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Vuelco sorprendente al Caso del Crimen de León

El Fiscal Jefe recusa a Carlos Álvarez, magistrado presidente del Tribunal del Jurado del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, por estar “contaminado” y paraliza el señalamiento del juicio

Junio 10, 2015

El inicio de la vista oral estaba previsto para el próximo otoño, pero se ha abierto una pieza separada al respecto que paraliza su señalamiento
Será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Burgos), quien debe dar respuesta a este enfrentamiento inédito en el mundo judicial
“La recusación formulada por el Ministerio Fiscal, a la que no se han sumado las otras dos Acusaciones Particulares personadas en la causa (la hija y el compañero sentimental de la víctima, de un lado, y el Partido Popular, de otro), y a la que se oponen las Defensas de las imputadas, no deja de resultar insólita y ciertamente extravagante”, afirma el presidente del Jurado en un escrito al que ha tenido acceso Extraconfidencial.com


En una decisión inaudita en el mundo judicial el ministerio Fiscal, representado por el Fiscal Jefe Provincial de León, Emilio Fernández Rodríguez, ha presentado un incidente de recusación contra la designación de Carlos Javier Álvarez Fernández como Magistrado presidente del Tribunal del Jurado que juzgará, en teoría, el próximo otoño a las tres imputadas: Monserrat González,la autora material; su hija Triana Martínez, y la Policía Local, Raquel Gago, por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, la popular Isabel Carrasco.

El Fiscal Jefe entiende que este Magistrado integrante de la Sección Tercera (Penal) de la Audiencia Provincial de León, designado por turno de reparto para dirigir esta vista oral, debe de ser apartado de las funciones para las que ha sido designado. Considera que está “contaminado” por las afirmaciones que vertió en la motivación del Auto por el que el pasado mes de enero aceptó el recurso de apelación que decretó la puesta en libertad provisional de la Policía Municipal Raquel Gago. Será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -con sede en Burgos-, quien deberá dar respuesta a este enfrentamiento inédito en el mundo judicial. 

Se paraliza el inicio de la vista oral 

Este recurso paraliza de momento el señalamiento del inicio de la vista oral del caso del crimen de Isabel Carrasco, previsto para el próximo otoño, ya que se ha abierto una pieza separada al respecto. El magistrado Carlos Javier Álvarez Fernández fue nombrado presidente del Tribunal del Jurado el pasado 18 de mayo y sólo una semana después el Ministerio Fiscal ya presentó el recurso, donde se explica que en el Auto de fecha 29 de enero de 2015 donde se libera a Raquel Gago, este magistrado vierte “expresiones y valoraciones que hacen poner en duda la imparcialidad objetiva que debe concurrir en el Magistrado-Presidente de un Tribunal del Jurado”.

En definitiva, el Ministerio Fiscal indica que el Auto cuestionado contiene “prejuicios sobre el valor probatorio que puedan tener elementos que fueron tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia y se adopta una decisión sobre la libertad no por razones periféricas, sino por consideraciones sobre la intensidad incriminatoria de los indicios existentes como prueba de cargo”, todo lo cual conduce, en opinión del Fiscal Jefe, a que “la imparcialidad objetiva del designado Magistrado Presidente ha de ser puesta seriamente en duda y deba el mismo ser apartado del conocimiento de la causa”. Se termina afirmando que la exigencia de imparcialidad, exigible como absoluta en todo proceso penal, es aun más exigible en uno “de la trascendencia mediática del que nos ocupa, dada la calidad de la víctima…”, como si las víctimas fueran de primera o segunda categoría.

Este recurso resulta inédito y extraño para todos los expertos consultados, ya que se trata de una causa penal que habrá de ser enjuiciada por un Jurado Popular, y no por un Juez en concreto. En un proceso de esta naturaleza la decisión sobre la culpabilidad o no culpabilidad del imputado o imputados es totalmente ajena a dicho Magistrado profesional, que ejerce únicamente como presidente, correspondiendo al Jurado integrado por ciudadanos legos en Derecho la decisión final.

Dura respuesta del magistrado presidente del Tribunal

Por su parte, el magistrado Álvarez Fernández ha remitido ya un escrito al órgano competente, al que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, donde indica que no acepta la recusación del Fiscal Jefe de León, Emilio Fernández Rodríguez. En este escrito se indica que “la recusación formulada por el Ministerio Fiscal, a la que no se han sumado las otras dos Acusaciones Particulares personadas en la causa (la hija y el compañero sentimental de la víctima, de un lado, y el Partido Popular, de otro), y a la que se oponen las Defensas de las imputadas, no deja de resultar insólita y ciertamente extravagante”. Además, señala que la decisión del fiscal Emilio Fernándezsolo reside en su puro subjetivismo, pero que carece de razones objetivas”.

El enfrentamiento entre el Fiscal y el Magistrado presidente del Tribunal del caso del crimen de León es tal que en uno de los párrafos de este escrito, que reproducimos por su importancia, se indica textualmente:

“[La recusación] Es insólita porque no existe, que yo sepa, ningún precedente de recusación promovida por el Fiscal del Magistrado Presidente en un procedimiento penal competencia del Tribunal del Jurado y son escasísimas las recusaciones en el ámbito de otros procesos penales (solo tengo conocimiento de la planteada contra el Juez de Instrucción de Madrid Don Elpidio Silva que decretó la prisión provisional de un conocido Directivo bancario, basada en razones de índole subjetiva y que vino seguida de una querella por prevaricación contra dicho Magistrado-Juez; y la formulada contra el Tribunal o Sala Penal de la Audiencia Provincial de A Coruña en el conocido y politizado proceso por la catástrofe del buque “Prestige”). 

Y continúa:

“Es extravagante porque, sin discutir la legitimidad del Fiscal, como parte acusadora en un proceso penal, para promover la recusación de los Jueces o Magistrados que conozcan de la causa, siempre y cuando haya motivos de índole subjetiva u objetiva para ello, su carácter de “valedor” del interés público y de la independencia judicial y su proclamada “imparcialidad”, que destacan tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto del Ministerio Fiscal, lo deben alejar del apasionamiento y la subjetividad propias de las otras partes del proceso penal, principalmente las Defensas de los imputados, siendo éstas últimas las que, prácticamente en la totalidad de los supuestos, promueven las recusaciones, frente a las que, con habitualidad, el ministerio público muestra su oposición”.

Termina su escrito el Magistrado Álvarez Fernández indicando que “las funciones del Magistrado Presidente se centran fundamentalmente en el control procesal, desde la óptica constitucional y legal, de las garantías de un juicio justo, incluida la preservación de la presunción de inocencia, y resultan inimaginables las sospechas de que el mismo, condicionado por no sabe qué prejuicios derivados del contacto, por otro lado absolutamente necesario, con los datos de la investigación preparatoria del juicio, pueda influir en el resultado del veredicto, decisión soberana del Jurado”.

Será ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la que decidirá que es lo que procede al respecto. Pero la previa al juicio oral ya ha dado un vuelco sorprendente y da una vuelta de tuerca más al caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, cuya historia quiere ser llevada al cine por varias y conocidas productoras que se quieren hacer ya con los derechos.

Juan Luis Galiacho
@jlgaliacho