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La "puerta giratoria" para salir de la Administración funciona a todo gas antes de las elecciones generales

El Gobierno de Mariano Rajoy “compatibilizó” a casi 90 altos cargos para que pudieran irse a la empresa privada

Junio 24, 2015

Esa “compatibilidad” quiere decir que pueden ejercer legalmente en empresas privadas que, en muchos casos, hacen grandes negocios con las Administraciones Públicas
El caso más concreto es el del teniente general Fernando Sacristán Ruano, que en 2011 fue nombrado Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Cesó el 2 de agosto de 2014, pero el 9 de enero pasado el Gobierno le compatibilizó para ostentar cargos en tres empresas relacionadas con la defensa: Tecnobit, Bess-Beyond Soluciones y Servicios SA y la suya propia, Hornet Consulting
Su función primordial es la de ejercer como asesores, o más directamente como “conseguidores”: se trata de aprovechar su enorme experiencia y contactos con el Ejecutivo o con la judicatura
Y desde mediados de 2014, 15 ex altos cargos de la Administración del Estado o de la Autonómica la han conseguido y tienen permiso para saltarse el periodo, de al menos dos años, para poder ejercer en sectores privados que contraten con la Administración. De esos 15, cinco han fichado por grandes bufetes, según se refleja en el listado de Autorizaciones de Compatibilidad para actividad privada de puestos incluidos en la ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses.


No importa el color del gobierno ni sus promesas regeneracionistas: la ‘puerta giratoria’ para que los altos cargos dejen la Administración y se pasen a la empresa privada funciona a todo gas. Desde la llegada del PP al gobierno, a finales de diciembre de 2011, el ejecutivo ha “compatibilizado” a casi 90 altos cargos que han dejado la Administración. Esa “compatibilidad” quiere decir que pueden ejercer legalmente en empresas privadas que, en muchos casos, hacen grandes negocios con las administraciones públicas. Entre ellos se encuentra el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Hasta el pasado mes de marzo, un buen porcentaje de los casi 90 ex altos cargos ´”compatibilizados” por el Gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de esta legislatura han acabado en grandes bufetes. Su función primordial es la de ejercer como asesores, o más directamente como “conseguidores”: se trata de aprovechar su enorme experiencia y contactos con el Ejecutivo o con la judicatura. Sólo en el último año, cinco ex cargos han sido fichados como asesores por despachos como los de Roca, Albiñana o Pérez-Llorca. Y desde mediados de 2014, 15 ex altos cargos de la Administración del Estado o de la Autonómica la han conseguido y tienen permiso para saltarse el periodo, de al menos dos años, para poder ejercer en sectores privados que contraten con la Administración. De esos 15, cinco han fichado por grandes bufetes, según se refleja en el listado de Autorizaciones de Compatibilidad para actividad privada de puestos incluidos en la ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses.

Los grandes bufetes se los ´rifan´

Según esos datos oficiales, el 2 de junio de 2014 fue “compatibilizada” Marina Serrano González, que había cesado el 7 de octubre de 2013, como consejera de la Comisión Nacional de la Energía y que consiguió el permiso para incorporarse al bufete Pérez-Llorca Abogados, SLP y Cía. A nadie se le oculta que el mercado de la energía mueve gran cantidad de dinero. El 29 de agosto, el Gobierno compatibilizó a otra mujer que había desempeñado altos cargos en la Administración valenciana: Paula Sánchez de León, que había cesado tan sólo unos días antes como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para fichar por el Despacho Good Law Levante, SL, uno de los grandes de la zona.

El 1 de septiembre, el Gobierno también autorizó a Rosa Sanz para que fichara por el Despacho Roca-Junyent. Lo curioso es que Sanz había cesado ese mismo día como directora general de Recursos Humanos y secretaria general del Consejo de ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento. Al parecer, su cese en el cargo y la compatibilidad iban parejos.

Más curiosa es la autorización dada el 17 de noviembre a Cristina Coto del Valle para fichar por el despacho de abogados Albiñana-Suárez de Lezo. Coto había cesado tres meses antes como directora de Gabinete del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y su fichaje era muy cotizado por los principales bufetes. Un Ministerio, por cierto, en el que otro exalto cargo, José Manuel López Rodrigo, cesado el 4 de octubre de 2013 como director de la Fundación Pluralismo, obtuvo también la compatibilidad para dirigir el Centro de Estudios Sociales y Económicos de la Fundación Tomillo.

Siguiendo con Justicia, el Gobierno compatibilizó hace escasas fechas al propio exministro Ruiz-Gallardón -dimitido el 23 de septiembre-, para que pudiera irse a la empresa privada. De momento, Ruiz-Gallardón ha rechazado las ofertas millonarias que le han hecho llegar grandes bufetes de abogados -le ofrecían más de 250.000 euros al año-, y se ha “conformado” con formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, labor que compagina con la docencia en La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en la que ya forma parte del claustro de la Facultad de Derecho.

Las otras compatibilizaciones… en Defensa

Es evidente que muchos de los compatibilizados encuentran salida en sectores que han tenido que ver con su actividad pública. El caso más concreto es el del teniente general Fernando Sacristán Ruano, que en 2011 fue nombrado Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Cesó el 2 de agosto de 2014, pero el 9 de enero pasado el Gobierno le compatibilizó para ostentar cargos en tres empresas relacionadas con la defensa: Tecnobit, Bess-Beyond Soluciones y Servicios SA y la suya propia, Hornet Consulting. Resulta que Tecnobit pertenece al grupo empresarial español Oesía, especializado en los sectores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Oesía Networks, SL, con sus filiales IaSoft, y en los sectores de Aviónica y Seguridad Nacional a través de su filial Tecnobit, que cuenta con una presencia destacada en el mercado español e internacional por sus productos sobre Seguridad Nacional y en el área de las Tecnologías de doble uso. Tecnobit ofrece una tecnología avanzada en sectores de Defensa, Seguridad, Espacio, Transporte y Telecomunicaciones.

Otra de las empresas para las que ha sido compatibilizado Fernando Sacristán es Bess-Beyond Soluciones y Servicios, SL, del Grupo Bess, cuyos clientes son: “Ministerio de Defensa, Estado mayor de defensa, Ejercito de tierra, Armada Española, Ejército del aire, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Instituto Social Fuerzas Armadas, Colegio Huérfanos Armada”, como anuncia en su propia web. Y, en fin, por lo que respecta a Hornet Consulting SL, Fernando Sacristán es apoderado y administrados único, según datos del Registro Mercantil. Inició sus operaciones en Madrid el 8 de octubre pasado para “consultoría, asesoramiento, formación, elaboración de estudios e informes, intermediación, comercialización, publicidad y promoción empresarial en materia de comercio, exportación, importación, logística, transporte, energía, petróleo y derivados, inmuebles, construcción, telecomunicaciones…”.

Otros ´compatibilizados´ han recalado en grandes empresas europeas, como el diplomático Carlos Basterreche, que fue embajador en Francia y ha sido captado por Airbus Group. Ni qué decir tiene que los diplomáticos están muy cotizados por las empresas privadas por sus contactos nacionales e internacionales. Otro ejemplo es el de Iñigo de Palacio, que fue embajador en Chile y el Gobierno le ha compatibilizado para que pueda ejercer en Indra Sistemas, SA.

El problema de los delegados del Gobierno

Otro problema distinto es el de los cargos vinculados de alguna manera al Ministerio del Interior. En otro tiempo -gobiernos de Felipe González-, se daban sobresueldos, al parecer, para cuando cesaran en sus funciones. Pero ahora la norma podría ser recolocarlos en Consejos de Administración. Eso es, al menos, lo que parece con el caso de Mikel Cabieces, delegado del Gobierno en Euskadi en el último gobierno de Rodríguez Zapatero y que fue contratado de forma supuestamente de forma irregular por Kutxabank, según la Fiscal Carmen Adán, que está investigando la denuncia del actual presidente de la caja vasca, Gregorio Villalabeitia, contra la decisión adoptada por su antecesor en el cargo, Mario Fernández, de pagar casi seis mil euros mensuales a Cabieces tras cesar en la delegación del Gobierno en Euskadi.

Lo curioso de este caso es que los Juzgados vuelven a dilucidar otra vez el controvertido asunto de los fondos reservados y de su uso para propiciar una salida profesional a los altos cargos que, por la peligrosidad que conlleva el puesto que han ocupado, no pueden volver a su actividad privada anterior; no, al menos, sin una mínima seguridad. 

Jorge Ventura