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Existen subvenciones concedidas pendientes de justificar

El Ayuntamiento de Elche carece de un inventario aprobado y cuenta con 4 millones de euros en derechos que podrían estar prescritos

Abril 14, 2013
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En su edición del viernes, extraconfidencial.com repasaba la delicada actualidad del Ayuntamiento de Elche dirigido por Mercedes Alonso García a la vista del informe de fiscalización sobre su control interno del año 2011 redactado por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Tras el análisis pormenorizado de los agujeros que dejaba la contabilidad precaria llevada por el consistorio, vemos como el inventario de bienes o la normativa aplicable continúan el mismo rumbo errático.  

En el primer caso, el inventario del Ayuntamiento de Elche parece artificial. Éste no se encuentra aprobado de todos sus bienes y derechos, pero además “las rectificaciones no se verifican anualmente, no consta documentación que acredite que se efectúa una comprobación cuando se renueva la Corporación ni que los bienes de los entes dependientes estén inventariados y tampoco están todos los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad”. Sorprende cómo cada año los administradores se las ingenian para sacar adelante una contabilidad avalada por un inventario ficticio. Dentro del mismo se contabilizan casi 4 millones de euros en concepto de derechos reconocidos que podrían estar afectados por prescripción, a éstos habría que sumarle los “valores prescritos cuyo importe a 31 de diciembre de 2011 no ha sido facilitado y no se han tramitado expedientes para determinar posibles responsabilidades”. La inexistencia de conciliaciones bancarias, la falta de planes de tesorería aprobados debidamente, la existencia de cuentas inactivas y la existencia de 33 cuentas que no figuran en el arqueo, son otros datos que señalan hacia una contabilidad caótica.

La normativa vigente parece ser ajena al ámbito de las subvenciones. En primer lugar, “las bases reguladoras de las subvenciones no se publicaron íntegramente en el BOP y no contienen todos los aspectos exigidos” por la ley. Además en las subvenciones “no consta que se comprueben determinados aspectos, entre ellos si el importe de las subvenciones concedidas no supera el coste de la actividad subvencionada, que no se subvencionen intereses deudores en cuentas, ni recargos, intereses o sanciones administrativas o penales o que el beneficiario de la subvención sea el titular de la cuenta a la que se transfiere la subvención”. Si esto fuera poco, el Consell descubre cómo “existen subvenciones concedidas pendientes de justificar habiendo vencido el plazo para ello, por importe de al menos 215.126 euros, de los que 199.900 euros correspondían a acción social, sin que se haya exigido el reintegro ni impuesto las sanciones correspondientes”.

Un sinfín de deficiencias que impiden conocer a dónde va el dinero destinado a una actividad que -en principio- cumplía ciertos requisitos que hacían que fuera de interés público. Esta pasividad se extiende en los contratos de obra, los cuales “no siempre contienen la supervisión del proyecto, ni en los de modificados, su formalización”.