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Una semana después de licitar 18 millones para las europeas de 2014

El Estado español destina 12 millones de euros para consultas populares en pleno debate sobre el plebiscito soberanista en Cataluña

Diciembre 17, 2013

El acuerdo marco del Ministerio del Interior distribuirá material electoral conformado por “urnas electorales, cabinas electorales y soportes señalizadores, sobres, manuales de miembros de mesas e impresos electorales”
Independentistas catalanes llevan años afirmando que "hay marco legal" para hacer su consulta amparándose precisamente en las consultas populares
El coste destinado por esta partida de Interior es más de dos veces superior a la cantidad reservada por Artur Mas en su presupuesto para el referéndum catalán

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El ex presidente del Consejo de Estado de España (2004-2008), Francisco Rubio Llorente, dejaba claro la semana pasada en una entrevista concedida a un medio nacional con motivo del 35 aniversario de la carta magna española que “el derecho a decidir no cabe en esta Constitución. En ninguna”. Razón llevan las palabras del magistrado pacense, máxime en un momento clave de la progresión de la identidad nacional en el que muchos se empeñan en desdibujar la forma política del país. Según Rubio Llorente “el derecho a decidir cómo derecho de una parte de un Estado a separarse libremente no existe en parte alguna, salvo en los supuestos de autodeterminación, opresión o situación colonial”, situaciones que se escapan de la realidad nacional.

Muchas son ya las voces que increpan y ridiculizan, por ejemplo, la propuesta de Mas. Un plebiscito que comenzaba como un alegato a la independencia y que se ha convertido con el paso del tiempo en una consulta insensata y costosa (cinco millones de presupuesto) que amenaza con romper la frágil consistencia española y lo que es más importante: una consulta que nadie ha pedido. La cara más amarga de este suceso es que mientras unos -los catalanes- se empecinan en buscar la fórmula para plantearla con innumerables escisiones internas, otros -los vascos- especulan con una receta similar para 2015.

Licitación inoportuna

No por ello -por las neurosis independentistas que padecen algunos gobiernos- el pueblo español debe pagar procesos electorales que hagan retroceder a un territorio y al contexto nacional, en lugar de avanzar. El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz parece que ampara este tipo de procesos. Un ministro del Interior que es más noticia que nunca, por la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana y sus declaraciones tras la protesta del Congreso. Tras los disturbios y las siete detenciones declaró que esta nueva normativa permitirá “sancionar como procede” a los violentos. Pero no han sido las únicas declaraciones de Jorge Fernández Díaz en los últimos días, con respecto a la consulta de Cataluña afirmó que  la consulta soberanista no es para alegrarse y culpó de ello a “dirigentes irresponsables”, en alusión a CiU y ERC.

Pero mientras esto sucedía, el pasado 4 de diciembre, el BOE publicaba el anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior que tenía como objeto facilitar el material electoral necesario para producir estas manifestaciones civiles. El momento desde luego no es el más oportuno, ya que estos 12 millones (más del doble de lo reservado por Artur Mas para su consulta) van a parar a unas consultas que para muchos independentistas catalanes suponen el “marco legal” para la celebración de su referéndum.

Urnas, cabinas y todo lo necesario para consultas

 El Estado garantiza así, “la celebración de un acuerdo marco con los licitadores que concurran y resulten adjudicatarios de conformidad con el procedimiento de adjudicación establecido en el mismo, para la posterior adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 4 lotes (urnas electorales, cabinas electorales y soportes señalizadores, sobres, manuales de miembros de mesas e impresos electorales) con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco”. Para ello, el Ministerio del Interior prepara una partida cercana a los 12 millones de euros (11.476.850 euros), como presupuesto base de licitación. Tan solo una semana después de haber licitado más de 18 millones de euros para los “servicios de escrutinio provisional y otros servicios adicionales, así como los sistemas de comunicaciones necesarios para la realización de todas las actuaciones que se indican en el PPT con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. Otros comicios que al pueblo español parecen importarle más bien poco.

El Gobierno nacional debe plantear cuales son las cuestiones de estado que es necesario trasladar a los ciudadanos españoles. Las consultas, votaciones y plebiscitos injustificados pueden comportar una imagen inestable de un país que no encuentra la concordia interna y la administración adecuada de las competencias de su territorio. Comicios locales, autonómicos y nacionales cada cuatro años parecen suficientes oportunidades para poder decidir cómo se quiere ser gobernado. Esa es la verdadera autodeterminación.