Menú Portada
Mientras clama contra la pérdida de derechos que contempla la Reforma Judicial

El CGPJ externaliza la administración de datos de legislación y jurisprudencia por más de 500.000 euros

Abril 21, 2013
pq_930_Consejo-General-Poder-Judicial.jpg

Cierto es que el órgano judicial español no atraviesa un momento dulce, debatiéndose entre la autonomía íntegra o la cesión de su control al Poder Ejecutivo. La Judicatura en pleno sitúa la horca alrededor del cuello del ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, al que consideran culpable de la pérdida de derechos que viven los jueces y magistrados.  

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ésta tentativa del Gobierno español por medio del Ministerio de Justicia pretende el “desapoderamiento de importantes funciones” de los jueces y mantiene la “evidente intención de subordinar a los miembros del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, retrocediendo en la salvaguarda de la independencia judicial”.

Sin embargo, a pesar de sus amargas quejas, el CGPJ parece por veces apoyar el desmantelamiento de sus privilegios desde su interior. Esa es la impresión que deja en la sociedad el último anuncio de su Secretaría General en el BOE. ¿Contra Gallardón o con él? 

Externalización de un servicio básico para la Justicia

El pasado martes 9 de abril el Boletín Oficial del Estado divulgaba el anuncio del Consejo General del Poder Judicial por el que se hacía público el acuerdo para contratar proveedores que se ocupen del suministro de la información de legislación y jurisprudencia a los miembros del propio Consejo; esto es, externalizar la administración de los datos jurídicos. Algo que bien podrían hacer los propios funcionarios del órgano judicial y no tener que destinar más de medio millón de euros -543.168 euros exactamente-, con un plazo de ejecución de 25 meses.

A través del anuncio en el BOE de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de marzo de 2013, “se anuncia el procedimiento abierto para la contratación, mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores, para el suministro de acceso a bases de datos jurídicas de legislación y jurisprudencia para su utilización por el Consejo General del Poder Judicial y los miembros de la carrera judicial”.

Quizás, el punto de mayor escarnio que contempla el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial sea para los propios jueces aquel que escamotea su potestad para regular las condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes de los jueces. Un punto al que el CGPJ le acaba de poner precio y plazo. Medio millón de euros a 25 meses.

Jesús Prieto