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La Cámara de Cuentas destapa estas irregularidades y otras en el informe de fiscalizacion del ayuntamiento alcalaíno relativo al 2010

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aumentó de modo injustificado el presupuesto de 2010 en más de 70 millones de euros

Marzo 25, 2013

La liquidación de gastos y la de ingresos se ven afectadas por errores en la imputación, faltas en los registros y reconocimientos extrajudiciales de crédito

Más de 70 millones de euros se agrupan como deuda perdida bien por errores en la contabilidad o bien por prescripción

En la mayoría de contratos firmados “no queda acreditado que compruebe los requisitos de capacidad, solvencia y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones”

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El 13 de marzo el humo inmaculado inundaba el cielo de Roma desde la vetusta chimenea vaticana. Jorge María Bergoglio se convertía en el Papa número 226 de la historia. Un cardenal que sería nombrado como el vicario de Dios en la tierra bajo el sobrenombre de Francisco I. Pocas horas más tarde de la elección los relatos biográficos del arzobispo de Buenos Aires colapsaban los medios de comunicación. Un apunte destacaba entre todas las efemérides: “En 1969 fue ordenado sacerdote y en 1970-71, hizo la tercera probación en Alcalá”. La anécdota papal parecía reservar a la ciudad complutense cierta impunidad ante los agravios financieros de España. Nada más lejos de la realidad. Alcalá de Henares, se encuentra en una situación extrema, tal y como demuestra el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sus empresas y sus organismos autónomos relativo al ejercicio de 2010, año en el que regía como alcalde el popular Bartolomé González Jiménez, y que ha sido aprobado por la Cámara de Cuentas de Madrid a 31 de enero de 2013.

Los datos más abultados parecen ser los de la gestión económica financiera. Una vez aprobado, El presupuesto inicial del ejercicio 2010 alcanzó el importe de 211.100.000 euros pero sufrió modificaciones presupuestarias que lo incrementaron hasta un 34%, lo que representa 71,4 millones. Dejando de lado esta inflación -ya nociva de por sí- los aumentos que sufrió el presupuesto no recogieron memoria alguna que especificase “la necesidad y urgencia de su tramitación, el destino del incremento de crédito y la incidencia sobre los objetivos previstos en el Presupuesto, tal como exigen las bases de ejecución presupuestaria”. Montañas de millones sin especificar que hipotecan el futuro de una entidad.

Esta característica inicial condiciona no sólo el ejercicio de 2010 sino los cursos venideros en los que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a tales desequilibrios. Según el informe de la Cámara de Cuentas tanto la liquidación del presupuesto de gastos -con unas obligaciones reconocidas de casi 200 millones de euros-, como la liquidación del presupuesto de ingresos -que arrojan derechos por un importe de 190 millones- se ven afectadas por una gran tipología de errores como “la falta de registro de gastos devengados en el ejercicio, la reiterada utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito o a la incorrecta imputación de las obligaciones tanto desde el punto de vista económico como temporal” en el primer caso, o “errores en el registro de la deuda tributaria, diferencias de criterio a la hora de determinar el momento en que los derechos deben reconocerse, a errores de imputación presupuestaria entre distintos conceptos o capítulos o el inadecuado registro de ingresos patrimoniales anticipados y de los aplazamientos y  fraccionamientos”, en el segundo.

Si nos guiamos por las cuentas rendidas por el Ayuntamiento, “el resultado del ejercicio 2010 arroja un importe positivo”. Sin embargo analizando todas las variables expuestas por la Cámara de Cuentas, “este resultado pasaría a ser negativo por importe de 14.237.574 euros”. El mismo problema se observa en la tesorería, el remanente para gastos generales presenta –para los números del Ayuntamiento- un importe positivo. Las Cuentas de la Cámara, que reconocen todas las realidades financieras del consistorio, hablan de un remanente negativo que “pasaría a alcanzar un importe de 48.970.068 euros, lo que obligaría a la Corporación a obtener financiación adicional para compensar el exceso de las obligaciones pendientes de pago”.

Deuda irrecuperable

En cuanto a la deuda del Ayuntamiento, las peculiaridades de sus deudores presupuestarios convierten a estas partidas en fondos perdidos. Una laxitud en los trámites que condena al Ayuntamiento. Por un lado destacan más de 25 millones no exigibles por “falta de coincidencia entre los importes registrados en los módulos de recaudación y contabilidad”, y por otro se agrupan deudores por importe de cerca de 45 millones de euros “que tienen más de cuatro años de antigüedad, por lo que podrían haber incurrido en prescripción”. Esta tesitura exprime al consistorio que, tras dos operaciones de endeudamiento a lo largo de 2010, incrementa su deuda financiera alcanzado cotas astronómicas cercanas a los 90 millones de euros (88.331.666 euros).

Con estos datos parecería sencillo determinar que el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno ha sido fallido. Sin embargo, la Intervención municipal –primera interesada en poseer unas cuentas coherentes- emitió un informe positivo de cumplimiento en el ejercicio 2010. La trampa consistía “en que los datos utilizados para el cálculo de la liquidación del Presupuesto ajustada no son los estipulados”.

Contratación casera

A pesar de estar la mayoría de contratos de obras financiados por el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, se advierten importantes deficiencias en la firma de los mismos. El punto más sangrante de la contratación descansa en la posible desidia acometida por el Ayuntamiento ya que “no queda acreditado que compruebe antes de la formalización del contrato que el adjudicatario cumple todos los requisitos de capacidad, solvencia y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar”. El seguimiento de la ejecución de los contratos también resulta contraproducente. Ni se documentan las circunstancias de cada uno de ellos, ni se registran las causas de retrasos, suspensiones o paralizaciones. Además, examinando las facturas registradas se infiere que el Ayuntamiento ha percibido prestaciones “prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación incurriendo en la contratación verbal, expresamente prohibida por la Ley”.

 
Jesús Prieto