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A pesar de la denuncia de varias asociaciones pro derechos humanos del uso ilegal del armamento publicada por extraconfidencial.com

El Gobierno afirma en un documento que seguirá suministrando armas a Marruecos

Junio 1, 2010

Recientemente el reino alauita reivindicó para sí Ceuta, Melilla y varias Islas circundantes españolas

La secretaria de Estado de Comercio se justifica con el hecho de que “se exigen certificados de último destino firmado por las autoridades de Marruecos”


Un documento público, al que ha tenido acceso extraconfidencial.com, afirma que el Gobierno español seguirá suministrando armas a Marruecos, a pesar del supuesto uso ilegal de esta armamento para fines que podrían vulnerar los derechos humanos, según han denunciado varias asociaciones pro derechos humanos y del pueblo saharaui, tal y como denunció extraconfidencial.com. La respuesta oficial a la denuncia publicada por este periódico hace unos días ha sido una carta remitida a las organizaciones denunciantes por parte de la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, fechada el día 29 de abril de 2010, donde se indica que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no paralizará el suministro de armas españolas a Marruecos, con un negocio que se ha elevado hasta los 300 millones de euros, y eso a pesar de que recientemente el reino alauita de Mohamed VI ha reivindicado de nuevo para sí territorios españoles como Ceuta, Melilla y varias Islas circundantes.

La contestación oficial de la secretaria de Estado de Comercio intenta justificar el suministro de armas a Marruecos con el hecho de que “las autoridades españolas han valorado en cada solicitud las garantías que deben acompañar a la exportación de ese material y las condiciones de uso y usuario finales. Así, se han exigido documentos de control muy estrictos, en concreto, certificados de último destino firmados por las autoridades del reino de Marruecos, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una reexportación o un uso no deseado”. Según Silvia Iranzo, “se analiza caso por caso y de manera completa cada operación al Reino de Marruecos, habiéndose aplicado los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares”.

La secretaria de Estado de Comercio también indica en su misiva que no se dará tramite alguno a estas organizaciones denunciantes, ya que “las entidades asociativas firmantes, ellas mismas como tales, carecen de la legitimación necesita al carecer de la condición de interesados, en sentido técnico, para personarse en los procedimientos administrativos que pudieran estar tramitándose”.

También se les impide a estar organizaciones acceder a los registros y archivos para consultar los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento al Reino de Marruecos efectuadas durante los años 2007, 2008 y 2009, en cuanto que “las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso han sido declaradas secretas”.

Juan Luis Galiacho