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Correspondientes al año 2008

El Gobierno de Castilla-La Mancha de José María Barreda presentó errores en la gestión económica de una treintena de contratos sanitarios

Diciembre 25, 2012
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Hace poco más de una semana, el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se mostró a favor de “abrir el debate” sobre la conveniencia de ampliar el copago a otros servicios sanitarios tras el éxito que, a su juicio, ha logrado el copago de medicamentos tras la modificación impulsada hace un año por el Gobierno central. “¿Se puede extrapolar al resto de los servicios sanitarios? Es la gran pregunta y en España esto es un debate político brutal (…) Me ofrezco a que este debate se pueda abrir, y todos lleguemos a acuerdos“, ha reconocido este dirigente durante su participación en el Ciclo de Conferencias sobre la Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem.

No obstante, horas después de estas declaraciones, el titular de Sanidad en Castilla-La Mancha retractó, en parte, y ha puntualizado que “ahora no es el momento de abrir este debate porque no se dan las circunstancias de serenidad política ni de tranquilidad para abrir un debate de estas características“. Esta no es la primera polémica de Echániz, hace escasos meses, las críticas saltaron especialmente por el momento en el que ha salido a la luz pública, tras la supresión este año del pago por la actividad extraordinaria de los facultativos –las llamadas ‘peonadas’-, y polémico por su contenido, que habla de una mayor actividad en las horas extraordinarias mientras éstas seguían siendo remuneradas –causado según el Ejecutivo de modo deliberado por los trabajadores-, así como de cantidades desorbitadas tanto en la financiación como en la nómina de los médicos. En concreto, el documento del Sescam apunta que entre 2009 y 2011 el Gobierno de Castilla-La Mancha destinó más de 116 millones de euros al pago de las susodichas ‘peonadas’. El otro dato que ha levantado ampollas hace referencia a casi 1.000 médicos que en el ejercicio de 2011 cobraron por encima de 100.000 euros. Además un total cercano a los 3.000 médicos de Castilla-La Mancha ganaron en el mismo período más de 80.000 euros, cantidad considerada en España como un sueldo medio.

Médicos defendiendo su estatus

Abierta la brecha, el colectivo médico se ha defendido. Así, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha pedido reiteradamente la cabeza del consejero alegando que “quienes son peligrosos para la sociedad no son los médicos, sino los gestores ineficaces y arrogantes en su incapacidad”. Ante ello, el dato real es que es cierto que la Junta gastó en 2011 un total de 207,3 millones de euros entre asistencia sanitaria privada y concertada –o que el número de operaciones se ha visto modificado sensiblemente desde la eliminación de las ‘peonadas’-, pero no es menos cierto que el sistema manchego de salud ocupa el segundo lugar del Estado en cuanto a calidad, percibiendo los profesionales españoles una de las retribuciones proporcionalmente más bajas de la Comunidad Europea.

Paradójicamente, el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha ha iniciado ajustes en el sistema sanitario mientras después de cometer numerosos y flagrantes errores en su gestión en los años del gobierno de José María Barreda, con los que posiblemente se hubiera podido ahorrar muchos millones que ahora se recortan. En el “Informe definitivo de análisis de la contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos” correspondiente al año 2008 –en el cual ejercía su presidencia el socialista José María Barreda-, se destapan infinidad de deficiencias en los contratos ejecutados por la Junta a través de todas sus consejerías y departamentos. Sin ir más lejos, dentro del cupo que engloba el sistema sanitario manchego –conformado por la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha- se contabilizan más de una treintena de acuerdos con importantes irregularidades en muchos de sus puntos.

Errores de la Consejería

Por lo que respecta a la Consejería, destacan particularmente dos expedientes de contratos firmados por cantidades cercanas a los 3 millones y medio de euros y designados para ‘Dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano’ (3,4 M) y ‘Adquisición del derecho a uso del entorno Microsoft para la Junta’ (3,7 M), respectivamente. En el primero de los casos, según el texto, “la imputación presupuestaria es incorrecta” y “algunas facturas que se emiten en el presente ejercicio (2008) han sido contabilizadas con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente”, incumpliendo el principio contable del devengo. En el segundo caso “no constan los documentos relativos a la preparación y adjudicación del contrato”. En otro epígrafe hallamos un expediente del contrato por 41.860 euros con Sumin Fruta y Verdura Fresca en el que “no consta la documentación administrativa para verificar la capacidad, solvencia y prohibiciones” conforme se establece por ley. Atendiendo a esta carencia de rigor, documentos relevantes como el de adjudicación y, lo que es peor, documentos que acrediten si la empresa es capaz de realizar y sostener un encargo, ¿cómo es posible garantizar el pago satisfactorio del servicio?, ¿y si este se ha cumplido en todas sus fases?

Fallos del Sescam

El organismo que firma el informe de la discordia en Castilla-La Mancha es el Servicio de Salud Autonómico (Sescam). Esta entidad dependiente de la Junta carga contra los profesionales, a través de su director gerente, Luis Carretero, quien sostiene que “tras la supresión de las peonadas, ha habido una reducción muy significativa de las operaciones y ha aumentado la actividad quirúrgica en la jornada ordinaria”, dejando entrever la premeditación del colectivo médico hacia la operación por la tarde cuando era lucrativa. La realidad que arroja el informe sobre el organismo es delicada. 29 contratos firmados con 29 empresas, todos ellos con varias faltas. En la gran mayoría “los folios del PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) no están sellados o firmados en cada una de sus hojas por el servicio jurídico”, quedando privados de cualquier validez legal. 

Respecto al expediente referido a un arrendamiento de un equipo de urodinamia, “no consta la justificación del procedimiento y criterios de adjudicación utilizados”, dejando en evidencia la transparencia y regularidad de sus procesos. Además “no consta certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones que se deriven del contrato”, mostrando a las claras la seriedad del Servicio. En muchos de ellos “no queda justificado le valor estimado del contrato”, así como “no consta la firma del adjudicatario”. El desbarajuste económico es total.

Cabe destacar así mismo adjudicaciones de contrato “fuera del plazo de tres meses”, publicaciones inexistentes “de la adjudicación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha” o particularmente un contrato para las obras de reforma y ampliación del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real) en el que “se desconoce el importe y el plazo de ejecución del contrato principal, ya que en la documentación remitida no constan ni documentación, ni datos referentes al mismo por lo que no se pueden comprobar los requisitos previos”.