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Según el informe de fiscalización sobre el control interno relativo al ejercicio de 2011

El Ayuntamiento de Sagunto precisa cuatro reconocimientos extrajudiciales de crédito, un plan de ajuste y un Real Decreto para satisfacer los más de 5 millones de euros reclamados por los proveedores

Junio 26, 2013

Dos operaciones de crédito por un importe cercano a los 2,5 millones de euros fueron realizadas en el marco del  Real Decreto Ley 4/2012
“La contabilidad no se lleva al día” y, por otro lado, “la contabilización de todos los hechos económicos no se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados”

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No soplan vientos propicios para la localidad valenciana de Sagunto. El pasado viernes se celebraba en la ciudad murviedresa una reunión trascendental para su futuro. Según informa Comisiones Obreras, la resolución de la misma fue “la decisión menos favorable a los intereses de los trabajadores de la planta de Sagunto y su comarca”, hablamos del cierre de la filial que la multinacional Thyssenkrupp Steel mantenía abierta en el municipio saguntino hasta hace tan solo cinco días y que daba trabajo a 165 empleados. La reunión de Duisburgo, en la que se entrevistaban los responsables de la compañía y sus trabajadores, sentaba como un jarro de agua fría a la ya debilitada economía local. Y es que el Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Sagunto, relativo al ejercicio de 2011, deja al descubierto numerosos errores en la gestión de los fondos públicos. Para muestra, un botón. El Consell de la Sindicatura de Comptes realizó el mismo estudio referido al mismo período en los ayuntamientos de Alcoy, Benidrom, Elche y Torrevieja, además del presente informe sobre Sagunto. La puntuación media obtenida por el consistorio regido actualmente por el popular Alfredo Castelló es netamente inferior a la cosechada por el resto de cabildos. El Ayuntamiento ha obtenido una puntuación global de 8.146 frente a 8.802 que ha supuesto la puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa”.

El caos administrativo que vive el municipio murviedrés bebe, en gran medida de su situación económica. La imposibilidad de hacer frente a las obligaciones financieras del Ayuntamiento condujo a sus gestores a una situación crítica que derivó en la aprobación de cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe cercano a los 2 millones de euros (1.875.771 euros). Además, según el Consell de la Sindicatura de Comptes, casi medio millón de euros (414.404 euros) comparecerían como obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2011.

No obstante, a pesar de la aprobación de los créditos complementarios, la situación económica seguía siendo insostenible. El gran problema residía en los más de 5 millones de euros (5.430.761 euros) que los acreedores del ayuntamiento reclamaban como pendientes de pago. En concreto y tras el estudio del interventor, el Ayuntamiento presentaba unas deudas con los proveedores que se cuantificaban en más de 2 millones de euros respecto a la relación certificada colectiva y un importe pendiente de aplicar al presupuesto de más de un millón. Para combatir tales compromisos, otra capa de barniz: un plan de ajuste, con distintas medidas a aplicar, aprobado por el Pleno de la Corporación e informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dos meses más tarde, el gobierno local de Sagunto tomaba la decisión de acogerse a “las medidas previstas en el Real Decreto Ley 4/2012, de 2 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales” a través de una operación de crédito “por un importe de 2.115.853 euros a diez años, con dos de carencia y a un tipo de interés del 5,9%”. Además, el Ayuntamiento habría concertado una nueva operación de crédito “de 156.482 euros en la ampliación del periodo de pago a proveedores”.

El origen de las pérdidas

En cuanto a la información económica financiera, el control de los números no es analizado ni regular ni pormenorizadamente. La contabilidad no se lleva al día” y, por otro lado, “la contabilización de todos los hechos económicos no se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo los que se recogen en el Plan de contabilidad, los pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado”. Debido a la falta de exactitud en las cifras del ayuntamiento, éste “no ha sido capaz de aprobar el presupuesto de los ejercicios 2010 y 2011, teniendo que prorrogarse el presupuesto para 2009, último aprobado”.

La liquidación del presupuesto de 2010 arrojó un remanente de tesorería negativo para gastos generales de casi un millón de euros (905.552 euros) para los que no se aplicaron las medidas previstas del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Debido a ello y a la situación deficitaria de las cuentas del cabildo, “se propuso al Pleno del Ayuntamiento unas bajas de créditos por anulación por importe del remanente de tesorería negativo para gastos generales que no fue aprobado por este órgano”.

Jesús Prieto