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El presidente y los dos vocales que gestionan cada urna cobrarán 62,61 euros

El Gobierno destina 10 millones de euros para el pago de dietas a los miembros de las mesas electorales del próximo 25 de mayo

Mayo 21, 2014

Serán algo más de 148.000 personas las que reciban el próximo domingo esta remuneración
La contratación de una empresa de seguridad para repartir estos fondos no es una decisión política, es una decisión técnica que adopta el secretario general de cada Delegación del Gobierno
Los 18 millones para el escrutinio de estas elecciones presupuestados por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contrastan con los 12 millones gastados en el año 2009 cuando el titular de este departamento era Alfredo Pérez Rubalcaba


Si ya las elecciones europeas tenían un tirón insignificante, al menos en España, el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco -acribillada a tiros en plena calle-, parece haber acabado por enterrar el poco ánimo que suscitaba la llamada a las urnas del viejo continente. No sólo los partidos políticos españoles –EH Bildu, excepción que confirma la regla-, suspendieron sus actos de campaña sino que el debate entre los cabeza de filas del bipartidismo nacional (PP y PSOE), o lo que es lo mismo, Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, fue aplazado de un día para otro. Circunstancias todas, que se suman a una indolencia suprema del ciudadano con respecto a las elecciones del 25 de mayo. Lo cierto es que como revelaba una encuesta del CIS a principios de mes, solo el 17% de los españoles sabe que el 25M hay una cita con las urnas.      

A pesar de ello, y tras las últimas adjudicaciones del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para tener todos los cabos amarrados con vista a las elecciones del 25 de mayo, el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy destina un total cercano a los 10 millones de euros (9.287.254,35 euros), para costear el pago de las dietas a los miembros de las mesas electorales que prestarán sus servicios a la Comunidad Europea el próximo domingo. El importe global se obtiene de la suma de las dietas a sufragar en las diferentes provincias españolas, con diferencias abrumadoras dado el reparto desigual del censo y de los colegios y mesas electorales. Por un lado, las provincias de Madrid y Barcelona se llevan la palma con 1.064.808,27 euros la primera y 919.427,85 euros la segunda. Entre las dos rozan los dos millones de euros que representa el 21,36% del total. Valencia les sigue de cerca con 527.990,13 euros, y Alicante, donde además existe un importante censo de ciudadanos de la Unión Europea con derecho a voto, con 409.093,74 euros. Montantes, todos ellos, que distan mucho de los humildes presupuestos que presentan ciudades como Ceuta (14.275,08 euros) o Melilla (13.148,10 euros).

Gestión del efectivo

Esta diferencia se percibe claramente observando el tamaño del censo electoral.  Madrid dispondrá de 5.669 mesas con 17.007 componentes, mientras que Melilla desplegará tan solo 70 mesas en las que se distribuirán 210 integrantes. En total, en España el día 25, 148.335 personas velarán por el desarrollo de las Elecciones al Parlamento Europeo repartidas en  49.445 mesas electorales. Por norma general, cada mesa cuenta con 3 miembros, presidente y 2 vocales    

Los 1.064.808,27 euros que la Comunidad de Madrid pagará a los miembros de las mesas electorales (resultantes de los 62,61 euros pagados por cada dieta), representan una cantidad lo suficientemente elevada para que una empresa de seguridad privada se haga cargo de la gestión de su pago.

De este modo, la Delegación del Gobierno de Madrid de Cristina Cifuentes ha adjudicado recientemente el contrato para el “servicio pago de dietas a los miembros de las mesas electorales en las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. La empresa beneficiaria, Prosegur España S.L., es una “compañía multinacional que ofrece soluciones de seguridad globales e integrales” en diversos ámbitos como vigilancia, logística de valores y gestión de efectivo, tecnología y alarmas. Sus 35 años de experiencia y su presencia en cuatro continentes han sido suficiente crédito para que la Delegación del Gobierno de Madrid le conceda alrededor de 35.000 euros (34.908,5 euros) por el servicio de pago de dietas a todos los componentes de la mesa electoral. Desde la Delegación han asegurado que éste se trata de un procedimiento normal y que se realiza “un contrato similar en cada proceso electoral”.

La justificación de la adjudicación descansa para el departamento de Cifuentes en la “gestión de efectivo” que hace Prosegur, ya que “el objeto del contrato es pagar en efectivo individualmente a los miembros de las mesas electorales el mismo día de la jornada electoral, con lo que hay que llevar el dinero a los distintos colegios, y el transporte de monedas y billetes es uno de los supuestos que el artículo 1 del Reglamento de Seguridad Privada admite que sea prestado por empresas de seguridad privada”.

 
Fotocopiadoras, urnas y cabinas por 800.000 euros

Pero no es este el único gasto que se agrega bajo el epígrafe de las elecciones europeas. En concreto, 765.039,72 euros es el importe exacto que distintos departamentos pertenecientes al Gobierno Central se han dejado para guarnecer a sus colegios electorales de suficiente material  que sostenga las elecciones europeas del 25 mayo. Por un lado, la Delegación del Gobierno en Madrid de Cristina Cifuentes no ha dedicado solamente su presupuesto a pagar dietas, sino que también ha desembolsado 10 millones de las antiguas pesetas (58.854,53 euros) para asegurar el “arrendamiento de máquinas de reprografía y comunicación, así como del suministro de los consumibles necesarios para su funcionamiento en las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. El pasado 30 de abril, se adjudicaba el convenio a Copiadoras Innovadas S.A. con un importe de 0 euros que se establecería finalmente “en función de la cuantía”.

Por otro lado, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz -a través de la Dirección General de Política Interior-, se ha gastado en marzo unos 700.000 euros en urnas y cabinas. En primera instancia, fue el contrato para la “adquisición y distribución de diverso material electoral con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014: urnas electores” que fue otorgado a Plasty S.A. por un total de 120.516 euros. Tan sólo 6 días más tarde se adjudicaba el acuerdo para la “adquisición y distribución de diverso material electoral con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014: cabinas electorales y soportes señalizadores de locales y mesas electorales”. En total, más de medio millón de euros (550.669,19 euros) que favorecía de pleno a la empresa valenciana Don Hierro S.L. proceder, no fue el más correcto, ya que también aquí se optó por un proceso de licitación “negociado sin publicidad”.

18 millones para el escrutinio

Estas cuatro no son las únicas acciones que desde el Ministerio del Interior se han llevado a cabo para posibilitar la realización de las elecciones europeas en España. El Ministerio del Interior sacaba a licitación en noviembre del año pasado el contrato para las “actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. Un contrato que se encargará, en detalle, de satisfacer los “servicios de escrutinio provisional y otros servicios adicionales, así como los sistemas de comunicaciones necesarios para la realización de todas las actuaciones que se indican en el PPT con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. El importe presupuestado para este contrato serán más de 18 millones de euros -18.150.000 euros exactamente-.

El dato más escabroso surge al comparar estos 18 millones presupuestados en 2013 con el gasto de 2009 (alrededor de 12 millones), cuando el máximo responsable de Interior en dicho ejercicio era Alfredo Pérez Rubalcaba. Un diferencial de más de 6 millones de euros para el mismo servicio, cinco años después. Pocas justificaciones parecen lógicas para explicar un aumento de más del 50% en la licitación de un mismo servicio, cinco años más tarde y en el contexto de una recesión abrumadora.