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Tras la polémica suscitada por el rechazo a la retirada de las cuchillas de las vallas y el intento de pasar la frontera de Ceuta a nado

El Estado destina otro millón de euros para el mantenimiento de la frontera melillense, dónde se practican día tras día devoluciones irregulares de inmigrantes

Febrero 9, 2014
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No sólo es el qué -el rechazo a la retirada de cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla y la deportación de los inmigrantes africanos que llegan a través de ellas-, ni el cuándo -en un momento de máxima tensión nacional e internacional-, ni el porqué -porque el Gobierno central teme que este flujo migratorio aumente el desempleo y desplace al trabajador nativo o que incremente el gasto en la financiación de los servicios sociales (más personas, más subsidios)-. Ahora también es el cómo la cuarta variable que apunta directamente a la gestión que el Estado realiza de los lindes nacionales de Ceuta y Melilla.

Contra las verjas se sigue descuartizando la vida de miles de inmigrantes, como por ejemplo la de la oleada de subsaharianos que intentaron saltar la valla de Melilla en la madrugada del miércoles 15 de enero. En total, fueron unas 450 personas, de las cuales solo 60 personas indocumentadas lograron su objetivo. La Ley establece que los extranjeros que entren irregularmente en España serán conducidos “con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. El modo de hacerlo, la forma, clama al cielo. A los inmigrantes que la Guardia Civil “caza” antes de que lleguen a la Jefatura Superior de Policía, “son llevados de vuelta a los furgones hasta la puerta número A 13 de la verja de Melilla, un lugar vetado al tráfico civil, donde no hay cámaras de vigilancia y donde los inmigrantes suelen ser expulsados de noche en caliente”, como relata El País. El problema es que Marruecos ha llegado a un punto de no retorno en el que ya no acepta a más, bien por presión humana o bien porque están heridos. Ciudadanos de Dios. En junio pasado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió que se investigue la legalidad de estas acciones. Todavía se espera respuesta.

Lejos de retractarse de sus errores y corregir un proceso dañino para todos: gobernantes, emigrantes y ciudadanos del país de acogida, España se regodea en un sistema deficiente, peligroso y caro: el proceso sigue en marcha. Ahora, la Administración General del Estado, por medio de la subdirección general de Gestión Económica y Patrimonial ha adjudicado el contrato para la “obra de reforma consistente en la adecuación de las instalaciones del Puesto Fronterizo de Beni Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla”. La empresa adjudicataria –Acciona Infraestructuras S.A.- se llevará un total de más de 1 millón de euros (1.139.429,71 euros) por endurecer las trabas con las que se encuentran los inmigrantes en su intento por pisar Tierra Prometida. Por si fueran pocas. Un millón de euros largo que pagamos con impuestos todos los españoles, aunque estemos en contra.

Como agua de mayo

La beneficiaria, Acciona Infraestructuras, tiene como objeto social “la explotación del ramo de la construcción y realización por cuenta propia o de terceros, de proyectos inmobiliarios, tanto en lo que se refiere a edificación de bienes inmuebles como en lo relativo a su promoción”. Esta sociedad, una de las principales de la familia Entrecanales, cerró el ejercicio 2012 con una facturación de 1.545 millones de euros, un beneficio de 93,96 millones y unos activos de 2.443 millones. Ventas y trabajadoras han reducido sus cifras de modo drástico: en 2007 se alcanzaron los 2.771 millones de euros por ventas y el número de empleados  descendió de 7.134 en 2008 a 5.083 en 2012. No cabe duda que el acuerdo le viene como anillo al dedo a la empresa.

España se encuentra diezmada. Llena de heridas. Unas comienzan a cicatrizar, como la de la prima de riesgo o la del empleo. Otras, como la del conflicto independentista catalán se reabren. De entre todas ellas, la que más sangre vierte en este momento y la que más víctimas se cobra, es la de nuestro particular apartheid. La resignación ante las cuchillas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla comienza a cobrar forma, sobre todo al escuchar las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que asegura que “no existe una alternativa tan eficaz”. Nadie mueve un dedo por regular la situación. Un ministro que comparecerá esta semana de nuevo tras el polémico intento de pasar la frontera de Ceuta a nado que costó la vida de al menos 14 inmigrantes subsaharianos.