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Con partidas destinadas a su integración, por un lado, y al retorno, por otro

El Estado destinará en 2013 cerca de 150 millones de euros en acciones a favor de emigrantes e inmigrantes sin contar con una política definida

Febrero 15, 2013
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Los movimientos migratorios humanos siempre ha sido un asunto escabroso para la gestión del estado de bienestar de los territorios nacionales. Sin embargo, parece innegable que existen estados que manejan mejor sus flujos de población que otros ya que como dijo Chillida en una ocasión, “un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera”. Esta afirmación es optimizada por grandes potencias del mercado como Alemania, Reino Unido o las grandes potencias emergentes, véase Brasil o China. El problema deviene cuando dentro de las políticas que rigen a un país afloran contrariedades y divergencias a la hora de acometer sus funciones. He aquí el caso español.

En los Presupuestos Generales del Estado, que extraconfidencial.com ha ido analizando pormenorizadamente a lo largo de las últimas semanas, figuran dos partidas económicas para 2013 destinadas al fomento de los movimientos migratorios humanos. Por un lado, las ‘Acciones a favor de los emigrantes’ dotadas con una inversión de 76.702.340 euros y por otro ‘Acciones a favor de los inmigrantes’ que contarán con un importe de 62.412.850 euros. En total, cerca de 150 millones (139.115.190 euros) dimanarán este año de las arcas del Estado para financiar el caso migratorio.

Política poco diáfana

Cinco años atrás se establecían por la Orden TAS/1043/2007, de 18 de abril, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, para poder efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de los programas de retorno voluntario que podrán ser objeto de financiación, y sus requisitos. Unas normas que parecen de frágil consistencia.

El 4 de julio de 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social –a través de la Dirección General de Migraciones- incrementaba el importe de las ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes en un 22% respecto a anteriores convocatorias, pasando de los 3 millones a los 3,7 millones. Estas ayudas están destinadas a inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por estar en riesgo de exclusión social, por tener necesidades específicas, por pertenecer a un colectivo de riesgo o por sus condiciones especiales. Todo ello con la intención de alcanzar un doble objetivo, garantizar el retorno digno de las personas y favorecer su reasentamiento en la sociedad de la que partieron, y tan sólo habiendo residido seis meses en España. Aunque este año hay otra novedad, el “programa de retorno voluntario productivo cofinanciado por el fondo europeo para el retorno”.

Apenas dos meses más tarde -el 25 de septiembre- el BOE desvelaba el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 30 de julio de 2012. Estas cuantías aprobadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez, señala una cuantía máxima de 20.752.364,94 euros, financiados con cargo a distintos créditos presupuestarios, y parte de ellos con ayuda de la Unión Europea, como uno de 7.644.394,94 euros, que será cofinanciada por el Fondo Social Europeo y otro por una cuantía de 11.333.000,00 euros que será cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración.

En definitiva, el Gobierno ha emprendido acciones de fomento a la integración de los inmigrantes y al retorno voluntario a sus países de origen simultáneamente, sin dejar claro cuál es su propósito en materia de inmigración. En este momento, 150 millones de euros sobrevuelan el dossier de los presupuestos para blindar emigración e inmigración, sin tener claro su destino final. Mientras otros convierten el éxodo en una solución, España se empecina en convertirlo en un problema.