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Los funcionarios, desbordados, creen que la finalidad es la "externalización" del servicio

El Ayuntamiento de Madrid se atasca con la concesión de licencias

Noviembre 13, 2008

Los plazos que marcan las ordenanzas son incumplibles para los funcionarios y las colas de reclamación colapsan las juntas
Los funcionarios apartados en su día por el “Caso Guateque” han regresado a la Junta de Distrito de Salamanca, aunque a diferentes puestos de trabajo
En la Concejalía del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales que dirige la delegada Concepción Dancausa, ahora, por capricho, hay dos coordinadoras. Cada una es "seismileurista"


Si usted quiere una licencia del Ayuntamiento de Madrid, ármese de paciencia. Aunque la Ordenanza Municipal en vigor habla de que el silencio administrativo equivale a la concesión del permiso solicitado, la realidad es bien otra. En el primer paso queda todo bloqueado, los funcionarios desbordados y los solicitantes atrapados en la red.
Hace tiempo que funciona un departamento del Ayuntamiento denominado “Línea Madrid”. Según su propia definición, es un departamento que “permite al ciudadano acercarse al Ayuntamiento a través de cualquiera de ellos, en función de sus necesidades y disponibilidades. El servicio que recibe el ciudadano es homogéneo teniendo la misma calidad de respuesta en cualquiera de los canales utilizados. Todo ello bajo el lema ‘Todo Madrid a un paso’”. Lo que no dice es que a paso de tortuga y muchas veces, de cangrejo.
El servicio de Línea Madrid ya está externalizado. O sea, que no lo atienden funcionarios sino empleados de empresas privadas contratadas a tal efecto. El primer paso para privatizar el mayor número de servicios en el Ayuntamiento. Se supone que la información que facilitan al ciudadano en este servicio es correcta en su totalidad, pero la realidad no es así y los madrileños comienzan a llevarse sorpresas cuando acuden a la junta municipal correspondiente a presentar la documentación pertinente que pronto descubren que es incompleta o incorrecta.
¿De qué se quejan los funcionarios madrileños? De que los plazos marcados en la ordenanza municipal son incumplibles. Dice la ordenanza que “el plazo para la resolución del procedimiento es de tres meses desde la entrada de la documentación completa en la sede del órgano competente para resolver. Los servicios competentes dispondrán de un plazo de diez días para examinar la solicitud presentada y la documentación aportada”. O sea, que el ciudadano cuanta con que en tres meses tendrá su licencia de apertura, obra, etc., y que ya en diez días recibirán una primera notificación para saber si la documentación aportada es completa. Pero en diez días, lo habitual, es que el funcionario no haya ni recibido el expediente, porque del Registro ya salen con retraso, porque el número de solicitudes de licencias es elevadísimo y los retrasos interminables, con lo que pasadas dos semanas de la presentación de los trámites comienzan a llegar los solicitantes a reclamar que “hay de lo mío”.
Ello se traduce en malestar en el público, colas en las juntas municipales para presentar reclamaciones y quejas, agobio en los funcionarios y atasco en Madrid. “En el plazo de diez días indicado en el artículo anterior, si la solicitud de licencia no reúne los requisitos señalados o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución. Transcurrido el plazo referido sin realizar el requerimiento de subsanación y mejora de solicitud, se entenderá como fecha de inicio del expediente a todos los efectos la de entrada de la documentación completa en el registro del órgano competente para resolver”. Es el Artículo 42 de las ordenanzas.
Y si ese es incumplible, que me dicen de este otro: “Iniciada la tramitación del expediente y en un plazo no superior a cinco días, se remitirá simultáneamente el proyecto técnico a los órganos municipales que deban informar la solicitud de la licencia”. Para troncharse de risa. ¡Cinco días! Desde luego que buena voluntad no le faltó al legislador, otra cosa es que tuviera sentido común.
Así, en este juego de incumplimientos administrativos porque la letra de la ordenanza no se ajusta a criterios razonables, es donde el equipo de Ruiz Gallardón mete la cuchara y se apoya para insistir en su idea primitiva de “externalizar” el servicio, o privatizarlo como dicen los funcionarios. Como en su día ya se privatizó la gestión de los polideportivos municipales y que se tradujo en un incremento del coste de los servicios para el usuario.

Más cargos y menos puestos de base

El silencio administrativo. ¿A favor de quién? Siempre tuvimos la creencia de que el silencio administrativo es a favor del ciudadano, pero no en el Ayuntamiento de Madrid. Si no, lean el artículo 47: “Cuando transcurriesen los plazos señalados para resolver la licencia, con las interrupciones legalmente procedentes, sin que la Administración Municipal hubiera adoptado resolución expresa, operará el silencio administrativo de la siguiente forma: Si la licencia solicitada se refiere a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales, se entenderá denegada; si la licencia se refiere a cualquier otro tipo de actuaciones, se entenderá otorgada por silencio administrativo. Se exceptúan de esta regla aquellos supuestos en que deba emitirse Declaración de Impacto Ambiental o Informe de Evaluación Ambiental de Actividades. En estos casos, cuando hayan transcurrido los plazos legalmente previstos para resolver sin que se haya emitido Declaración o Informe, se deberán entender desestimadas las licencias por silencio administrativo”. Hala, todo denegado por silencio administrativo.
También ha guardado silencio el alcalde a la hora de comunicar que los funcionarios expedientados y apartados en su día por el “Caso Guateque” ya han regresado al trabajo. Lo han vuelto a hacer en la misma Junta Municipal de Salamanca, aunque se les han asignado puesto administrativos diferentes.
En Extraconfidencial.com ya hemos halado bastantes veces de los incrementos de costes que provocan las decisiones del alcalde. El ahorro se hace disminuyendo el número de auxiliares administrativos dentro del funcionariado, pero todo ello más que ahorrar lo que supone destinar el dinero no gastado por ese concepto al pago del cada vez más numeroso equipo de asesores, la “red 6000” como son conocidos por su salario mensual.
Ejemplo de ello lo tenemos en la Concejalía del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales que dirige la delegada Concepción Dancausa. Hasta octubre la delegada disponía de una coordinadora, Pilar Dávila, pero con fecha 1 de noviembre son dos las coordinadoras de Dancausa: la citada Pilar Dávila, responsable del área de Protección Social e Igualdad; y Alicia Domínguez Martín, como coordinadora general de Promoción Social y Apoyo a la Familia. Lo que antes hacía una “seismileurista” ahora lo hacen dos. Se ve que la delegada echaba de menos alguien de su confianza en su Concejalía y ha decidido traerse a Alicia Domínguez, que fuera directora del gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando ella era la secretaria general de Asuntos Sociales. Total, pagan los ciudadanos, que ni se enteran del derroche.