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Tras los 150 millones recogidos en los Presupuestos Generales del Estado en 2013

El Gobierno destina 6 millones de euros por tramitación urgente para vigilar a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla

Mayo 27, 2013

Eulen Seguridad es una de las empresas adjudicatarias, a la que el Partido Popular de Galicia ya aportó 1,4 millones de euros a través de nueve contratos

La otra empresa beneficiaria, Serramar Vigilancia y Seguridad, ha perdido casi 7 millones de facturación desde 2008

A pesar de los cientos de millones destinados, el Gobierno no logra encauzar la situación. En 2012 habrían muerto 225 personas intentando llegar a España

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Una y otra vez el mismo problema. El Gobierno español parece decidido a darse de bruces reiteradamente contra la pared de la migración, esa que tantas veces los foráneos intentan sortear para enfrentarse a una realidad que creían de color de rosa. Y es que a día de hoy, España ya no es lo que era. El tiempo que vivimos se sitúa a años luz de un pasado más lustroso, seguramente por la necedad con la que se gestionan los fondos públicos, muchos de ellos destinados de modo descontrolado a los movimientos migratorios.

Tras los 150 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, y un sinfín de subvenciones en pro de dos perfiles antitéticos de la inmigración: por un lado su inserción laboral y por el otro el retorno a sus países de origen, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez, adjudicaba en el mes de abril el servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla. Un contrato para cada una de las Ciudades Autónomas – una suma que ronda los 6 millones-, para un plazo de ejecución de 25 meses y que fue asignado por tramitación urgente.

6 millones de euros por la vía rápida. ¿A quién? Las empresas adjudicatarias también tienen algo que decir en el entuerto. La primera de ellas, Eulen Seguridad S.A. parece mantener muy buena relación con el Partido Popular, y en alguna Comunidad Autónoma en particular. A pesar de ello, el derrotero de la empresa no habría ido por buen camino cerrando el año 2011 con un balance negativo de más de un millón de euros, algo que no importó al Partido Popular para volver a confiar en la empresa de vigilancia y protección de bienes con un contrato cercano a los 3 millones de euros (2.939.021 euros).

La otra adjudicataria, Serramar Vigilancia y Seguridad S.L. se lleva un contrato que linda los 2,3 millones (2.285.013 euros). Una empresa gaditana centrada en la vigilancia y protección de bienes, establecimientos espectáculos, certámenes o convenciones que según INFORMA D&B habría presentado incorrectamente sus estados contables. Además, la sociedad vive una situación decadente, con el descenso de casi 7 millones de euros en su facturación desde 2008.

El pozo sin fondo de las migraciones

El 31 de enero de este curso la Dirección General de Migraciones publicaba en el BOE las subvenciones otorgadas durante el cuarto trimestre de 2012. Por un lado, entre julio y diciembre de 2012 Migraciones convocó subvenciones por valor de más de 30 millones a políticas de inclusión y apoyo al bienestar de los inmigrantes en suelo español. Resulta chocante que, en la misma resolución aparezcan también dos convocatorias de ayudas destinadas a paliar la vulnerabilidad de los inmigrantes, pero enfocadas desde la otra orilla: promocionando el retorno a sus países de origen. En concreto hablamos de la resolución de 4 de julio de 2012 por la que se convocaban subvenciones para programas de retorno voluntario por un importe total próximo a los 4 millones de euros, que se sumarían a otra línea de financiación publicada en el BOE el pasado 1 de abril, por la que el Gobierno dispondría de otros 7 millones de euros. El mismo día, el BOE publicaba a renglón seguido de las ayudas para el retorno de inmigrantes, otra batería de subvenciones de 630.000 euros para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral.

Una tendencia que continúa el tortuoso rumbo de las ayudas a los movimientos migratorios desde que se dieron a conocer los Presupuestos Generales del Estado para 2013. En éstos, el Gobierno reservaba un total de casi 150 millones de euros para financiar el caso migratorio. De ellos, más de 76 euros en acciones ‘a favor de los emigrantes’ y más de 62 ‘a favor de los inmigrantes’.

Partidas y más partidas que se van al limbo de la incongruencia sin conseguir ningún logro reseñable. El problema del gobierno para encauzar el tema de la inmigración comienza a tener aspecto necrosado, sobre todo a la vista de los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que sitúan el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España a lo largo de 2012 en 225 y en claro aumento.