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Mas dos millones de euros anuales en publicidad

El Ayuntamiento de Leganés destina 607.000 euros en una revista para su autobombo

Abril 7, 2009

A finales de enero de 2009, el órgano de contratación de la sociedad Legacom Comunicación SAU adjudicó la contratación de los servicios de gestión publicitaria, impresión y distribución de la revista municipal “Vive Leganés”a las empresas ajudicatarias Alazar Public S.L. y Editorial MIC S.L., consumándose una adjudicación llena de críticas y puntos oscuros que se inició en el 2008 cuando Alazar Public se hizo con otra publicación pagada por todos los contribuyentes, “La Plaza”. La adjudicación de esta revista fue una sorpresa, ya que la principal beneficiaria, Alazar Public, accedió al contrato el 1 de mayo cuando pasó por el Registro Mercantil tan solo una semana antes, el 23 de abril, y su objeto no era el de editar o gestionar la publicidad de una revista si no la realización de estudios de mercado, añadiendo este objeto social siete meses después de ser “beneficiada” por el consistorio socialista de Leganes.

Dos revistas, programas de televisión, folletos todo vale si lo pagan los contribuyentes, casi todo gestionado por una empresa pública que recibe más 1.200.000 euros al año de subvenciones del ayuntamiento, es decir de todos los ciudadanos, que junto a otros pagos por parte de concejalías superan sobradamente los dos millones de euros, para una población de 180.000 habitantes.

Irregularidades detectadas por el Consejo de Cuentas

Además del desmesurado gasto, el Ayuntamiento de Leganés ha cometido diferentes irregularidades como lo ha detectado la Camara de Cuentas de Madrid. En ese informe se destacó como la sociedad tiene levantadas Actas de la Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda por las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en los ejercicios 2000 y 2001 ya que la Inspección considera que estas subvenciones se conceden como contraprestación de unos servicios prestados al Consistorio.

También adjudicaciones dudosas, así, un lote correspondiente al servicio de pegada de carteles se adjudicó a una empresa cuyo objeto social es el transporte de mercancías, que no guarda relación con el objeto del contrato, “Servicio de megafonía, pegada de carteles y buzoneo”, lo que debería haberse tomado en consideración por el Ayuntamiento en el momento de valorar la capacidad. Asimismo, dicho lote es objeto de tres modificaciones con posterioridad a su adjudicación, suponiendo un incremento total del 60% del importe de adjudicación. Habiendo sido el precio el único criterio de adjudicación, queda desvirtuado el principio de concurrencia ya que, tanto el objeto del contrato, como el precio licitados resultan radicalmente distintos de los efectivamente realizados.
Todo vale para perpetuarse en el poder si el que paga es el contribuyente.