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LA GESTIÓN MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA AL DESCUBIERTO (II)
La Cámara de Cuentas señala distintas irregularidades en los procesos de contratación del municipio madrileño

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid prorrogó contratos con sus socios empresariales sin llegar a conocer en detalle el objeto de los mismos

Diciembre 11, 2013

La inclusión de topes máximos de valoración en los criterios de adjudicación produce que proposiciones diferentes obtengan la misma puntuación o prevalezcan los criterios subjetivos sobre los objetivos
Al usar “criterio de territorialidad”, restringió la competencial algo que también conseguía incluyendo la obligación de acreditar experiencia en servicios que no “implican dificultades de ejecución”

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La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha publicado la auditoría realizada al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, correspondiente al ejercicio de 2011, poniendo en entredicho muchos de los puntos de la administración ejecutada por IU en la figura de su alcalde José Masa Díaz. Extraconfidencial.com anunciaba en su edición de ayer algunos de los puntos de mayor escarnio para la gestión del consistorio, sin embargo, otros quedan todavía por destapar. Uno de los ángulos más sangrantes del informe de la Cámara descansa en los procesos de contratación del Ayuntamiento, que adolecen de numerosas irregularidades.

En primer lugar, los órganos de contratación no realizan un adecuado estudio y planificación de las necesidades a satisfacer mediante los contratos celebrados, debido a que la determinación del objeto y duración de la prestación es insuficiente para satisfacer las necesidades de la Administración. De este modo se celebran contratos sucesivos con los mismos contratistas para realizar la misma prestación, aunque no siempre se produzcan fraccionamientos en sentido estricto. Todo ello contrapone a los artículos 22 y 23 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que exigen una descripción detallada de todos los elementos de la prestación objeto del contrato para adecuarse a la necesidad administrativa que se va a satisfacer, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación y el precio debe fijarse sobre el tiempo de su duración.

Coerción de la libre competencia

También se detecta la inclusión de topes máximos de valoración en los criterios de adjudicación, ya que su aplicación produce que proposiciones diferentes obtengan la misma puntuación o prevalezcan los criterios subjetivos sobre los objetivos. Es decir se igualan propuestas que objetivamente son mejores pudiendo elegir inferiores. Tampoco “procede” incluir el “criterio de territorialidad”, ya que restringe la concurrencia. Igualmente incluyen criterios que no proceden como “experiencia” en servicios que no “implican dificultades de ejecución”.

Por último la aplicación de gestión y tramitación de los contratos menores no ha evitado el “fraccionamiento de este tipo de contratos durante el periodo fiscalizado y que, en ocasiones, se hayan reconocido facturas por prestaciones de servicios y suministros sin la cobertura de un contrato”.

Un camino desviado

El carácter díscolo de Izquierda Unida parece haber ido más allá de la administración de sus dominios, hasta el punto de enfrentarse con el contexto de la política general. El viernes pasado, mientras todo el país celebraba el 35 aniversario de la carta magna, IU decidía sumarse a los independentistas en su boicot a los actos de la Constitución ausentándose del acto de homenaje que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Todavía nadie sabe qué camino es el que desea tomar Izquierda Unida para enarbolar su política social, pero lo que queda claro -remitiéndonos a los números- es que por el que transita en este momento, dista mucho de ser el óptimo.