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Examen de sus cuentas del año 2010

El Consejo Económico y Social paga a sus consejeros un millón de euros más que lo estipulado por Real Decreto

Enero 29, 2013

Según el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, el CES supera en un 574% la compensación prefijada por representante y año
Seguros que cubren accidentes extraoficiales, cobros de dietas por sesiones innecesarias o incomparecencia de los consejeros cuestionan la rectitud del CES

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El Tribunal de Cuentas viene de hacer público el Informe de Fiscalización del Consejo Económico y Social, correspondiente al ejercicio de 2010. Por aquel entonces, al igual que ahora, Marcos Peña –licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e Inspector Técnico de Trabajo y de la Seguridad Social-, dirigía los mandos del alto órgano consultivo.

Según sus principios y funciones, el Consejo Económico y Social concede dos tipos de compensaciones económicas, unas para resarcir a los Consejeros por las asistencias a las reuniones de sus órganos colegiados y otras para compensar a las organizaciones y expertos que forman parte del Consejo, por las actividades que realizan vinculadas al mismo. No obstante, el informe del Tribunal de Cuentas declara que el 75,15% de los pagos por las asistencias a los órganos colegiados del Consejo -402.882,93 euros- fueron satisfechos por el Consejo Económico y Social a las organizaciones que representaban a los Consejeros y no a los propios Consejeros. De acuerdo con los principios del CES, estas organizaciones ya tienen asignadas compensaciones por la realización de actividades vinculadas al Consejo Económico y Social, lo que implica que las organizaciones sindicales y profesionales, bajo las que operaban los consejeros, perciban una doble compensación. Así, desde el Consejo Económico y Social se deja al libre albedrío de las organizaciones el destino final de las partidas recibidas. De cualquier modo, estos pagos realizados directamente a las organizaciones atentan contra el Real Decreto 462/2002, el cual establece que los pagos concedidos a los consejeros deben ser únicamente de ámbito “personal”, siendo por tanto aplicable sólo a las personas físicas pero no a personas jurídicas. El Consejo Económico y Social se salta esta norma a la torera, evadiendo los mecanismos de control exigidos.

Sesiones sinsentido 



Además, debido a la falta de comunicación con el Ministerio de Administraciones Públicas de turno, se permite que los consejeros reciban compensaciones por un importe anual superior al 40% de sus retribuciones –algo prohibido por Real Decreto-, ya que la verificación del cumplimiento de los límites establecidos resulta imposible. El apunte, si cabe, más flagrante reside en la incomparecencia de los consejeros a los plenos del CES, actividad en la cual radica su compensación dineraria. La asistencia de los consejeros al conjunto de las reuniones del Pleno –celebradas en 2010- representó el 79%.


El Tribunal de Cuentas ha constatado también anomalías en numerosas sesiones. Para el nombramiento del presidente fue convocada una sesión extraordinaria sin causa alguna o razón de ser -lo cual duplicó los pagos devengados a los consejeros- causando un sobrecoste de más de 21.000 euros. El Tribunal de Cuentas calificó esta práctica con tintes de artificio como “contraria al principio de economía que debe regir en la gestión de los fondos públicos”. El dossier del Tribunal de Cuentas también apunta cómo el CES suscribe cada año seguros de vida y de accidentes a favor de sus Consejeros que incluyen “accidentes extraprofesionales, es decir, los acaecidos en la vida particular y privada del asegurado”.  

Pagos de un 574% más

Debido a esta sin número de errores, el Tribunal aconseja al Gobierno a través del documento a incluir a los órganos colegiados del CES en el Real Decreto que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las distintas organizaciones sindicales y empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De este modo, se cumplirá con la necesidad de ajustar normativamente la auténtica naturaleza jurídica de las compensaciones económicas”. La sugerencia no es gratuita. El informe de fiscalización revela una diferencia de 573,7% superior entre la compensación estipulada por representante y año de 2.838 euros, y la recibida por las organizaciones que ronda los 20.000 euros por el mismo concepto. El ahorro que se conseguiría ascendería a cantidades que rozarían el millón de euros (879.174 euros anuales).

El presidente del CES, Marcos Peña, aseguraba en una reciente entrevista que “450.000 jóvenes españoles que no estudian ni trabajan suponen una bomba de relojería a la puerta de casa”. El diagnóstico parece claro y deprimente. Las soluciones, una de ellas, la creación de empleo. Un millón de euros sería una cantidad nada desdeñable para incentivar la empleabilidad de los jóvenes del país.

Jesús Prieto