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"ATRACO" A LAS CAJAS DE AHORRO (I)
La investigación judicial apunta a que se pagó mucho dinero para comprar silencios políticos

El expolio de Cajamadrid: el juez Andreu busca grandes entregas de dinero a directivos y familiares, partidos, empresarios y sindicatos

Octubre 28, 2014

Según ha sabido Extraconfidencial.com de fuentes conectadas con la investigación, la Policía Judicial analiza una montaña de documentos que han llegado a la Audiencia Nacional pedidos hace dos años por el magistrado
El magistrado quiere saber si se pagaba de forma opaca para que se aprobaran acuerdos perjudiciales para la Caja o se mirara hacia otro lado cuando esto sucedía
El análisis de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad, directa o indirectamente, "en favor de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal directivos, familiares en primer grado" y con las empresas o entidades que los citados controlaran ha puesto de los nervios a más de uno


Los escandalosos gastos con las ´tarjetas opacas´ de los consejeros de Caja Madrid durante las etapas de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato no son más que una anécdota dentro del gran expolio al que fue sometida la que fuera la principal caja de ahorros española. Lo que está buscando ahora el juez Fernando Andreu son los miles de millones de euros que los antiguos gestores de la entidad financiera tiraron en forma de préstamos imposibles de recuperar a los propios directivos y consejeros o a sus familiares y amigos, a los partidos políticos parlamentarios, a los grandes empresarios y organizaciones empresariales y a los sindicatos, además de otras operaciones opacas como la ruinosa compra por Blesa del City National Bank of Florida o una casa de ensueño en Miami. El juez quiere saber a quiénes fueron a parar las comisiones generadas. Algunos de esos documentos ya están en la Audiencia Nacional. Un nuevo escándalo está a punto de saltar.

Ni los gastos de las tarjetas opacas ni siquiera el fiasco millonario de la compra y venta de un Banco en Miami por el ex presidente imputado de Camadrid Miguel Blesa. Nada de eso explica el gran agujero de la actual Bankia, en la que en 2012 se consumaba lo que parecía imposible: el rescate bancario más caro de la historia de España, con una inyección total por el Estado de 23.400 millones de euros. Bankia había surgido sólo un año antes, en 2011, de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Las siete cajas fusionadas tenían ´problemas´, pero el agujero de Caja Madrid resultó ser de auténtica pesadilla… y los escándalos también, como el de las acciones preferentes “colocadas” a jubilados. La Justicia se puso a buscar el dinero presuntamente estafado y no han terminado las sorpresas.

El juez ha removido Roma con Santiago

Después de dos años de instrucción, el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, lo tiene claro: la mayor parte del dinero se ha ido en compras ruinosas -pero que podrían haber generado impresionantes “mordida”´-, en préstamos o créditos opacos a directivos y a sus amigos y familiares, a empresarios y organizaciones empresariales -el caso más claro es el de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, pero hay muchos más-, a partidos y sindicatos y, sobre todo, a increíbles operaciones inmobiliarias en Caja Madrid.

Según ha sabido Extraconfidencial.com de fuentes conectadas con la investigación, la Policía Judicial analiza una montaña de documentos que han llegado a la Audiencia Nacional pedidos hace dos años por el juez Andreu. El escándalo parece que va a ser mayúsculo… y no sólo por fallidas operaciones inmobiliarias millonarias. Para ello, Andreu ha removido Roma con Santiago.

Préstamos a directivos, a partidos, a empresarios y a sindicatos

Desde el inicio de la causa, el juez sabía lo que había que buscar y requirió a Bankia, S.A. y a BFA, S.A. (Banco Financiero y de Ahorros, la marca con la que iba a operar Bankia, la sucesora de Caja Madrid), a fin de que remitieran al Juzgado Central número 4 unos documentos que podrían resultar muy comprometedores: copia de las actas de todas las reuniones del Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 hasta la actualidad, así como de las actas, documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El juez quería saber quién y por qué se pedía ese multimillonario rescate… porque buscaba a los que realmente se habían llevado el dinero.

Andreu ya anticipaba entonces por dónde iba a saltar el escándalo, algo que ha puesto de los nervios a partidos, empresarios y sindicatos: el análisis de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad, directa o indirectamente, “en favor de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal directivos, familiares en primer grado” y con las empresas o entidades que los citados controlaran.

Andreu quería analizar en detalle las condiciones, incluidas las financieras, de esas y otras operaciones significativas realizadas por la entidad con los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y del personal directivo de las cajas fusionadas en Bankia. Todo un torpedo en la línea de flotación de los supuestos corruptos.

Torpedo a los partidos políticos

¿A cambio de qué se dieron las cantidades gastadas en las tarjetas opacas por quienes dirigían la Caja a determinados sujetos que debían realizar funciones de control, inspección o supervisión?, es la pregunta que quiere ahora despejar el juez. Lo que busca la Audiencia Nacional es una conexión entre la atribución de las tarjetas a determinados sujetos que no debían tenerlas y los acuerdo adoptados y visados por dichos individuos respecto a los elevados sueldos y beneficios percibidos por la cúpula directiva. Es decir, el magistrado quiere saber si se pagaba de forma opaca para que se aprobaran acuerdos perjudiciales para la Caja o se mirara hacia otro lado cuando esto sucedía.

En un segundo escalón, Andreu busca también las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad “en favor de los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente Caja de Ahorros” (es decir, de cada una de las siete Cajas que se fusionaron), indicando la situación actual de los citados créditos. Otro torpedo, pero esta vez dirigido a los grupos políticos que han manejado las Cajas de Ahorro desde 1979, año de las primeras elecciones municipales democráticas.

Los representantes políticos no se privaban de nada

En ese sentido, medios conectados con la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional “deducen” de la documentación que obra en las actuaciones judiciales que determinados representantes en la Caja de los diversos partidos políticos -que tenían la misión de controlarlas a través de las respectivas Comisiones de control-, aprobaron subirse sus retribuciones por dietas de asistencia (únicas permitidas) y asignarse “las tarjetas”, a la vez que se daba el visto bueno a una subida de las retribuciones que percibían los miembros del equipo directivo de la Caja, entre los que se encuentran algunos imputados.

En tercer lugar, el Juez Andreu está analizando si han existido en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración; es decir, supuestas pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas destinado al Comité de Dirección. Este aspecto ya ha sido dilucidado en algunas de las Cajas fusionadas, lo que ha dado lugar a 19 procedimientos judiciales iniciados por el FROB, como ya reveló Extraconfidencial.com hace unos días. 

Andreu tenía suficientes indicios de gran corrupción interna, y por eso, y a través de las querellas de UPyD y del colectivo ciudadano 15MpaRato, formuló tales exigencias judiciales a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid; Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja); Caja Insular de Ahorros de Canarias; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila; Caixa d´Estalvis Laietana (Barcelona); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, y Caja de Ahorros de La Rioja. 

Jorge Ventura