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Miguel Cardenal defiende al organismo que este año incrementará su presupuesto en un 6,65%

El CSD destina más de 30.000 euros a un socio habitual del Gobierno para la adquisición de trofeos mientras margina a los deportistas españoles

Diciembre 11, 2013

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, explicaba hace cosa de un mes cómo el presupuesto del organismo público para 2014 experimentará un alza del 6,65% llegando hasta los 80,1 millones de euros. Un presupuesto que él mismo definió como “austero” pero al tiempo, “una buena noticia” ya que el presupuesto se derrumbó en 2013 hasta los 75,1 millones -un 60% menos de ingresos que en el año de los Juegos de Londres-. Por lo pronto, Cardenal aseguraba que “ningún deportista dejará de representar a España por no poder sufragárselo”. La realidad que viven los deportistas españoles pinta harto diferente.

En febrero de este año, David Cal, el deportista olímpico español más laureado de todos los tiempos, anunciaba su marcha a Brasil, cansado de los continuos tijeretazos a su presupuesto. El lanzador de disco y plusmarquista español, Mario Pestano denunciaba hace poco la misma situación: “estoy planteándome la difícil decisión de abandonar el atletismo. Sin club, sin ayudas, así es complicado estar al más alto nivel. Triste”. La nadadora más relevante de la historia de España, Mireia Belmonte daba la puntilla al CSD: “si en España no me dan lo que necesito, me planteo irme a otros países”. 

Para medallas sí hay dinero, para lo demás no

Para iniciar el presupuesto de 2014, el CSD adjudicaba el pasado 25 de noviembre el contrato para “suministro de medallas y trofeos (incluido su diseño) destinados a la actividad deportiva estatal en deporte escolar y universitario”. El acuerdo ha sido firmado por más de 30.000 euros (33.553,3 euros). Una cantidad nada desdeñable que se aparta de la promoción directa de la práctica del deporte o la mejora de las condiciones de los atletas españoles.

El convenio no cumple con los principios de libre concurrencia al haber sido concedido a través de un procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Eurocebrián S.A. Una sociedad domiciliada en Godella (Valencia), que tiene como objeto social la compra y venta al por mayor y al por menor y fabricación de medallas, copas, trofeos deportivos, artículos de regalo o reclamos publicitarios. El pasado ejercicio 2011 cerró con una facturación 1,56 millones de euros, con unos beneficios de más de 22.500 euros. Además, la entidad que parece ser una socia habitual del Gobierno español. Esta empresa viene siendo la proveedora de las medallas para el “deporte escolar y universitario” al menos desde el año 2008 Pero no sólo eso, este mismo verano, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil le otorgaba un total de 72.526 euros para la “adquisición de condecoraciones correspondientes a la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Orden del Mérito Militar, con destino al personal de la Guardia Civil”.

Malos tiempos para el CSD

No corren buenos tiempos para el Consejo Superior de Deportes. Su caótica gestión está en boca de todos. Quizás el suceso más bizarro sea el de los paralímpicos de Sydney 2000. En aquellos juegos paralímpicos, la medalla de oro de la selección de baloncesto tras ganar la final a Rusia escondía un oscuro misterio. Las fotos publicadas por diferentes medios de comunicación destaparon la vergüenza: de los 12 integrantes del equipo tan solo 2 eran paralímpicos y a la gran mayoría ni siquiera se enfrentaron a control médico alguno para evaluar unas discapacidades ficticias.

El motivo de tal bochorno quedó bien reflejado en las palabras del entrenador Eduardo García: “Chavales, sin medallas no hay patrocinios ni subvención”. Con todo, una práctica tan infame por la que se pedían 2 años de cárcel para todos los acusados, se resolvió judicialmente como casi todos los procesos en España: un único condenado con una pena irrisoria y el resto de implicados yéndose de rositas. En esta ocasión la cabeza de turco fue la del presidente federativo, Fernando Sánchez Vicente, quien aceptó una multa de 5.400 euros por los delitos de estafa y falsedad en la Audiencia Provincial de Madrid.