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El coste de la independencia: Puigdemont se gasta 1,5 millones de euros en proteger el espacio de comunicación en lengua catalana y aranesa, al tiempo que Artur Mas será investigado por el gasto de otros 5 millones en la consulta del 9-N

Junio 6, 2017

Según la línea de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y organizaciones profesionales del sector de la comunicación para el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fomento del periodismo y al fortalecimiento del espacio catalán de comunicación

puigdemont parlament

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, no deja de recibir varapalos en su pretensión de recabar apoyos internacionales para celebrar el referéndum de independencia, una misión imposible. El último, de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, que aconseja en temas constitucionales. Esta institución ha dejado claro que cualquier consulta debe realizarse “de acuerdo con las autoridades españolas” y “de plena conformidad con la Constitución y la legislación aplicable”. La Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, presidida por Gianni Buquicchio, contesta así a la carta que le remitió Carles Puigdemont el pasado día 29 informándole de su pretensión de convocar un referéndum en Cataluña acordado con el Gobierno y de contar con el asesoramiento de este organismo. En la respuesta, al afirmar que todo referéndum debe “llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas”, rompe de nuevo su pretensión de hacerlo de forma unilateral.

Y es que a Carles Puigdemont se le ve el plumero. La eterna cuestión soberanista que sostiene el independentismo catalán está comenzando a perder su fuelle inicial y con la llegada del verano deja entrever uno de sus verdaderos cometidos: convertirse en el mejor sondeo sobre las futuras elecciones catalanas que se producirán por margen o por rotación. O bien se celebra el plebiscito y serán necesarias unas Elecciones constituyentes, o bien no se celebra y los comicios se anticiparán como cuestión de confianza y castigo a la pesadez secesionista de junteros y cuperos. Mientras tanto, Puigdemont continúa haciendo crecer su idilio con todo proceso consultivo que se pueda llevar a cabo, o no. Ahora plantea someter su comparecencia al Congreso de los Diputados, donde había sido invitado por el Gobierno español para explicar el referéndum, a un acuerdo previo entre los dos gobiernos, central y autonómico.

Gran variedad de acciones

Los bandazos de Puigdemont y de CDC contrastan abiertamente con la determinación del Gobierno presidido por Mariano Rajoy que confía en un final del procés secesionista poco traumático. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba esta misma semana que el Gobierno no negociará ningún referéndum de autodeterminación y ha avisado al presidente de la Generalitat de “que no tenga ninguna duda de que la legalidad va a ser preservada”. “Llevan a la sociedad catalana a una tesitura, pero realmente están pensando en unas elecciones”, ha explicado la vicepresidenta.

Pero parece que Carles Puigdemont sigue con su plan transversal y multidisciplinar que, además de insistir en la celebración del referéndum en todo escenario político que pueda (como el pasado 23 de mayo en la sede del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena)-, incluye una gran variedad de acciones entre las que se encuentra, como no podía ser de otra forma, el fomento de todo aquello que conlleve la divulgación de la cultura catalana, en detrimento de la española.

Así, la orden de 16 de mayo, publicada por la Consejería de Presidencia de la Generalitat, aprueba las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y organizaciones profesionales del sector de la comunicación para el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fomento del periodismo y al fortalecimiento del espacio catalán de comunicación. Entre estas acciones también destaca la llevada a cabo el pasado mes de abril para lanzar al extranjero obras de la literatura juvenil e infantil catalana, y de la que informó Extraconfidencial.com.

Esta línea de subvenciones, orientadas a la protección del espacio de comunicación en lengua catalana y aranesa, se justifica en las bases reguladoras reconociendo la importancia del “sector privado de la comunicación en lengua catalana y occitana-aranesa sólido y emprendedor, que contribuye día a día a la construcción del espacio catalán de comunicación”. Además, se advierte que “este sector se tiene que enfrentar a una situación de desventaja competitiva respecto a otros medios en otras lenguas con mayores expectativas de mercado. Por este motivo, su sostenibilidad depende en gran medida del apoyo de todo el tejido de entidades representativas, organizaciones profesionales y entes sin ánimo de lucro vinculados, el cual incluye, entre otros, los colegios profesionales, las asociaciones o las fundaciones. La actividad de todo este conjunto de entidades hace posible optimizar recursos y aprovechar sinergias, que permitan afrontar la situación de desventaja competitiva a que antes se ha aludido”.

Para sacar adelante esta orden, el Gobierno catalán dispondrá de un monto total de 1,5 millones de euros, una cantidad que se suma a otros muchos millones aportados desde las arcas públicas autonómicas a cometidos similares.

De hecho, es reciente noticia que el padre político de Puigdemont, Artur Mas, se encuentra bajo la lupa del Ministerio Fiscal que ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue si el ex presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, la ex consejera de Enseñanza Irene, Rigau y el ex diputado de Convergencia, Francesc Homs, incurrieron en responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en la consulta catalana del 9-N. Una consulta que a Mas ya le ha ocasionado más de un disgusto como su inhabilitación hace apenas tres meses por cometer desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional convocando dicho referéndum. ¿Volverá a ocurrir lo mismo con Puigdemont y con el referéndum de septiembre?

Doinel Castro