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LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DE LOS REGISTRADORES (y II)
Gracias a la intervención de Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue alcalde de Madrid, el CORPME logró la concesión de su nuevo edificio de Registros levantado sobre suelo industrial

El Colegio de Registradores insiste en su confusión público-privada: su empresa inmobiliaria (IICRE S.L.), amplió capital en 2009 para generar beneficios a sus miembros a través del alquiler de sus sedes

Octubre 17, 2014

La operación estaba abierta en exclusiva a los registradores de la propiedad y mercantiles, excluyendo a empleados y terceros
El arancel cobrado al ciudadano se destina a aportar fondos a la sociedad IICRE S.L. y por otro, a pagar caros alquileres a la misma sociedad con el objetivo de “conseguir beneficios crecientes y recurrentes para entregar a los registradores que suscriban la ampliación de capital”
El precio de los alquileres de las sedes de los Registros se descuenta del 40% del precio del arancel que se reparte entre todos los trabajadores, no del 60% que se lleva el registrador


Hace escasos días Extraconfidencial.com alertaba acerca de la displicencia acometida en las prácticas realizadas desde la Justicia española. En este caso, el yerro se encontraba en el proceso que convirtió al edificio sito en la calle Alcalá 540 -en el distrito de San Blas-, en el nuevo edificio de los Registros de Madrid. ¿El problema? Que tal inmueble se halla sobre un terreno calificado como solar industrial -de clara índole privada-, y el servicio ofertado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) es palmariamente público. Una supuesta prevaricación que estaría basada en un tráfico de influencias tejido por el ahora ex ministro de Justicia y por aquel entonces alcalde de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón. 

Sin embargo, indagando en la historia de esta Corporación de Derecho Público reconocida por el Estado español, se pueden encontrar otras prácticas que debieran provocar el sonrojo del CORPME, que podría haber instaurado en España una auténtica plataforma de corrupción inmobiliaria financiada por todos los españoles que paguen sus servicios de registro con el arancel impuesto.  

Empresa a medida de los Registradores

El escándalo del Edificio sito en la calle Alcalá 540 destapó otro suceso de cierto corte inmoral que ya se estaría producido de antemano. Hablamos de la ampliación de capital de IICRE S.L., una sociedad inversionista propiedad de los Registradores de la Propiedad que tiene como fin el alquiler de inmuebles a todos los registros de la propiedad. Esta expansión de IICRE realizada en 2009 podría aportar una pista de cómo opera el Colegio de Registradores y su sociedad de inversión en el negocio cuasi fraudulento de los alquileres. La operación estaba abierta en exclusiva a los registradores de la propiedad y mercantiles, excluyendo a empleados y terceros y, lo que es peor, recortando sus derechos para poder ampliar los beneficios de los primeros.

Esta práctica provocó denuncias al Colegio de Registradores que solicitaban la “disolución y liquidación de la sociedad IICRE S.L. -Inversiones Inmobiliarias Colegio de Registradores de España S.L.- por darse una causa legal (ser contraria a las leyes) con destino de su patrimonio al cumplimiento de los fines propios del servicio público registral”.

¿En qué estaba motivada la denuncia? Básicamente en la ilegalidad que representa que el arancel pagado por los ciudadanos por los servicios prestados en cada registro no sea utilizado para satisfacer los propios gastos del registro y si para otros fines oportunistas y especuladores, esto es, corromper la Ley de Tasas y Precios Públicos que expone que los ingresos obtenidos por cada Registro “quedan afectos al pago de sus gastos y a la retribución profesional del Registrador” y no “destinados a que una sociedad mercantil obtenga beneficios que sean repartidos en forma de dividendos entre todos los registradores de España”.

Estos beneficios son procurados a través de la ampliación de capital ofrecida a todos los registradores de la Propiedad y Mercantiles en la sociedad IICRE S.L. El negocio lucrativo denunciado consiste en la adquisición de diversos locales cuyo destino es ser alquilados a los propios Registros de la Propiedad, y todo ello, con el dinero pagado por los ciudadanos para compensar los servicios ofrecidos por los Registros. Así, el arancel cobrado al ciudadano se destina por un lado, a aportar fondos a la sociedad IICRE S.L. y, por otro, a pagar caros alquileres de la sede del Registro a la misma sociedad IICRE S.L. con el objetivo de “conseguir beneficios crecientes y recurrentes para entregar a los registradores que suscriban la ampliación de capital”. De este modo, una sociedad unipersonal de una entidad pública corporativa, a través de esta operación se convertía “en un negocio mixto donde van a entrar también los registradores de la propiedad y mercantiles, en cuanto personas físicas inversoras”.

La carga, al ciudadano

Al igual que lo ocurrido en el edificio sito en la calle Alcalá 540 -sede actual de los Registros-, el cual se cimentó sobre un suelo calificado como industrial para su uso dotacional de servicios públicos, en este caso, la confusión carga de nuevo contra el Colegio: con la ampliación de capital, unos inversores privados (casualmente todos Registradores), participan en un negocio confundiéndose los aspectos públicos y privados; es decir, a través de un servicio público se consiguen pingües intereses privados para ellos.

En otras palabras: esto supone un fraude en toda regla al colectivo de los trabajadores de los Registros de la Propiedad y Mercantiles que ven aminorados enormemente sus nóminas. El cálculo es muy sencillo: de los ingresos obtenidos en los Registros (una vez descontados los gastos de oficina), el Registrador se queda con un 60% de los ingresos y el restante 40% se reparte entre todos los trabajadores. El éxito de la operación reside en el precio de los alquileres de las sedes de los Registros, que se cobra a cada registrador pero éstos, en lugar de restarlo a su 60%, lo hacen sobre el 40% a repartir entre todos los trabajadores de cada Registro. Mientras, los suculentos dividendos obtenidos de la ampliación de capital, solo repercuten en el registrador que previamente ha esquilmado los derechos de sus trabajadores.   

La privatización como meta encubierta

No ha sido esta la única vez que desde el Gobierno se ha intentado privatizar el sistema de Registros. En 2013, siendo ya ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se anunciaba la Reforma Integral de los Registros que encomendaba la administración del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, enajenándola de los jueces y poniendo la primera piedra para cobrar al ciudadano por trámites otrora gratuitos.

La presión ciudadana y el clamor público consiguieron frenar los pies de una reforma que ya nunca se aprobaría en aquellos términos y que conservaría la gratuidad de los trámites registrales civiles pero, ¿hasta cuándo?