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Según el informe de fiscalización sobre el control interno relativo al ejercicio de 2011

El Ayuntamiento de Alcoy acumula casi 10 millones de euros pendientes de pago a sus proveedores

Abril 4, 2013

La entidad municipal “no ha dado información sobre el destino de las asignaciones a los grupos municipales, ni si llevan una contabilidad específica” de las mismas

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Hace unos días, el regidor del municipio alicantino de Alcoy, Toni Francés, salía a la palestra para reclamar a la Generalitat que hiciese efectivo el pago de la deuda que acumula con la administración alcoyana. En total, Francés exigía unos 8.196.687 euros resultado de sumar los 5.163.459 euros de deuda reconocida más los 3.040.335 euros pendientes de reconocimiento. Según el informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Alcoy, relativo al ejercicio de 2011 realizado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, esta cantidad requerida por el Ayuntamiento de Alcoy a la Generalitat es inferior a los casi 10 millones de euros (9.694.094 euros) que los proveedores de la entidad local demandan a la misma. Y es que éstos tienen motivos más que suficientes para airarse contra el órgano municipal. Según el informe del Consell, a 31 de diciembre de 2011 “existían obligaciones pendientes de pago que ascendían a un total de 6.182.153 euros”. Unido a esta anomalía, el Ayuntamiento intentó desprenderse de muchas de sus obligaciones al no reconocer casi 4 millones de euros (3.511.941 euros) en concepto de “facturas reclamadas por los proveedores que no han sido aceptadas, la mayoría por no encontrarse registradas en el Ayuntamiento”.

No obstante el despropósito no termina aquí. El dossier del Consell, en el marco de su estudio sobre la fiscalización de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuya población sea superior a los 50.000 habitantes, membrado en cuatro grandes epígrafes –área de gestión administrativa, de gestión económico financiera, de intervención y del entorno tecnológico-, refleja cómo la entidad local suspende en casi la totalidad de los puntos observándose en todos y cada uno de ellos “cuestiones que implican una debilidad relevante en el control interno del área”. A grandes rasgos, “el Ayuntamiento ha obtenido una puntuación global de 7.266 frente a 8.802 que ha supuesto la puntuación media de los ayuntamientos fiscalizados en esta etapa”. Una tesitura que se sitúa por detrás de la realidad de los cabildos españoles que ya no es muy lucida de por sí.

Organización administrativa caótica

En cuanto al primero de los puntos examinados, la organización administrativa y el grado de transparencia se vislumbran los primeros errores de bulto. En primer término la Entidad alicantina no cuenta con un reglamento orgánico. Por otro lado, nada se sabe de las asignaciones económicas a los grupos debido al hermetismo del Ayuntamiento que “no ha dado información sobre el destino de las asignaciones a los grupos municipales, ni si llevan una contabilidad específica de las asignaciones fijadas por el Pleno de la Entidad, no sabiendo, por tanto, si se cumple con lo establecido en las normas legales con relación a los gastos susceptibles de ser satisfechos con cargo a estas asignaciones”.

El menoscabo de la trasparencia llega a su punto álgido cuando se accede a la web del consistorio, en ella se “recoge diversa información, aunque no la referente a los órganos de gobierno, su composición y sus funciones, la relación de puestos de trabajo, el ciclo presupuestario, el endeudamiento y los informes sobre estabilidad presupuestaria”. El último apunte que deja al Ayuntamiento en entredicho y bajo la sombra del favoritismo se encuentra en la categoría de los trabajadores en nómina. Desde 2009 se ha registrado una disminución del 1,6% en el número de funcionarios –llegados al cargo por méritos y valía personal- y un aumento del 10,5% en cuanto al personal eventual o de confianza –elegidos a dedo por el jefe de turno-.

Ampliaciones de crédito por valor de 2 millones

La información económica financiera también es objeto del descuido municipal. Respecto a su pilar central, la contabilidad, ésta “se lleva al día, aunque no en todos los casos de acuerdo con los principios que le son de aplicación”. Ni en 2009, ni en 210, ni en 2011 la entidad fue capaz de cumplir “en plazo con los trámites relativos al ciclo presupuestario”.

Siguiendo con la progresión negativa de la contabilidad del Ayuntamiento alcoyano, el remanente de tesorería para gastos generales ha sido negativo en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011. Según lo expuesto en el informe de la Sindicatura, “el Ayuntamiento señala que aplicó las medidas previstas legalmente para hacer frente al remanente negativo de tesorería para gastos generales de 2010”. Sin embargo esta afirmación llega a considerarse dudosa de probabilidad cuando se detectan ampliaciones de crédito por importes cercanos a los 2 millones de euros. Los “7 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos (en 2011) por un importe de 901.774 euros, y uno en 2012, que ascendió a 927.151 euros”.

El cumplimiento de la normativa aplicable parece ser según el dossier de la Sindicatura otra de las asignaturas pendientes. Unido al capítulo anterior en el que se analizaba un balance impropio entre el número de funcionarios y personal eventual, “no existe una declaración individualizada que acredite el cumplimiento de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”. Debido a esta anomalía el personal eventual realiza algunas tareas reservadas a funcionarios; el complemento de productividad no está vinculado a una valoración objetiva; existen acuerdos contrarios al informe de la Secretaría de la función del asesoramiento preceptivo; o las bases reguladoras de las subvenciones no contienen todos los aspectos que exigen las leyes. Esto significa que datos de tal calibre y peso como el incumplimiento de las condiciones de la subvención o el medio de pago de las mismas no sean tenidos en cuenta.

La relación de los bienes de la entidad, el inventario, no fue aprobado en Pleno, sino que fue firmado en una Junta de los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. Además, este listado no contiene todos los bienes inmuebles del Ayuntamiento.

Jesús Prieto