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La auditoría, relativa al ejercicio de 2011, revela graves fallos en el control interno y la actividad económica

El Consell de Comptes destapa 60 millones de euros pendientes de pago en el Ayuntamiento de Benidorm que motivaron su Plan de Ajuste hasta 2022

Marzo 22, 2013

La entidad, como informa la auditoría “no cuenta con un reglamento orgánico ni con un organigrama general”


Benidorm es noticia. Y no por lo idílico de sus playas o el clima revulsivo del levante. Sino más bien por las reminiscencias que el caso Ponferrada está retrotrayendo de aquella moción de censura orquestada en 2009 por el PSPV. Y es que ambos procesos parecen engendrados por el mismo óvulo. Por aquel entonces, el respaldo del tránsfuga del PP, José Bañuls, aupaba al sillón de alcalde al socialista Agustín Navarro, refrendado en su nuevo trono por la campaña demoledora -e incluso histriónica- emprendida por Leire Pajín, como secretaria general, y su madre desde la concejalía benidormense. Como Juan Palomo. El PSOE urde un plan infame y el PSOE se hace con una alcaldía no alcanzada por vox populi. Desde aquellas, parece que las cuentas no les salen a los representantes del consistorio de la capital turística de la Costa Blanca. Y para muestra, un botón. El Consell de la Sindicatura de Comptes viene de hacer público el informe de fiscalización sobre el control interno del ayuntamiento de Benidorm respectivo al ejercicio de 2011. En él se recogen mil y una irregularidades en la administración del gobierno municipal. Desidia en el control interno, agujeros en la actividad económica e importantes incumplimientos de lo legislado en cuanto a personal, contratos y subvenciones, son solo un bosquejo de las anomalías advertidas por el Consell en su intervención. De aquellos barros, estos lodos.       

Lo más llamativo, sin duda, son la cantidad de millones camuflados en un falso fondo insostenible. La liquidación del presupuesto de 2011 –ejercicio analizado- arrojó un remanente de tesorería para gastos generales negativo de casi 20 millones de euros que el Ayuntamiento de Benidorm ha dejado pasar como si quisiera verlo diluido en el tiempo. La justificación de esta inacción se centra en que “se estaba pendiente de conocer el alcance de la financiación obtenida en base al Real Decreto-Ley 4/2012”. En esta resolución se determinan las obligaciones y los procedimientos para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Sin embargo, como el Real Decreto Ley 5/2009 aprobado por Zapatero en su momento para sanear las cuentas de los Ayuntamientos más endeudados con empresas y autónomos, la codicia de los consistorios dio al traste con su eficacia. Según el informe del Consell a 31 de diciembre de 2011, 60 millones de euros se acumulaban en el cajón de los pagos pendientes: “existían obligaciones pendientes de pago, en el ámbito de la citada norma por un total de 58.188.460 euros de las que estaban sin aplicar al presupuesto 14.843.654 euros”. De este modo se hizo perentoria la necesidad de un Plan de Ajuste para los años 2012-2022 aprobado en junio de 2012 y financiado por el ICO.

La contabilidad de la entidad también flaquea. A pesar de que ser llevada al día, algunos trámites “se contabilizan sin tener en cuenta lo establecido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”. Ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011 se cumplió “en plazo con los trámites relativos al ciclo presupuestario”.

Control administrativo inexistente

La pasividad del Ayuntamiento de Benidorm en cuanto a su control administrativo es total. La entidad, como informa la auditoría “no cuenta con un reglamento orgánico ni con un organigrama general”. Este descontrol llega hasta tal punto que el consistorio se olvida de “dos organismos autónomos que no figuran en la información que ha suministrado el Ayuntamiento”. La indolencia con la que se abordan los trámites legales parece extenderse a toda la madeja gubernamental del gigante de la Marina Baja. Las asignaciones a los grupos municipales aprobadas con cargo a 2011 están cubiertas por un halo de secretismo ya que “no se ha dado información”, “ni si llevan una contabilidad específica” de las mismas “no sabiendo, por tanto, si se cumple con lo establecido en las normas legales”. La ley de transparencia –exigida a todos los Ayuntamientos- también es esquiva al patrimonio de los cargos electos, cuyo registro de intereses y bienes es ignoto “ya que los sobres que contenían esta información estaban cerrados”.

“dispone de una relación y una clasificación de puestos de trabajo no actualizada desde 1997”; por el otro la web de la entidad no recoge la “composición y funciones de los órganos de gobierno, las órdenes del día del Pleno, las actas de la Junta de Gobierno, el ciclo presupuestario, el endeudamiento o la estabilidad presupuestaria”.

Personal, subvenciones y contratos a la remanguillé

La normativa es burlada en el terreno de personal, las subvenciones y los contratos. En el caso del personal, se ha producido el “reconocimiento de trienios sin acuerdo que lo soporte, el pago de haberes sin crédito suficiente y adecuado y la concesión del complemento de productividad sin una valoración objetiva”-algunos indicios que pueden esclarecer cómo se llega a los números vistos líneas arriba-.

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm escapan a toda lógica. Según la auditoría el ente municipal podría otorgar subvenciones que superen el coste de la actividad subvencionada u otros pagos que no acrediten “la efectiva realización de la actividad subvencionada”, ya que en estos casos no consta la documentación que avale que se comprueben dichos aspectos. Otras subvenciones concedidas están todavía pendientes de justificar habiendo vencido el plazo para ello.

Los contratos firmados por el Ayuntamiento podrían haber estado motivados por la preferencia y no por la imparcialidad ya que “no se tiene constancia de que la selección de todos los contratistas se haya realizado según los principios de publicidad, concurrencia y transparencia”.

Un inventario obsoleto

El inventario del Ayuntamiento de Benidorm no cuenta con ninguna actualización ni comprobación aprobada desde el 31 de diciembre de 1993, fecha en la que fue validado. Además, “no todos los bienes inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad ni asegurados suficientemente”. Así también existen valores prescritos cuyo importe no ha sido facilitado. Más de 10 millones de euros (10.692.128 euros) anteriores a 2007 “podrían estar afectados por prescripción”.

Jesús Prieto