Menú Portada
LA JUNTA DE EXTREMADURA, EN LA PICOTA (III)
Se admitieron garantías inferiores a las que hubieran sido procedentes

El Gobierno extremeño adjudicó irregularmente contratos de transporte escolar por un valor de 3.748.608 euros

Marzo 10, 2011

Las 42 adjudicaciones fueron firmadas el mismo día, un 8 de septiembre, curiosamente festivo en Extremadura

Asimismo, estos contratos fueron indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas y todos ellos fueron resueltos durante la ejecución


Si en ediciones anteriores informábamos del gasto en fundaciones públicas extremeñas, con planes de saneamiento incluidos, la mala gestión de la Junta según el Tribunal de Cuentas también alcanza a la hora de contratación, con un ejemplo claro en el transporte escolar.

En cuarenta y dos expedientes de contratos de transporte escolar, adjudicados por un importe total de 3.748.608 euros, fueron calificados y tramitados como contratos administrativos especiales y adjudicados el mismo día, el 8 de septiembre de 2004, curiosamente día festivo en la comunidad extremeña,  mediante procedimientos negociados sin publicidad ni promoción de concurrencia mínima de ofertas con invocación del supuesto previsto en el apartado d) del artículo 159.2 del TRLCAP, referente a los contratos de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 30.050,61 euros y su plazo de duración inferior a cinco años.

Adjudicaciones a dedo, sin publicidad ni concurrencia

En estos contratos, se observa toda una serie de irregularidades:

Indebida calificación y tramitación de los mismos como contratos administrativos especiales ya que tuvieron por objeto prestaciones que son propias de los contratos de servicios y, concretamente, de servicios de transporte complementario y auxiliar, expresamente previstos en el apartado 20 del artículo 206 del TRLCAP. Como consecuencia de esta irregularidad, no se exigieron las preceptivas clasificaciones a los contratistas.

Improcedente aplicación del supuesto legal invocado para la adjudicación de estos contratos mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas ya que su objeto no se corresponde con el de los contratos de gestión de servicios públicos sino con el de los contratos de servicios. A estos efectos, tampoco resultaría procedente la utilización de este procedimiento al amparo del supuesto análogo, establecido para los contratos de servicios  de presupuesto inferior a 30.050,61 euros ya que todos estos contratos fueron adjudicados con precios superiores a dicha cuantía.

Ni siquiera en el caso de que los importes de cada uno de los contratos resultara inferior a la misma, sería aceptable el procedimiento negociado sin publicidad porque la absoluta simultaneidad en la tramitación de los expedientes y la identidad de sus objetos ponen de manifiesto un fraccionamiento que no se ha justificado.

A todo esto tan sólo se le pidió una garantía del 1% del importe adjudicado, frente al 4% que es lo procedente en este tipo de contratos.

Burdo intento de justificar la irregularidad

Pero lo curioso es que vista esta enorme irregularidad, la Junta de Extremadura intentó enmendarla de forma “kafkiana”, con el supuesto envío de unas cartas solicitando ofertas a otras empresas.

Así, con las alegaciones del Tribunal, presentaron sesenta escritos carentes de registro de salida, en los que se solicitan ofertas para la contratación del servicio de transporte escolar pero sin especificarse en dichos escritos las rutas a que se refieren ni, por tanto, los concretos procedimientos negociados a que afectan aunque en los mismos se alude a unas relaciones de rutas adjuntas que no aportaron al Tribunal de Cuentas.

Además, treinta y uno de dichos escritos están fechados con posterioridad a la fecha de adjudicación de los contratos, lo que implica una nueva irregularidad ya que la promoción de concurrencia ha de realizarse antes y no después de la adjudicación.

Solamente con respecto a un contrato, se aportaron escritos correctamente referenciados y registrados de salida aunque están fechados el 21 de diciembre de 2004, después de haberse adjudicado el contrato.

El resultado de la adjudicación fue un desastre, teniendo que anularse tres contratos por la falta de infraestructura y material, otros ocho por la renuncia de la empresa o incluso uno porque ciertos autobuses no tenían la capacidad suficiente para trasladar a los alumnos.

En estos casos, cando la causa de resolución es imputable al contratista, el artículo 113.4 de la LCAP dispone que “le será incautada la garantía y deberá, además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada” sin que, en estos casos, sea procedente la resolución del mutuo acuerdo por prohibirlo, expresamente, el aparta-do 4 del artículo 112 del TRLCAP. Pues bien, en ningún caso constan estas actuaciones, con los consiguientes perjuicios para la Administración, ya que en todos los expedientes y con independencia de sus causas se consideró por la Administración que éstas no eran imputables a los contratistas.

Todo un chollo negociar con la Junta de Extremadura, no hace falta concursos, infraestructura, las garantías por debajo de la Ley y en caso de incumplimiento no hay ni penalización.