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LAS DEUDAS DE LOS MUNICIPIOS (I)
La situación financiera real de las entidades adscritas al decreto "era más deficitaria que la que se deducía de sus cuentas"

El Ayuntamiento de Madrid de Ruiz Gallardón precisó en 2010 de dos planes de saneamiento para saldar sus deudas con empresas y autónomos

Enero 16, 2013

El Real Decreto para facilitar el saneamiento de las deudas de las entidades locales provocó una fuerte subida de tasas e importantes recortes en el Ayuntamiento madrileño


Alberto Ruiz Gallardón vuelve a la palestra de la actualidad muy a su pesar. ¿Debería investigar la Fiscalía si existió tráfico de influencias en el indulto del Gobierno al conductor kamikaze que provocó la muerte de una persona? ¿El ministro de Justicia se debería haber abstenido en esta decisión ya que su hijo trabaja en el bufete que defendió al condenado? El diario Levante denunciaba en su edición de ayer que un hijo de Ruiz-Gallardón trabaja en el bufete que defendió al conductor kamikaze indultado, el despacho de Uría y Menéndez y que el abogado que le defendió fue Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP. El indultado estaba condenado a 13 años de cárcel por circular en sentido contrario durante cinco kilómetros y causar la muerte de un joven de 21 años.


Por otra parte, recientemente Extraconfidencial.com sacaba a la palestra un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas en el que se analiza la situación financiera actual de las entidades locales respecto al Real Decreto Ley 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Según el documento, “tras el análisis realizado a una serie de entidades locales, debe señalarse que, por lo general, la situación financiera real era más deficitaria que la que se deducía de sus cuentas y en la mayoría el déficit financiero era mayor en 2010 que en 2009”. En palabras del propio extracto, la situación deficitaria “era especialmente significativa en Alcorcón, Aranjuez, Córdoba, Elche, Jerez de la Frontera, Madrid, Parla y Telde”.

Todo a costa de los contribuyentes

Particular es el caso del Ayuntamiento de Madrid –comandado por aquel entonces por Alberto Ruiz Gallardón-, que presentaba, a 31 de diciembre de 2008, un remanente de tesorería para gastos generales negativo por importe de 981,6 millones de euros y unas obligaciones pendientes de aplicar por otros 130,9 millones. Ambas parcelas se traducían en una necesidad de financiación que ascendía a 1.112,5 millones de euros. 

Como adelantó este periódico, “el Gobierno exigió un plan de saneamiento que asegurase la capacidad de pago para la atención de los compromisos”. El plan de saneamiento diseñado por el hoy ministro de Justicia incluía medidas para lograr un incremento de ingresos notable como actualización de tipos impositivos al IPC, revisión del IBI, nuevas ordenanzas de circulación para captar mayor número de infracciones, disminución de transferencias o aplicación de estrictos criterios de cobertura de plazas en materia de personal. Solo un punto -de entre los 12 principales-, en el cual era la propia administración del Consistorio quien debía apretarse el cinturón: “Austeridad y control en el gasto para lograr su reducción en 2009 y 2010”. Por otra parte, tal y como reza el mencionado Informe, las previsiones “suponían la mera aplicación de un porcentaje (…) sin que tales estimaciones consistieran en una explicación detallada y cuantificada de las medidas fiscales, de gestión y administrativas”, exigido en el artículo 3 del Real Decreto.

Un Plan irrealizable

Con todo, una vez llegados al ejercicio de 2010, el presupuesto aprobado para éste presentaba unas previsiones de ingresos y de gastos que no se ajustaban a las contenidas en el plan. Así, se produjo un deterioro que impidió el cumplimiento del proyecto debido a las dificultades financieras surgidas en 2010 fruto del incremento de los derechos pendientes de cobro y, especialmente, de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.

De este modo y consecuencia de los errores en la gestión, al Ayuntamiento de Madrid le tocaba de nuevo hacer más con menos y reducir sus gastos. Durante 2010 y 2011 se adoptaron una serie de medidas complementarias para garantizar la solvencia financiera. A pesar de los agónicos intentos del gobierno local, en 2010 se estimó una necesidad de financiación de más de 750 millones de euros siendo necesario un nuevo plan de saneamiento -que enmendaría los errores en la aplicación del primero-, para los años 2012 a 2015. El Ayuntamiento había convertido una herramienta -de difícil operatividad-, concedida por el Gobierno para recuperar la solvencia en un problema con la consiguiente inflación de sus números rojos.

Con los deberes sin hacer, el Ayuntamiento de Madrid presentaba en el presupuesto de 2010 una previsión de nuevo endeudamiento por más de 250 millones de euros. Esta vez, la Dirección General de Coordinación Económica de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda (DGCFCAEL), sí actuó a tiempo y, tras analizar la diversa documentación recabada, denegó la autorización del nuevo endeudamiento. A pesar de la tardía reacción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -percatándose del efecto bola de nieve que había generado la medida-, el crimen ya se había cometido.

Jesús Prieto