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Garrido realizaba su labor en un monte oscense cuando un desconocido le atacó mientras otros le sujetaban

El crimen de la moto-sierra: la Justicia no ha castigado al asesino del guardia forestal Pascual Garrido, descuartizado hace 23 años

Marzo 30, 2014

Se sospechó de unos presos que trabajaban en la zona, pero no se pudo demostrar su implicación en el asesinato

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El guarda forestal Pascual Garrido encontró la muerte mientras atendía a un águila herida en una caseta situada en un lugar apartado de la sierra de Arguis, en Huesca. Su cadáver fue encontrado el 2 de abril de 1991. Presentaba un enorme tajo a la altura de la ingle que le ocasionó la muerte de modo inmediato, y tenía todo el abdomen abierto. El asesino le había atacado con una moto-sierra. El cuerpo de Garrido, de 28 años, fue localizado por un compañero en labores de Conservación del Medio Natural. Tenía los pantalones bajados y el jersey subido. Además de la herida mortal, presentaba un fuerte corte en la espalda y diversos desgarramientos por el cuerpo.

Las sospechas de la Guardia Civil se centraron desde el principio sobre un grupo de ocho presos de la cárcel de Huesca que el día del crimen realizaban, en régimen abierto, trabajos de formación forestal en la zona. Todos fueron interrogados y sus herramientas requisadas. También se tomó declaración al monitor que acompañaba a los reclusos en el cursillo y a varios funcionarios que estaban de guardia en la Prisión Provincial de Huesca la noche del crimen. Todos ellos exculparon a los presos. Dijeron que no habían observado nada anormal en su comportamiento, ni en la sierra ni a su regreso a la cárcel. Sin embargo, el juez solicitó al laboratorio pericial de la Guardia Civil un análisis de las prendas de dos de los reclusos, en las que se apreciaban restos de sangre.
 
El compañero de celda decide “cantar”
 
Los interrogatorios a los internos arrojaron un dato de interés: varios explicaron que, mientras realizaban las tareas de desbroce, observaron la presencia de dos presuntos traficantes de droga en la zona. El Instituto Armado arrestaba en Zaragoza a los dos sospechosos, identificados como Vicente Albardía y José Joaquín Ríos, con numerosos antecedentes delictivos. Albardía y Ríos comparecieron ante el juez y quedaron en libertad a continuación. Los análisis de la sangre de las ropas de los presos no ofrecieron conclusiones positivas ya que las prendas habían sido lavadas con líquidos abrasivos antes de ser intervenidas como prueba. El caso quedaba archivado.
 
Casi tres años después, un juzgado de Huesca reabría el caso y ordenaba la detención de siete personas. Se trataba de Albardía y Ríos, además del hermano del primero, Diego, que formaba parte del grupo de presos. También eran arrestados otros cuatro internos que realizaban el curso de aprovechamiento forestal el día del asesinato de Pascual Garrido. La Guardia Civil había obtenido nuevas pruebas incriminatorias tras la delación del compañero de celda de uno de los detenidos y filtraciones recabadas en los círculos marginales en los que éstos se movían.
 
Contradicciones en la instrucción: absueltos
 
Según la nueva hipótesis de trabajo, los sospechosos utilizaban la caseta forestal donde se cometió el crimen para recibir diversas cantidades de droga, que recogían cuando salían a trabajar a la sierra y que luego introducían en la cárcel. El nexo entre la prisión y el exterior eran los hermanos Albardía. El asesinato de Garrido obedecería a que fueron descubiertos por el guarda en plena compra-venta de estupefacientes.
 
También quedó a disposición judicial el monitor encargado del grupo de reclusos como presunto autor de una falta de negligencia al permitir que los internos estuvieran solos en Arguis durante amplios espacios de tiempo. El juez afirmaba en el sumario que, al menos, cuatro de los detenidos intervinieron directamente en el asesinato del guarda forestal. El relato de los hechos indicaba que los detenidos Diego Albardía y Francisco Muriel sujetaron a Pascual Garrido mientras que Alfredo Lafuerza esgrimía la moto-sierra con la que le descuartizó.
 
El arma del crimen nunca llegó a aparecer
 
Pero esta versión quedaba en entredicho por la constatación de numerosas contradicciones. Diligencias policiales probaron que era imposible que el compañero de celda del delator hubiese visto el crimen desde la posición en que se encontraba. Además, el informador se desdijo de sus acusaciones iniciales afirmando que era toxicómano y que tenía el mono cuando declaró. Con todo, el juez decidió procesar a seis sospechosos por asesinato con alevosía y ensañamiento y tráfico de drogas, al tiempo que ordenaba analizar unas ropas viejas que acababan de ser descubiertas en una casa próxima al lugar de los hechos.
 
El fiscal solicitó un total de 204 años de cárcel para los imputados y, tras un juicio que no aclaró nada, los seis sospechosos quedaban en libertad, absueltos del asesinato de Garrido, el 12 de abril de 1995. La sentencia reconocía que no es, ni mucho menos, imposible que fueran los acusados quienes ocasionaron la muerte. Pero, a continuación añadía que la sombra de duda, reforzada por la presunción constitucional de inocencia, obligaba a la Sala a absolver. Si alguno de los sospechosos había realmente cometido el asesinato, acababa de entrar, con esta sentencia, en el terreno de la impunidad. La moto-sierra con la que se cometió el asesinato nunca apareció. El centro de interpretación de la red natural de Arguis, donde se perpetró el crimen, fue rebautizado con el nombre de Pascual Garrido.
 
José Manuel Gabriel