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Dos contratos que suman más de 160.000 euros anuales

El Gobierno español prescinde del Tribunal de Cuentas y adjudica a la iniciativa privada las auditorías del Instituto de Crédito Oficial y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para los próximos dos años

Febrero 3, 2015

El TC  presidido por Ramón Álvarez de Miranda García “es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público”
Ernst&Young -multinacional extranjera que también se ocupará de la OPV de AENA-, examinará al ICO, dirigido por Irene Garrido Valenzuela, por 95.590 euros
Gesem Auditores y Consultores, S.L.P. se encargará de las cuentas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que actualmente dirige Jaime Sánchez Revenga por 65.880 euros


La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (TC), presidido actualmente por Ramón Álvarez de Miranda García, lo expone bien claro. Su artículo primero reza que “el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica”. Y es que la Constitución de 1978, le atribuye al organismo la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Es, sin duda alguna, el encargado de ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos.

Pero, ¿qué uso se hace realmente del Tribunal de Cuentas? ¿Cumple el Estado con las funciones fiscalizadoras que tiene asumidas el citado órgano? A la vista de una de las últimas adjudicaciones que se puede observar en la Plataforma de Contratación del Estado, la respuesta a estas preguntas es negativa.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro se gastará más de 150.000 euros anuales en los próximos dos ejercicios para realizar las auditorías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El quid de la cuestión reside en que ese montante no será el destinado por el Estado para ejecutar las fiscalizaciones con sus propios medios, sino que será concedido a empresas privadas para elaborar las mismas.

El ICO, examinado por una multinacional anglosajona

El primero de los contratos tiene como objeto la “auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas del Instituto de Crédito Oficial”. El Banco público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos y presidido desde el pasado verano por Irene Garrido Valenzuela ya no es lo que era. Para 2015 las concesiones de crédito se han reducido en 14.000 millones de euros; o lo que es lo mismo, un 34,8% con respecto a 2014.

La multinacional anglosajona (repartida entre Estados Unidos y Reino Unido), Ernst&Young ha sido beneficiada con este contrato establecido en 95.590 euros por dos años y parece que mucho ha de examinar para realizar la auditoría del ICO, viendo los recientes números de la entidad.

No es la primera vez que el Gobierno español confía en la firma extranjera de servicios financieros para realizar sus exámenes económicos. Hace menos de un mes, el Ministerio de Economía anunciaba que Ernst &Young sería finalmente la adjudicataria de AENA para llevar a cabo la auditoría de la Oferta Pública de Venta (OPV), como requisito indispensable para que el operador salga a bolsa antes del próximo 12 de febrero. 

Dos irregularidades -una legal y la otra moral-, se infringen aquí. Por un lado, está la financiación de la iniciativa privada para realizar una función que tiene asignada constitucionalmente. Por el otro, (y heredado del primero), la adjudicación del contrato a una compañía no nacional y, por lo tanto, la fuga de capital público al extranjero en lugar de fomentar -al menos-, el sector privado español.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que dirige Jaime Sánchez Revenga, también goza aquí de su acuerdo para la realización de su “auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas”. El contrato ha sido adjudicado a la asesoría fiscal valenciana Gesem Auditores y Consultores, S.L.P. El importe se ha cerrado en 65.880 euros, también por dos años.

La conclusión es desalentadora. Desgraciadamente se repite una historia que ya chirría en España. Dinero de todos a empresas privadas por unas funciones que pueden realizar perfectamente personal funcionario al cual también se remunera con los impuestos de todos los ciudadanos. El resultado final, más asfixia para el pueblo.