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Mientras la Justicia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llama a declarar como imputado a Leo Messi y a su padre Jorge Horacio por tres delitos contra Hacienda Pública

El Gobierno de Rajoy permite a los árbitros de fútbol que no coticen a la Seguridad Social por el ejercicio de su labor de juez en sus partidos

Junio 21, 2013

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Un árbitro de la Liga de Futbol Profesional es un privilegiado que cobra en España en torno a 200.000 euros anuales, al margen de sus ingresos por partidos internacionales y amistosos, y de sus ingresos por el ejercicio de sus profesiones fuera del ámbito futbolístico
Nadie entiende como el Gobierno de Rajoy, que exige a las empleadas del hogar darse de alta en la Seguridad Social, no quiere tomar medias restrictivas con el mundo del fútbol con más de 16 millones de euros de débito a la Seguridad Social y más de 750 millones de euros a Hacienda
Extraconfidencial.com se ha puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para conocer la remuneración actual de los árbitros profesionales sin obtener ninguna respuesta

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La noticia jurídico-deportiva, ya esperada, saltaba por fin ante la opinión pública: el Juzgado de Gavá (Barcelona) llama a declarar como imputado al jugador del FC Barcelona Leo Messi y a su padre, Jorge Horacio, el próximo 17 de septiembre después de aceptar la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades cometidas en torno a los derechos de imagen del jugador durante los años 2007, 2008 y 2009. Se trata de tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública causados por la conducta presuntamente delictiva del jugador blaugrana. Ahora Messi y su padre deberán aclarar ante el juez si con la finalidad de burlar esa obligada tributación, ocultaron presuntamente a Hacienda estos millonarios ingresos simulando la cesión de los derechos de imagen a “sociedades puramente instrumentales radicadas en paraísos fiscales” como Belice, Uruguay, Reino Unido o Suiza.

Pero paralelamente a esta actuación de gran calado social, el Gobierno de Mariano Rajoy permite a los árbitros de fútbol que no coticen a la Seguridad Social por el ejercicio de su labor de juez en sus partidos. Nadie entiende como el Gobierno del PP, que exige medias restrictivas a todos los españoles y que exige a las empleadas del hogar darse de alta en la Seguridad Social por sus horas de trabajo, no quiere tomar medias restrictivas con el mundo del fútbol, un gremio que debe más de 16 millones de euros a la Seguridad Social y más de 750 millones de euros a Hacienda.

Sólo en mayo de 2013, antes de cerrar oficialmente este campeonato con los agujeros negros que vendrán, la deuda de los clubes de fútbol de Primera y Segunda división (Liga de Fútbol Profesional) con la Seguridad Social se había incrementado en un 60% en los últimos 15 meses y medio, pasando de 10,6 a 16.6 millones de euros, según reconoció el Gobierno de Rajoy en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Manuel Pezzi. A esta ingente deuda se añadiría además el agujero que mantienen con la Agencia Tributaria que se cifra en más 750 millones de euros.

Excusas para no cotizar

La principal excusa por la que el Gobierno del PP permite a los árbitros de fútbol de Primera y Segunda División, que cobran en torno a los 200.000 euros anuales, la no cotización a la Seguridad Social radica en que la jurisprudencia mayoritaria ha determinado que estas relaciones “profesionales” deben presidirse por las normas administrativas propias de cada disciplina. Ahora bien, han sido muchas las acciones judiciales presentadas por parte de determinados jueces y árbitros a los que la Federación Española de Fútbol y el Colegio de Árbitros ha ninguneado ante la jurisdicción social tendentes a que se reconociera la relación laboral que les ha unido a su respectiva Federación. En poder de Extraconfidencial.com  obran, por ejemplo, la de dos árbitros de fútbol que pitaron en la primera división española, Gonzalo Panadero Martínez y Rafael Hernanz Angulo, éste fallecido hace un año con tan sólo 45 años.

Esta situación de caos jurídico reinante, donde los tribunales laborales y contencioso-administrativos se declaran incompetentes al no haber legislación ni jurisprudencia vigente al respecto, debería abocar a una reflexión en el seno del Gobierno del PP y en las distintas federaciones que, de una manera u otra, se sirven de estos profesionales para poder celebrar las pruebas y competiciones que tienen asignadas. Según afirman los expertos consultados, “los árbitros o jueces deportivos ejercen una actividad que debe encuadrarse en el ámbito de las relaciones laborales, y no por lo establecido en las normas administrativas de cada federación”.

Según ha publicado la responsable del Departamento de Laboral de la firma Lagasca & Bravo Abogados, Estela Olmedo Salinas: “a  este respecto las opciones que cabe barajar son las siguientes: trabajador por cuenta ajena incluido en el régimen laboral general, trabajador autónomo, o trabajador por cuenta ajena sometido al régimen laboral especial de los deportistas profesionales. Descartada queda la opción de trabajador autónomo, toda vez que los árbitros realizan una actividad profesional que en ningún caso puede quedar fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, dado que se encuentran sometidos a las normas y directrices de su propia Federación y de su disciplina. Se ha discutido también sobre la inclusión del arbitraje en el régimen laboral general, y aunque pudiera admitirse tal postura considero que el arbitraje presenta unas peculiaridades propias (tales como el lugar donde se desarrolla o el tipo de jornada al que están sometidos) que hacen preferible hablar del régimen laboral especial de los deportistas profesionales, a que se refiere el artículo 2.1.d) del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio)”.

De nuevo la excusa para que los árbitros no coticen a la Seguridad Social por el ejercicio de su labor radica en la idea de que las retribuciones obtenidas no son consideradas como un salario, ya que se entiende que el pago por arbitrar es una cantidad exigua, sólo compensatoria de los gastos y suplidos en los que pueda incurrir un juez o árbitro en el desarrollo de sus funciones. Pero estop es una falsedad, ya que las cifras que se barajan en el arbitraje profesional son, en muchas ocasiones, muy superiores a la retribución media obtenida por los trabajadores en España. Basta recordar que un árbitro de fútbol de Primera División percibe en torno a los 200.000 euros anuales, sumando el sueldo fijo, el pago por partido dirigido, las dietas y otros extras. Una cantidad superior incluso al salario que percibe hasta el propio presidente del Gobierno de España.

Sueldos, dietas y desplazamientos

En la actualidad, el pago de los emolumentos a los árbitros de fútbol españoles de Primera y Segunda División le cuesta a la Liga de Fútbol Profesional unos 15 millones de euros, según publicó Diario Gol. Este organismo profesional destina el 19% de su presupuesto (unos 80 millones de euros) a satisfacer al colectivo arbitral. La LFP recauda los salarios de los árbitros a través de los clubes y los deposita en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).  Y este ente los gestiona y los reparte entre los 20 árbitros de Primera y los 22 de Segunda, además de hacerlo entre los asistentes y los cuartos árbitros de las dos categorías. En los gastos se incluyen los sueldos, las dietas y los desplazamientos y se contabilizan los pagos de los partidos que dirigen en la Copa del Rey. Los colegiados están obligados a dormir en el lugar en el que dirigirán el partido y viajan en primera clase. Extraconfidencial.com se ha puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para conocer la remuneración actual de los árbitros profesionales sin obtener ninguna respuesta


Pero, además, se da el caso de que lamayoría de los colegiados de Primera y Segunda ejerce una profesión fuera del ámbito futbolístico. Son, como se dice popularmente, unos pluriempleados. Entre las profesiones de los árbitros se encuentran las de funcionario (González González), administrador de empresa (Hernández Hernández), profesor de educación física (Iglesias Villanueva), economista (Muñiz Fernández), delegado comercial (Pérez Lasa), visitador médico (Teixeira Vitienes, F.), gerente (Teixeira Vitienes, J.A.), subdirector de bienestar social (Undiano Mallenco), revisor (Álvarez Izquierdo) y agente de seguros (Delgado Ferreiro). Al contrario, hay pocos muy casos de árbitros que sólo vivan del fútbol como Velasco Carballo o Mateu Lahoz. La única contra es que su edad de “jubilación” se establece en 45 años.

Quiere esto decir que, por lo general, los árbitros españoles de fútbol son unos privilegiados por su sueldo y por no tener que cotizar a la Seguridad Social por su ejercicio de arbitrar. Y máxime teniendo en cuenta las restricciones económicas que están sufriendo todos los trabajadores en los últimos años. Unas cifras que solo se superan en Europa por los colegiados de la liga inglesa, la Premier League, que sí son profesionales. En Inglaterra, sólo el sueldo mensual alcanza los 24.000 euros al mes. El resto de Ligas europeas pagan muy por debajo de la española. Además, todas estas cifras no incluyen los arbitrajes internacionales, que aumentan considerablemente los ingresos de aquellos que son designados por la Federación Española de Fútbol para dirigir los partidos que organizan la UEFA y la FIFA, que pueden llegar hasta los 50.000 euros de plus. Quizá por eso el número de árbitros ha aumentado en España en estos últimos años más de un 30%, con un incremento entre los inmigrantes.

Las voces de algunos expertos en materia tributaria ya se alzan para que de una vez por toda el Gobierno de Rajoy considere a los árbitros como deportistas profesionales y se les pueda aplicar el RD 287/2003. Y ya a partir de ese momento cada Federación sería quien asumiera las obligaciones propias del empresario en materia de Seguridad Social, al tratarse ya de asalariados suyos. Pero eso significaría revolucionar el mundo millonario y pleno de intereses del balompié. Y el Gobierno del PP, ni el del PSOE en su día, quieren buscarse problemas con el opio del pueblo español: el fútbol. Eso sí, para el resto de los sufridos trabajadores: las restricciones y el pago obligatorio la Seguridad Social.

Juan Luis Galiacho