por la Guardia Civil. Sobre sus cabezas pesaban presuntamente delitos de soborno y cohecho relativos a operaciones relacionadas con los cotos de caza de la provincia de Guadalajara. Los tres imputados “se dedicaban, a cambio de dinero, a falsear documentación y expedientes en beneficio de quienes les sobornaban”. La propia Guardia Civil no descartaba que se pudieran producir más detenciones en el desmantelamiento de esta trama de corrupción.

Parece ser que una de las mayores preocupaciones que inquietaba a los responsables de la cartera de Agricultura tomaba cuerpo en los robos perpetrados en las explotaciones agrarias que incluso llevó a la presidenta, María Dolores de Cospedal, a solicitar al Gobierno una reforma del Código Penal que se hizo efectiva en octubre con penas de hasta 4 años para aquellos delincuentes con reincidencia en los robos en el campo. ¿Pero qué ocurre cuando estos robos se cometen desde dentro? ¿Cómo se lucha contra la corrupción y el lucro ilícito cuando se acometen prácticas similares desde el centro neurálgico del sistema?

 
Procesos irregulares

El “Informe definitivo de análisis de la contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos” correspondiente al año 2008 –presidencia de José María Barreda– al que extraconfidencial.com ha hecho referencia en anteriores ediciones, también deja entrever errores de bulto en la administración de los servicios –contratados y prestados- del departamento de Agricultura.

En concreto llama la atención como para la adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión en el centro agrario de Marchamalo (Guadalajara), “la mesa ha hecho los cálculos de presunción de temeridad en base a la media aritmética del porcentaje de baja de las cuatro ofertas presentadas, cuando en el artículo 85 del Reglamento lo que se indica es la media aritmética de las ofertas presentadas. Por el resultado final obtenido mediante este cálculo se adjudicó el contrato a un licitador incurso en temeridad”. En el mismo acuerdo “no consta la acreditación del justificante del seguro de responsabilidad civil previsto en el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)”.

En el expediente para la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de la Campaña contra la Mosca Olivo en Albacete se contemplan evidentes irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato. “La justificación del procedimiento y la utilización del concurso como forma de adjudicación es insuficiente, dado que se establece de forma genérica que el precio no es el único factor determinante de la adjudicación”. Según el TRLCAP -Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- “el órgano de contratación debe demostrar en todo caso que el precio no es el único factor, así como acreditar el resto de los factores que van a tomarse en consideración”.

En el resto de contratos para su fiscalización a los que se hace referencia en el dossier, destaca en su gran mayoría la inexistencia del “informe jurídico previo a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” o la alarmante anomalía por la que “los folios del Cuadro de Características del PCAP no figuran ni informados ni sellados o rubricados por ningún servicio ni órgano administrativo”. En otros dos expedientes “la aprobación del gasto no indica la partida presupuestaria a la que se imputa”.   

Jesús Prieto