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El ministro de Hacienda negó hace un año la validez de los Informes de Cáritas

El fariseísmo de Cristóbal Montoro: defiende una España saciada, asimila las donaciones a las ONG con las recibidas por el PP mientras su compañera Isabel García Tejerina destina 118 millones en alimentos para las personas más desfavorecidas

Marzo 26, 2015

El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 13 de febrero la compra del suministro de leche entera UHT, aceite de oliva y conservas de atún, por valor de 57.386.840 euros
El 19 de febrero de 2015, el Ministerio de Agricultura anunciaba la licitación de otros cinco contratos por valor de 52 millones de euros
Los contratos deberán estar listos en el mes de mayo, en plena campaña electoral y en pleno auge de la efervescencia política municipal


Es la doble cara del Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendía que es la legislación Tributaria la que equipara el tratamiento de las donaciones a las ONG, como Cáritas, y los partidos políticos, como el PP, ya que atienden a fines sociales. “Yo soy católico practicante y estoy muy honrado de formar parte de un Gobierno que ha habilitado en términos de presupuestos este año 20 millones de euros para la primera ONG, que es Cáritas”, dijo Montoro, que añadió que los partidos políticos “sirven al interés general de una democracia” y son “absolutamente fundamentales”, razón por la que se equipara su tratamiento fiscal al de las ONG.

Más de un cuarto de la población española -12,8 millones de personas o el 27,3% de la población-, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Bruselas ha puesto el grito en el cielo por este drama, pero lo ha hecho en alusión a datos de 2013 cuando aún se contabilizaban 300.000 personas menos en dicha situación. Imagínense la opinión de la Comisión Europea al respecto con los datos actualizados. La regañina no es para menos. Los informes de Cáritas y Cruz Roja hablan por sí solos. La primera dice -en boca de su secretario general en Europa, Jorge Nuño-, que “el empobrecimiento y la desigualdad en España se está convirtiendo en estructural” y que, además, “la crisis no ha pasado”. La segunda ha emitido un Informe que ha hecho temblar los cimientos del Estado del Bienestar: tres de cada cuatro mujeres atendidas en su programa de vulnerabilidad social viven en hogares de extrema pobreza, con ingresos mensuales inferiores a 450 euros.  

Está claro que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una imagen de España diametralmente opuesta a la de las mencionadas Organizaciones. Aún figura latente en las hemerotecas y en el recuerdo de los que más sufren la inconcusa frase del ministro de Hacienda y Administraciones PúblicasCristóbal Montoro, cuando hace un año aseguraba que “los Informes de Cáritas sobre la pobreza en España no se corresponden con la realidad”. Por lo pronto, el Estado sí reconoce un problema existente y real remitiéndonos a sus líneas de actuación. Un problema que no hace otra cosa que agravarse.

La doble cara del Gobierno de Mariano Rajoy

El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 13 de febrero la compra del suministro de leche entera UHT, aceite de oliva y conservas de atún, por valor de 57.386.840 euros, para su suministro a las personas desfavorecidas, en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria 2015. Días después se cerraba otro paquete de arroz, alimentos infantiles, alubias y fruta que hacía que el montante total sobrepasara los 118 millones de euros. La compra de estos alimentos está co financiada por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD), que aportará el 85% del presupuesto.

El 19 de febrero de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la neófita Isabel García Tejerina, anunciaba la licitación de cinco contratos por obra y gracia de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria. Todos ellos estaban encaminados a satisfacer las necesidades administrativas del susodicho programa de ayudas a las personas más desfavorecidas 2015.

El primero de ellos se ocuparía del “suministro de arroz y alimentos infantiles”. Este contrato está provisto de un monto total de 11.514.708 euros divididos en cuatro lotes. El segundo, se encargaría del “suministro y distribución de garbanzos” con un presupuesto estimado de 9.172.800 euros.  El tercero, tendrá la encomienda del “suministro y distribución de alubias” por un total de 10.483.200 euros. El “suministro de pasta alimenticia tipo espagueti, tomate frito en conserva y crema de verduras” correrá a cargo del cuarto convenio que tendrá un presupuesto de 9.159.150 euros distribuidos en tres lotes. Mientras que el quinto y último atenderá al “suministro de judías verdes en conserva y fruta en conserva sin azúcar añadido” con un montante de 11.593.670 euros repartidos en dos lotes.    

Un problema que va en aumento

Una característica común subyace a todas estas licitaciones: poseen una tramitación y procedimiento urgentes. ¿Existe algún interés electoral detrás de esta inmediatez requerida? Con cálculos aproximados, los contratos deberán estar listos en el mes de mayo, en plena campaña electoral y en el auge de la efervescencia política municipal.

El programa de ayuda alimentaria del año 2013 benefició a un total de 2 millones de personas. En el año 2014, el presupuesto destinado a este fin llegó a los 40 millones de euros (17 menos que en la presente ocasión). Por aquel entonces se consiguieron 47 millones de kilos de alimentos de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos y que permiten que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.