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LA HERENCIA DE MIGUEL ÁNGEL REVILLA (I)
No estableció una contabilidad adecuada de los gastos financiados que permitiera conocer las desviaciones en el cálculo del superávit o déficit

El Gobierno de Cantabria incumplió en los años 2006 y 2007 la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas

Mayo 2, 2012

El nuevo Ejecutivo tendrá que pagar 41 millones de euros al año hasta el 2022, con unos intereses en los dos primeros años de 14 y 13 millones de euros, respectivamente

Durante esos ejercicios tampoco instauró la contabilidad patrimonial legalmente prevista, impidiendo conocer  el valor de los bienes y derechos de titularidad autonómica

Tenía registradas cuentas bancarias que no existían y no reflejaba otras que estaban abiertas


Apenas ha transcurrido un mes del cierre del primer trimestre y los ojos de Europa están cada día más puestos en la evolución de nuestra economía. En estas semanas tan difíciles, se siguen recibiendo malas noticias. La principal, el aumento del desempleo y la entrada oficial en recesión, aunque con una caída del PIB algo menor de lo esperado. Entre las noticias “menos negativas” está sin duda el cumplimiento del Estado del objetivo del déficit para el primer trimestre, un punto muy positivo que no ha calmado las turbulencias de los mercados. La razón, las dudas sobre si las Autonomías serán capaces de seguir esa misma senda.

Así, en estas semanas se conocerán muchos planes de ajuste. Este mismo lunes, el Ejecutivo Balear anunciaba un plan de ahorro de 347,9 millones en el que se incluye el cierre de dos hospitales, la entrada de capital privado en la televisión pública y medidas de contención de gastos en personal, gasto de bienes y servicios, transferencias corrientes en educación y la declaración de crédito no disponible. Pero estos planes no son exclusivos de las grandes Comunidades.

En Cantabria, con su plan de ajuste se prevé obtener 157 millones de euros en 2012 entre ingresos y ahorro. Para ello, se reducen a la mitad sus 45 empresas públicas, se aplica el céntimo sanitario o se ejecuta la subida del canon de saneamiento, entre otras medidas. Y es que la herencia recibida de las dos legislaturas presididas por Miguel Ángel Revilla ha sido calamitosa, encontrándose con unas cuentas exhaustas.

Descontrol Contable

El mejor ejemplo de la situación crítica contable está en la deuda con los proveedores. El saldo negativo de unos 330 millones de euros en facturas atrasadas, ha llevado al Ejecutivo de Ignacio Diego ha acogerse al mecanismo extraordinario de pago que ha puesto el Ministerio de Hacienda, porque como él presidente de Cantabria declaró, “no hay ni un duro”. Esto supone abonar toda esta deuda, pero también pagar 41 millones de euros al año hasta el 2022, con unos intereses en los dos primeros años, de 14 y 13 millones de euros respectivamente.

Pero es que las sorpresas siguen apareciendo. Así por ejemplo, la empresa SIEC, que gestiona la explotación de la Cueva de “El Soplao”, acaba de reclamar al Gobierno de Cantabria más de 106.300 euros por las invitaciones “no promocionales, ni protocolarias” a la gruta, repartidas por miembros del anterior Ejecutivo regional del Partido Regionalista de Cantabria y del PSOE. Así consta en un documento oficial al que ha tenido acceso Extraconfidencial.com

El descontrol ya partía de los propios presupuestos generales de la Comunidad, que en los años 2006 y 2007, fallaban en lo más básico: no presentar objetivos específicos y cuantificables de los programas de gasto de carácter finalista ni tener los correspondientes indicadores de su cumplimiento. Y es que las Comunidades Autónomas como el Gobierno Central, además de pagar gastos corrientes, ejecutan inversiones que buscan cumplir con beneficios económicos futuros, como mejorar la eficiencia de un Hospital, que una carretera suponga una mejora en la infraestructura, o realizar planes industriales que recaben inversión extranjera. No realizándolo, se impedía analizar objetivamente si la gestión de los recursos públicos ha estado orientada por la eficacia y la eficiencia o simplemente era gastar por gastar.

Sin verificar la financiación

No se sabía el objetivo del gasto, pero tampoco como se gestionaban los recursos provenientes de préstamos, los cuales, por supuesto, hay que pagar. El caso más extremo es el no existir una contabilidad adecuada de los gastos con financiación que permita conocer las desviaciones en el cálculo del superávit o déficit de los recursos ajenos del ejercicio, su remanente de tesorería y los compromisos de ingresos susceptibles de financiar estos créditos. Tampoco se determinaba los recursos del endeudamiento destinados a gastos de inversión tal y como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Pero no se queda en esto los incumplimientos. La Comunidad cántabra no estableció tampoco la contabilidad patrimonial legalmente prevista que quede vinculada con la contabilidad financiera, lo que impidió el adecuado conocimiento de la composición y valoración de los bienes y derechos de titularidad autonómica de todos los ciudadanos de Cantabria.

Irregularidades en la contratación

Sin conocer los bienes de la Autonomía, sin establecer objetivos en los gastos o sin saber lo que sobra o falta de la financiación. Aquí no se quedan los incumplimientos que también alcanzaron a la contratación. Así, entre distintas irregularidades detectadas en los ejercicios 2006 y 2007, destacan “la falta de los preceptivos informes” que justificaran la necesidad de su contratación. Mientras,  en otros casos, constan unas justificaciones “excesivamente genéricas e imprecisas” sin indicación alguna sobre su forma de valoración. Todo esto no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, o incoherentes con el principio de economía en la gestión de fondos públicos. Hay que contratar para cumplir objetivos concretos y se tienen que establecer los mejores baremos para que la oferta adjudicataria fuera la mejor.

También, en las ejecuciones de los contratos, en particular de obras, se produjeron frecuentes demoras no justificadas que son particularmente incongruentes con el hecho de “haberse adjudicado algunos de dichos contratos a licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos”; es decir, se incumplía el criterio básico gracias al cual se había ganado un concurso.

Falta de justificación

Pero también hay irregularidades en el caso de las modificaciones de contratos, incluyendo algunas actuaciones con respecto a las cuales no se acreditó la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas que llevaran a cambiar los originales. Tampoco, en numerosos expedientes, los documentos contables justificativos de las diferentes fases del gasto carecen de las preceptivas firmas, lo que pone de manifiesto, según el mencionado documento, “una falta de diligencia en la tramitación de los mismo y cuestionan su validez y eficacia”.

Un caso más que chocante está en la gestión de la Tesorería. Además de no incluir en el cómputo final el saldo correspondiente a las cuentas restringidas de ingresos, no se realizaron conciliaciones (comprobar que lo que aparece en la realidad se ajusta a los saldos con los bancos) entre distintas cuentas. Y es que como consecuencia de la circularización -petición de información realizada a las entidades financieras por parte del Tribunal de Cuentas-, se constató que algunas cuentas bancarias informadas por el Gobierno de Cantabria ya no existían, y lo contrario, que los Bancos tenían otras cuentas abiertas de las que no había informado la Comunidad Autónoma. Todo un despropósito en la gestión de fondos de todos los ciudadanos.