Menú Portada
Entre los años 2005 y 2007

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se gastó 224,1 millones de euros en publicidad institucional sin una “completa planificación ni un exhaustivo control de la actividad publicitaria”

Abril 1, 2013

En ese trienio se realizaron 291 contrataciones por parte de los distintos ministerios y organismos autónomos, lo que supuso más de 8 convenios mensuales, muchos de ellos con más de una campaña publicitaria
El 85% de los expedientes fiscalizados no consta justificado el importe por el que se licitaron, por lo que no puede acreditarse que el precio de los contratos fuera adecuado al mercado
En el año 2012 el Gobierno recortó un 38,2% el gasto en publicidad

Normal
0

21

false
false
false

ES-TRAD
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-style-parent:””;
line-height:115%;
font-size:11.0pt;”Calibri”,”sans-serif”;}


El pasado mes de junio el Consejo de Ministros español aprobó el “Informe de publicidad y comunicación institucional de 2011”, que recogía información de las 102 campañas institucionales desarrolladas durante el pasado año, un 16% menos con respecto a 2010. En 2011 la Administración General del Estado invirtió 67,4 millones de euros, 13 millones menos de lo previsto. Una cifra que a falta aún de informe definitivo, ha descendido de forma importante en el 2012 tras el anuncio por parte del Gobierno de un  recorte de al menos un 38,2% sobre lo gastado en 2011, pasando de 102 campañas a sólo 61. Con este nuevo recorte, se acumula una disminución del presupuesto del 62,7% sobre el plan de 2007, unas cifras lógicas en un momento en el que todas las administraciones públicas reducen sus inversiones publicitarias dentro de una política general de recortes.

Y es que ya queda muy lejano la época de “bonanza” de José Luis Rodríguez Zapatero cuando la inversión publicitaria no sólo llegó a un tope máximo en cantidad, sino también en descontrol como ha determinado el Tribunal de Cuentas en su “Informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los departamentos ministeriales del área político-administrativa del estado durante los años 2005, 2006 y 2007”. Este informe es especialmente duro respecto al control del gasto, ya que critica la inexistencia de “una correcta y completa planificación ni un exhaustivo control de la actividad publicitaria” en un trienio en el que se formalizaron 291 contrataciones (muchas de ellas incluyen planificaciones de varias campañas) por 224,1 millones de euros.

En concreto se destaca como no se realizaron “estudios, prospecciones de mercados o, en general, que se calcularan los presupuestos de licitación de la mayoría de los expedientes”. Al encontrar que el 85% de los expedientes fiscalizados “no consta justificado el importe por el que se licitaron” no se pudo acreditar “que el precio de los contratos fuera adecuado al mercado”, es decir, que pudo pagarse precios por encima de lo que abonaban compañías privadas por sus campañas publicitarias, lo que supuso “una vulneración del artículo 14 de la Ley de Contratos de la Administración Pública”.

Subcontratación injustificada y sin control

Este posible descontrol en el precio de los soportes publicitarios no es la única anomalía grave. El Tribunal de Cuentas destaca como no se “ha justificado adecuadamente la insuficiencia o inadecuación de los medios propios o la conveniencia de su no ampliación”. Se subcontrataban servicios a otras empresas que podían haberse asumido por personal de la Administración ya en plantilla o con alguna pequeña ampliación, y que en definitiva hubiera supuesto otro importante ahorro en costes.

Pero lo que es más importante, también con “carácter general” los pliegos de cláusulas administrativas “no establecían de forma adecuada la manera en la que debían acreditar su solvencia los interesados en licitar el contrato” a la vez que “los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos carecían de la suficiente concreción que garantizase una aplicación objetiva de los mismos”. Es decir ni a priori se analizaron que las empresas fueran las adecuadas por solvencia para realizar estos trabajos, ni se establecieron de forma correcta puntos para controlar que finalmente conseguían los objetivos pactados. Además, se utilizó en muchos casos la figura jurídica de “convenio de colaboración” lo que permitió que se eludiera la “aplicación de la legislación de contratación pública”. Descontrol y gasto desmesurado por encima del mercado, esta es la herencia del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero también en materia de publicidad.