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Inmueble donde están las oficinas principales del sindicato

El Estado pone al servicio de UGT una finca de casi 30.000 metros cuadrados situada en la céntrica Avenida América de Madrid

Noviembre 6, 2012

Según se refleja en el Registro de la Propiedad, la titularidad del inmueble pertenece a la Administración del Estado

Los empleados de la organización sindical española alegan desconocer “a alguien que pueda tener ese dato” y optan por el hermetismo cuando son interpelados acerca de la cuestión   


Los sindicatos y la patronal reciben cada año una ingente cantidad de dinero en forma de subvenciones por parte del Estado Central que contrasta abiertamente con los presupuestos designados por el Gobierno Central para otras entidades de vital importancia para el mantenimiento del statu quo. Son muchos los que se preguntan si esta medida es ética o si corrompe el cometido genuino de este tipo de organizaciones.
Sin ir más lejos en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio presente los sindicatos son beneficiarios de 17,3 millones de euros. Una cifra elevada ya de por sí y que ha visto reducida su inversión de 2011 (25,9 millones) en un 33% debido a los recortes que desde La Moncloa se han aplicado de forma masiva para combatir la crisis. Lo que resulta llamativo es que del total de las ayudas destinadas a los sindicatos y la patronal -entidades que luchan en pos de la igualdad de los trabajadores y unas condiciones dignas del proletariado-, el clásico tándem sindical en España, conformado por UGT y CCOO, se queda con el 70% de las mismas y alimenta el beneficio de la duda con acciones poco transparentes manteniendo año tras año a los mismos líderes –encerrados en una espiral de intercambio de favores con el Gobierno- al frente de la organización.
La finalidad de estas aportaciones económicas queda en evidencia a la hora de examinar su forma y fondo. En lo que va de año el Gobierno ha publicado en varias ocasiones a través del BOE paquetes de ayudas millonarias a los dos sindicatos más visibles del panorama nacional días antes o días después de la convocatoria de huelgas y manifestaciones en contra de las decisiones tomadas por el Estado. Causalidad o casualidad. Según informaciones difundidas por El Confidencial, el 21 de febrero –días después de ser aprobada una partida del Ministerio de Agricultura de 80.000 euros destinados a UGT para la formación náutico pesquera- el Ministerio de Empelo y Seguridad Social concedía a UGT y CCOO subvenciones por un importe cercano a los 340.000 euros como parte de las ayudas a la inmigración –visitas a centros, elaboración de informes y prestación de asesoramiento socio laboral-. Tan sólo un mes más tarde, a dos días de la huelga general del 30 de marzo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad repartía 1,3 millones con un objetivo similar: el desarrollo de programas de formación y de apoyo a la inmigración. Los adjudicatarios seguían siendo los mismos.

Descontrol hasta en las cantidades entregadas
He aquí el principal problema para cuantificar las ayudas y el cómputo total de fondos que los sindicatos y la patronal gestionan cada año. Aparte de las partidas económicas reservadas para sus arcas en los Presupuestos Generales del Estado, a lo largo del ejercicio la mayoría de los ministerios abonan a los mismos grandes paquetes de subvenciones destinadas a diferentes áreas programáticas que conjuguen con las competencias de cada cartera. En este aspecto destaca el filón de los cursos y actividades de formación. En 2010, los sindicatos españoles y la patronal fueron acreedores de la friolera de cerca de 200 millones de euros en materia de formación sectorial e intersectorial. Según publicó La Gaceta con motivo del Día Internacional de los Trabajadores de 2011, sumando las cantidades aportadas en 2010 referidas a acción sindical, formación, organismos autónomos, Seguridad Social y contando solo con las aportaciones emitidas desde el Ministerio de Trabajo, los dos sindicatos mayoritarios se repartieron una tarta de 204 millones de euros aproximadamente. Estas cifras atribuyen a UGT, a ojo de buen cubero, un total de más de 100 millones de euros anuales, a los que habría que sumarle las partidas implementadas por los restantes ministerios nacionales. Según la misma información citada arriba, los dos colosos del sindicalismo español habrían gestionado en 2010 ayudas por más de 220 millones de euros.

30.000 metros cuadrados para el sindicato
Los datos son suficientemente ilustrativos de la situación que atraviesa el sindicalismo español. Sin embargo existen otras vías de cooperación subsidiaria del Gobierno con los sindicatos españoles, en este caso con la formación dirigida por Cándido Méndez, UGT. La organización sindical obrera española fundada en 1888 dispone de un total de siete sedes en la Comunidad de Madrid entre las que destaca la Calle Hortaleza donde está el Comité Confederal  o la finca sita en Avenida América que dispone de casi 30.000 metros cuadrados construidos. Este edificio situado en el corazón de Madrid y en usufructo de la institución sindical presenta una característica cuanto menos peculiar. De acuerdo con la información facilitada por el Registro de la Propiedad de Madrid Número 21 a extraconfidencial.com el inmueble no es propiedad de UGT, sino que su titularidad actual responde a la Administración del Estado como figura en el 1º libro del Registro con fecha 19-07-1965. Tras la corroboración de este dato anómalo y las pesquisas emprendidas para esclarecer los detalles de la cesión que el Estado realiza del inmueble para su uso –si es que la hay-, tanto las sedes principales como los departamentos de prensa se cierran en banda al responder con un “no” rotundo a las peticiones de información que expliquen el régimen del solar. Del mismo modo no logran aportar una respuesta clara a la cuestión de la titularidad, aduciendo desconocer “a alguien que pueda tener ese dato”.      
Cesiones inmobiliarias junto a millonarias partidas económicas desde los ministerios a los sindicatos -de entre las que UGT saca una tajada cercana al 40%-, construyen un escenario protagonizado por un clarividente trato favorable del Estado hacia las organizaciones del movimiento obrero. Las motivaciones de tal práctica no son ignoradas. Por un lado se mitiga el fervor radical y reivindicativo de las organizaciones a través de la politización de las mismas en una época en que los trabajadores españoles se enfrentan a las condiciones más crudas que el ámbito laboral moderno ha presentado jamás. Por otro, se reducen considerablemente las huelgas y manifestaciones, en vez de la proliferación que deberían experimentar ante la aguda situación del proletariado.

Esta práctica contributiva emprendida por el Estado español desvirtúa la filosofía clásica del movimiento obrero, el cual en sus inicios -allá por la década de los 40 del XIX- anteponía la representación laboral a la política. Muchos análisis de las obras clave de Karl Marx y Friedrich Engels sitúan a esta politización de los organismos y su subsistencia mediante subvenciones estatales como una de las imprecisiones de la teoría marxista que impidieron la puesta en práctica de su paradigma crítico del conflicto. Según Harold Kerbo, este comportamiento del Estado forma parte de una planificación económica en la que los sindicatos obtienen ganancias a cambio de controlar a la clase trabajadora en beneficio de los intereses de los capitalistas. En el examen que realiza de Marx, Kerbo asegura que el intelectual alemán de Tréveris olvidó esta y otras evoluciones del sistema cuando confiaba en el florecimiento de la propiedad colectiva a través de la revolución de los trabajadores. Aplicando el esquema teórico a la situación práctica observada en España, resulta curioso contemplar como una institución alumbrada desde las bases del marxismo como UGT puede llegar a atentar de motu propio contra sus orígenes ideológicos.