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LA JUNTA DE EXTREMADURA, EN LA PICOTA (I)
Como ya denunció el Tribunal de Cuentas en su Informe correspondiente a los ejercicios 2004-2005

El Congreso tarda más de un año en requerir a la Junta de Extremadura que evite graves irregularidades en su gestión

Marzo 7, 2011

Ponderar la valoración del precio de las ofertas y corregir las deficiencias detectadas en los contratos, son algunas de las advertencias de la Comisión Mixta para las Relaciones con el TC

También exige completar el inventario de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma para que “las cuentas de balance y de resultado sean reales y no ficticias”


El 30 de junio de 2009, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, rubricaba el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2004 y 2005. Una Junta gobernada entonces por el barón socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sustituido en el 2007 por el actual, Guillermo Fernández Vara. Ese mismo mes, el TC remitía a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el citado Informe.

Y seis meses después, exactamente el 30 de noviembre del pasado año, el BOE publicaba una Resolución de las Cortes Generales en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad extremeña a la adopción de distintas medidas que eviten las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. Anomalías que, por su cantidad, son difíciles de resumir aunque podrán informarse de las más significativas en esta y próximas ediciones de Extraconfidencial.com

Prácticas irregulares

Y como muestra un botón: los 8 consejos del Congreso y el Senado, es decir, el Gobierno, para erradicar las malas prácticas administrativas de la Junta. Textualmente son las que siguen:    

1. En el cumplimiento del principio de economía en la contratación, pondere de forma adecuada la valoración del precio de las ofertas.

2. Corrija las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en los contratos que han sido objeto de examen, especialmente con relación a los criterios de adjudicación y, en todo caso, cumplir escrupulosamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Se implante lo más rápidamente posible una contabilidad adecuada para los gastos de financiación afectada, para conseguir que sea real y no ficticio el superávit o el déficit que arroje la propia cuenta.

4. Se complete la normalización contable de la provisión por insolvencias.

5. Se contabilicen por separado las cuentas de los diferentes Organismos y no integradas en la Cuenta General de la Comunidad de Autónoma, a fin de conseguir la necesaria claridad en todas ellas.

6. Lleve a efecto la exigencia del Tribunal de completar el inventario de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma con una valoración actualizada y completa de los mismos para que las cuentas de balance y de resultado sean reales y no ficticias.

7. Acelere los procesos de concesión de subvenciones y ayudas resolviendo en plazos adecuados los oportunos expedientes.

8. Efectúe las auditorías externas correspondientes a las diversas entidades integrantes del sector público, autonómico o municipal.

 Vamos, que a juzgar por las exigencias, las cuentas de la Junta gobernada por Rodríguez Ibarra hizo de su capa un sayo. Y su sucesor, Fernández Vara, ha podido seguir con esas prácticas de gestión y administración a todas luces irregulares. Pero eso lo sabremos dentro de cuatro o cinco años o quizás antes, si el Partido Popular se hace con la Presidencia de la Junta de Extremadura.