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POLÉMICOS ACUERDOS DEL CGPJ (II)
Según el órgano judicial, la utilización del masculino para referirse a los sexos "oculta" a la mujer

El Consejo ya implantó en 2007 normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo

Julio 10, 2008

En enero de ese año publicó los “Criterios para la adaptación del lenguaje administrativo a la realidad social”
 
“Se advierte que el lenguaje utilizado no es siempre respetuoso con el principio de igualdad y supone en muchos casos el ocultamiento de la realidad, que en el caso del personal al servicio del Consejo, es mayoritariamente femenino”
 
El personal al servicio del Consejo es mayoritariamente femenino


En nuestra edición informamos de parte del contenido de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del pasado 27 de febrero. La más sorprendente a nuestro juicio: como este órgano judicial autorizaba “un gasto máximo de 32.432 euros con cargo al programa 111.0, para financiar los costes derivados de las actividades de aprendizaje del Euskera correspondientes al ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en la cláusula Tercera.2 del Convenio suscrito a tal fin con el Gobierno Vasco”. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, el CGPJ se colocó a la vanguardia en lo que se refiere a la igualdad.
El idioma español se ha puesto más de moda que nunca: el polémico Manifiesto en Defensa de la Lengua Española y la propuesta de la ministra de la Igualdad, Bibiana Aído, a la Real Real Academia Española de incluir la palabra miembra en el Diccionario. Pues bien, el Consejo se anticipó ya hace bastantes meses. En enero de 2007 publicaba los “criterios para la adaptación del lenguaje administrativo a la realidad social”.

El personal al servicio del Consejo es mayoritariamente femenino

Todo se remonta a una sesión del Pleno del CGPJ de febrero de 2005 en la que acordaba la creación de una “Comisión para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la Judicatura” y que tenía como objetivo diseñar políticas judiciales que contribuyan a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones en la Carrera Judicial Española. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Según consta en el documento referido, el Consejo examinó los formularios y los diferentes tipos de documentos administrativos empleados por el CGPJ en su relación con los miembros de la carrera judicial, así como en los de uso de circulación interna. Conclusión, aunque dos años más tarde de la creación de la Comisión, se advierte que el lenguaje utilizado no es siempre respetuoso con el principio de igualdad y supone en muchos casos el ocultamiento de la realidad, que en el caso del personal al servicio del Consejo, es mayoritariamente femenino”.
Con esta conclusión optó por instar a los servicios del órgano judicial a la adopción de unas normas mínimas comunes para “evitar la discriminación de la mujer en nuestro lenguaje administrativo. A saber:
 
“Plantear la diferenciación del uso del masculino y del femenino en la designación de profesiones y actividades para las que se viene empleando tradicionalmente el masculino. La utilización sistemática del masculino, en singular o plural, para referirse a los dos sexos no consigue siempre representarlos, creando ambigüedades y confusiones en los mensajes y ocultando a la mujer”. Y para tal fin propone: juez/jueza; magistrado/magistrada; letrado/letrada; secretario judicial/secretaria judicial.
 

“Familiarizarse con un uso no sexista de nuestra lengua”

Segunda decisión. Incluir en aquellos sustantivos de doble terminación su acepción femenina: interesado/interesada; alumno/alumna; colaborador/colaboradora ó comisionado/comisionada. Y, como último consejo, acudir al uso del artículo: para suplente, el/la suplente; para declarante, el/la declarante. “De este modo, concluye el CGPJ, en el uso diario que se hace de formularios, impresos y diversos documentos administrativos, el personal del Consejo se familiarizará con un uso no sexista de nuestra lengua y con los cambios que va demandando la sociedad actual”.
 
Tan sólo dos preguntas: ¿Se cumplen las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial en la Judicatura española? ¿Cuánto dinero habrá costado a la administración judicial estos cambios tan necesarios?