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El Consejo de Transparencia tapa a Correos en su negativa a informar sobre los gastos de la presentación del sello conmemorativo de Rocío Jurado

Diciembre 7, 2016

El argumento utilizado por el organismo público presidido por Esther Arizmendi Gutiérrez, es que, “dada la vía en la que han sido remitidas las preguntas planteadas por el hoy reclamante” (2 correos electrónicos), “parece razonable la contestación de la Administración en vía de alegaciones, en el sentido de que desconoce haber recibido la solicitud de acceso, razón por la que no ha podido contestarla”.

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El pasado 22 de abril, de la Sociedad Estatal Correos presentó en el Teatro Real un sello conmemorativo como homenaje a la figura de Rocío Jurado que reproduce una bella imagen de la artista, con un disco de oro y un novedoso troquelado en forma semicircular. Tiene un valor postal de 0,57 euros y una tirada de 240.000 ejemplares. Al acto, asistieron, entre otros, el subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín, la hija de la artista, Rocío Carrasco Mohedano, el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin y el cantaor flamenco Miguel Poveda León. Una presentación realizada con dinero público que sirvió para que personajes privados sacaran provecho del mismo para relanzar su imagen y quién sabe si para su bolsillo.

Por todo ello, Extraconfidencial.com se puso en contacto en reiteradas ocasiones con el departamento de Comunicación de Correos, remitiendo a sus responsables de comunicación dos correos electrónicos sin que contestaran a ninguna de las siguientes preguntas:

– ¿Cuál ha sido el motivo de la elección de Rocío Jurado como imagen de un sello conmemorativo?

– ¿Este sello ha conllevado algún pago de Correos hacia los herederos de la cantante?

– ¿Qué tirada y precio tienen los citados sellos?

– ¿Qué coste tiene para Correos el alquiler del Teatro Real para presentarlo?

– ¿Se encargará Correos de organizar tal evento?

– ¿Cobrará alguno de los invitados famosos a la presentación?

– ¿Qué coste total tiene la presentación?

Extraconfidencial.com consideró que este silencio a informar por parte de la Sociedad Estatal presidida de Juan Cuesta Nuin era contrario a la normativa actual ya que, tal y como se señala el artículo 8 de la Ley de Transparencia que rige a los organismos públicos, toda Corporación de Derecho Público (como lo es Correos) debe informar sobre “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Tras remitir la información en dos ocasiones, ya que el Consejo de Transparencia alegó no haber recibido la misma en una primera ocasión, y anexar los correos electrónicos enviados a Correos el 22 de abril de 2016 y el 25 de abril de 2016, el Consejo de Transparencia ha decidido no obligar a la Sociedad Estatal a ofrecer esta información, con unos argumentos más que sorprendentes.

“El correo electrónico no es un método válido de petición de información”, según el Consejo de Transparencia

En su respuesta, firmada por la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez, reconoce en primer lugar nuestro derecho a información. En concreto señala como “La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas”

Pero a la hora de razonar su negativa utiliza unos argumentos como mínimo chocantes. En primer lugar, que la solicitud de información “no va dirigida ni directamente a CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. ni al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino que se trata de un correo electrónico en los que se identifican 4 personas físicas – 2 de ellas con el dominio correos.com y otras dos con el dominio extraconfidencial.com.”

Como es normal, toda comunicación habrá que dirigirla a un individuo, no a una entidad, que, por supuesto, trabaje o represente en el organismo al que se le solicita la información. En el caso de las tres personas en total dirigidas en los dos mails enviados (no dos como afirma la resolución del Consejo de Transparencia), que “identifican” con el dominio “correos.com” están Alicia García Cabestrero y María Jesús Petite, que como pueden observar en las dos capturas adjuntas de sendas notas de prensa de la Sociedad Pública, trabajan en la Dirección de Comunicación de Correos:

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captura-de-pantalla-2016-12-04-a-las-17-54-20La otra persona, Aurora Velasco, es el contacto habitual como pueden ver en el caso de eventos relacionados con filatelia.

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El segundo argumento es también sorprendente ya que desautoriza el uso del correo electrónico como método válido de solicitud. En concreto, alegan: “Por ello, a nuestro juicio, y dada la vía en la que han sido remitidas las preguntas planteadas por el hoy reclamante, parece razonable la contestación de la Administración en vía de alegaciones, en el sentido de que desconoce haber recibido la solicitud de acceso, razón por la que no ha podido contestarla. En estas circunstancias, debe inadmitirse la presente Reclamación, puesto que la previa solicitud de acceso a la información no ha sido debidamente presentada y no cumple con los requisitos legales para surtir efectos”.

No solo aceptan el mero argumento de “no lo he recibido” para no admitir una reclamación cuando el correo electrónico no es sólo una manera fehaciente y segura de comunicación, sino que también deja una trazabilidad de entrega perfecta. Todo ello sin ni siquiera solicitar a Extraconfidencial.com ni a nuestro proveedor de servicios de correo electrónico si recibimos alguna notificación de error o no entrega del mismo y tampoco requerirnos la información que si puede confirmar la recepción por parte de tres trabajadoras de la empresa pública.

Con todo ello el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a pesar de lo que afirma, vuelve a ponerse del lado del Estado y no del ciudadano, en este caso tapando a Correos y Telégrafos SA y a su presidente Juan Cuesta Nuin. ¿Qué tendrán que ocultar?