Menú Portada
Unas 30 personas conforman la Asesoría Jurídica y la Inspección de Servicios de esta universidad madrileña

El aparato disciplinario de la “Casta Complutense”

Abril 9, 2014
pq_927_josecarrillo.jpg

Al final de mi último artículo- «Cómo la «Casta Complutense consigue y aumenta sus privilegios», escribía lo siguiente: «En la Universidad Complutense hay alrededor de 30 personas que conforman el muy activo aparato disciplinario del Rector José Carrillo: la Asesoría Jurídica y la Inspección de Servicios. Hay profesores y personal de administración y servicios  que actúan como “Instructores” de los expedientes disciplinarios y que siguen al pie de la letra las indicaciones de determinados miembros de  la “Casta Complutense”.   

            Ahora, examinaré el engranaje de ese aparato disciplinario.

            El Rectorado de la Complutense no ha organizado un solo Curso de Formación para instructores de Expedientes disciplinarios.

No existe formación de ninguna clase, ni para instructores ni para secretarios de expedientes disciplinarios, aunque éstos últimos, como personal de la Inspección de Servicios, deberían conocer el procedimiento mínimamente. Los hechos demuestran que no siempre es así.

La razón más plausible de por qué el Rectorado no organiza Cursos de Formación en este terreno es que el Director de Coordinación de Procedimientos de la Inspección, José Crespo Alía, quiere centralizar las resoluciones sancionadoras y que lleven su sello “jurídico”. Este miembro privilegiado de la Casta es hijo de José Crespo Vasco, que fue profesor titular de la Facultad de Educación, y al que el ex Rector Amador Schüller nombró Vicerrector de Administración y Servicios. Nos encontramos, pues, ante un caso más en el que miembros de la Casta facilitan la entrada de un familiar de confianza en la Complutense y, después, les “preparan el aprobado” en una oposición. Algunas fuentes me han dicho que supuestamente José Crespo Alia se presentó a varias oposiciones fuera de la Universidad y no obtuvo plaza alguna.

El poder del llamado «crespoaliato»

El llamado «crespoaliato» comenzó en noviembre de 2009, cuando Crespo le dieron a dedo el cargo que ahora ocupa en la Inspección de Servicios. Todo cambió en la Inspección, y no precisamente para bien. Fue un contraste muy notable entre su antecesor, , que siempre buscaba el acuerdo y el consenso entre las partes en conflicto, de lo cual pueden dar fe muchos sindicatos, y alguien tan rígido y de mentalidad tan autoritaria como José Crespo. Adjunto su currículum (con fotografía). Fue Letrado de la Asesoría Jurídica hasta que prescindieron de él en tiempos del ex Rector Berzosa. Al parecer, el desencadenante de su salida es que perdió el juicio de dos casos muy sonados: El de Paloma Martín Medel, Gerente de la Facultad de Medicina contra un funcionario de la misma Facultad, que la acusaba de  acoso laboral. Y el que entabló el encargado del Almacén de la Facultad de Medicina contra la Universidad. Después, pasó a la Dirección de Estudiantes y Mercadotécnica, de donde fue fulminante cesado por la entonces Vicerrectora de Estudiantes, Margarita Barañano Cid. Lo que no dice en su currículum es si estuvo todo el tiempo en ese segundo destino o si supuestamente estuvo disponible, en su casa, a la espera de su nombramiento para la Inspección.  

A pesar de que no parece el currículum de una persona genial, se las ha arreglado para ejercer un poder prácticamente omnímodo en la Inspección. Esto ha traído consecuencias.

A)     No aplica la Ley cuando se trata de privilegiados. Veamos lo que él hace con dos personas que trabajan en la Inspección.

 

Carlos Aparicio Pérez. Según los datos del Colegio de Abogados de Madrid, figura como Ejerciente desde el 10/04/1989 y en un despacho profesional, con atención horaria de cita previa de 17:00 a 20:00. Pertenece a la Escala de Técnicos de Gestión de la UCM, Nivel 26, Asesor Técnico de la Inspección de Servicios, jornada partida de mañana y plena disponibilidad horaria. Percibe retribuciones complementarias que incluyen complementos específico y de productividad y entre ambos superan con creces el límite del 30% del artículo 16.4 de la Ley de Incompatibilidades.

Fernando Die Badolato. Según los datos del Colegio de Abogados de Madrid, figura como Ejerciente desde el 16/02/2010. Pertenece a laEscala de Gestión Universitaria de la UCM, Nivel 22, Jefe de Sección de Coordinación de la Inspección de Servicios, jornada partida de mañana. Percibe retribuciones complementarias que incluyen complementos específico y de productividad y entre ambos superan con creces el límite del 30% del artículo 16.4 de la Ley de Incompatibilidades.

Del ejercicio profesional como abogados de los dos funcionarios cuyas iniciales se citan son plenamente conocedores sus superiores jerárquicos en la Inspección de Servicios de la UCM (Sres. Chozas Alonso y Crespo Alía), pues no en vano figuran en el organigrama de la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense (www.ucm.es). Es especialmente grave el caso de F.D.B., pues su liberación sindical total (122 horas) le sirve para el ejercicio libre de la abogacía y, mientras tanto, la UCM le abona sus retribuciones íntegras.

Por tanto, los funcionarios C.A.P. y F.D.B. incurren en responsabilidad disciplinaria directa, como autores de las infracciones sobre incompatibilidades citadas con anterioridad, mientras que los Sres. Chozas Alonso y Crespo Alía lo serían como encubridores de ambos, por lo que cabe también la exigencia de la responsabilidad disciplinaria y quizás también penal. También la anterior Inspectora Jefe de la Inspección de Servicios y hoy Secretaria General de la UCM, Dª Araceli Manjón-Cabeza Olmeda es presunta responsable de la infracción que a la que me he referido, durante el tiempo que ocupó dicho cargo en la Inspección de Servicios.

 

Como medida provisional, un Rector de cualquier Universidad extranjera acordaría la separación del servicio de los cuatro funcionarios citados de la Inspección de Servicios de la UCM, más el de la actual Secretaria General, Sra. Manjón-Olmeda, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Y centrándonos en la Legislación española, todo ello conforme a los artículos 93 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril) y al artículo 33 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios públicos.

B)   No hay propuesta alguna, con o sin sanción, que salga al Rectorado sin la revisión y aprobación de Crespo. Ni secretario ni instructor gozan de la independencia que el procedimiento establece para los expedientes disciplinarios. De ahí que Crespo pueda entrometerse en los todos los expedientes. Incluso, aunque el Instructor proponga una sanción, del «crespoaliato» puede salir una propuesta de sanción muy superior. En lugar de un mes, cuatro, como ha ocurrido recientemente con un profesor. Y si un Juez impone una sanción de multa de dos meses, con una aportación insignificante en efectivo (unos 500 euros), del «crespoaliato» puede salir, por la misma infracción, una propuesta de sanción al Rectorado de un año, cuya equivalencia en euros puede estar en unos 50.000 euros, más o menos.

C)   Lo razonable sería que los instructores de expedientes disciplinarios fueran profesores del ámbito jurídico o trabajadores UCM con formación jurídica. Pues esto no ocurre así casi nunca. Si fuera así, Crespo tendría un rival “intelectual” en dicho Instructor y dispondría de menos posibilidades de intervenir en los expedientes, y que el Rector, la Gerente General, la Secretaria General  y el Inspector Jefe lo consienten.

De ninguna manera Crespo Alía podría tomar decisión alguna en ningún expediente, pues su misión es coordinar administrativamente la Inspección de Servicios y poco más, pero detrás de las “bambalinas” él sigue teniendo la última palabra. Según mis investigaciones, el criterio de José Crespo Alía no es objetivo, sino enteramente subjetivo. Por ejemplo, en los últimos tiempos, la mayoría de los instructores de expedientes disciplinarios sobre personal de administración y servicios son funcionarios de la Biblioteca UCM. ¿Por qué razón se busca a bibliotecarios para esta ingrata misión y no a funcionarios mejor cualificados? La razón es muy obvia, el “crespoliato” los utiliza a su antojo.

D)   No existe ningún procedimiento previamente establecido para evaluar y monitorizar las propuestas que se han presentado a la firma de los sucesivos Rectores.

La supuesta coordinación que debería llevar Crespo Alía brilla por su ausencia, pues no existe coherencia con las resoluciones que se adoptan; no hay un criterio común. El principio jurídico de proporcionalidad no se aplica o sólo cuando “conviene”; una vez Crespo decide que se inicie un expediente, el instructor cree que todas sus acciones han de ir encaminadas a condenar al estudiante, profesor o trabajador. Las decisiones son siempre arbitrarias y nunca discrecionales. De esos barros vienen la indefensión y la inseguridad jurídica del imputado. Y el «crespoliato» se apoya también en la indispensable colaboración de los instructores, que prefieren defender los intereses de la «Casta Complutense» y no los derechos de los estudiantes o de sus compañeros/as. Sirva como ejemplo la circunstancia que el Secretario tutea al Instructor delante del inculpado al que expedientan y al abogado de éste. No guardan las formas. Por eso, resultará muy útil contar con una relación de estos colaboradores necesarios del «crespoaliato». Más adelante, en otros artículos, me ocuparé de algún profesor delator y de algunos Instructores.

E)     José Crespo Alía ha logrado lo que nadie antes de él: que los conflictos no se resuelvan, sino que se enconen y judicialicen.

 

Ningún Rector o Decano ha sido sometido a un Expediente Disciplinario

Nunca jamás. Tampoco se ha abiertoexpediente a cargo alguno, ya sea por elección o por designación (Rector, Vicerrector, Gerente, Decano, Vicedecano, Vicegerente, Gerentes de Centro, Directores diversos, Jefes de Servicio, etc.). La «Casta Complutense» se protege a sí misma y persigue a los disidentes.

Es más, sin que se tramitara el correspondiente expediente, tan sólo la citada Gerente de Medicina fue condenada penalmente por acoso laboral, pero la UCM no le abrió ningún expediente por esos hechos ni, por supuesto, tampoco le sancionó, por qué?, pues porque era miembro de la Casta. La UCM le pagó un abogado privado y también las costas procesales, mientras que el trabajador acosado y a quien la justicia le dio la razón tuvo que pagar a su abogado de su bolsillo.

No contenta con proteger a «su» Gerente, la «Casta Complutense» le dio una patada hacia arriba, le subió de nivel. La pregunta obligada es qué ha hecho es los últimos diez años.

En la Universidad Complutense, «unos son más iguales que otros».

Por lo general, la defensa en juicio de la UCM de los procedimientos disciplinarios la realizan los abogados de la Asesoría Jurídica, pero como el Jefe de la Asesoría Jurídica es Gabriel Ramón Navarro Azpiroz, Letrado Director de la Asesoría Jurídica proporciona los abogados del Estado que sean necesarios, justificando así los casi 100.000 € que recibe anualmente por haberle contratado la UCM. No consta que ganase esa cantidad como Letrado del Gobierno de Navarra; ni como Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; ni como Subdirector Adjunto del Tribunal de Cuentas. Él ha ocupado esos puestos antes de recalar en la Universidad Complutense.

Y Navarro Azpíroz consigue que intervengan los abogados del Estado, además de los letrados de la UCM. Es decir, hay  funcionarios de primera y de segunda. Los de primera tienen pagados los servicios jurídicos, aunque estén acusados judicialmente de hechos graves o muy graves. Los funcionarios de segunda han de pagarse sus procuradores y abogados. Además, hay abogados del Estado que tienen el mismo estilo de Crespo. Ejemplo: En una demanda de conciliación previa a una querella criminal, el profesor que era objeto de la querella quería llegar a un acuerdo. Pues bien, el abogado del Estado apoyó el conflicto y el choque judicial. Aunque él no tuviera que actuar en el juicio. Aunque en un futuro, ese profesor tuviera que sufrir las consecuencias del “defendella y no enmendalla” del abogado del Estado.

También, ha habido casos en los que se han contratado servicios profesionales de despachos privados y no precisamente modestos, lo que supone haber tenido que pagar minutas de cuantías extraordinarias. La «Casta Complutense» hace realidad, a diario, el célebre dicho de Orwell: «unos son más iguales que otros».

Los estudiantes y los expedientes disciplinarios

Sería muy importante que las Asociaciones de Estudiantes exijan la información de cuántos estudiantes han sido expedientados y cuál es su situación desde noviembre de 2009, porque Crespo tiene una especial saña contra ellos, pues ha llegado a intentar sancionar a estudiantes incluso cuando ya no pertenecían a la Universidad, para impedirles que se matriculen, por ejemplo, en Doctorado. Antes de Crespo se archivaban todos los expedientes de estudiantes que ya no pertenecían a la Universidad, porque no tenía sentido continuar el procedimiento. Con Crespo todo es posible. Le da igual que uno esté administrativamente “vivo” que “muerto” en la Universidad; él continúa el procedimiento aunque ya no exista el vínculo jurídico.

 

 

Es imprescindible someter el «crespoaliato» al escrutinio público y al estudio científico.

La Inspección de Servicios apenas ofrece información sobre sus actividades. Ha bajado la extensión de su Memoria de 40 páginas antes de Crespo a 4 desde que está él. Tampoco podemos disponer de información operativa sobre de Asesoría Jurídica. Los dos instrumentos disciplinarios -para algunos, represores- del Rector no practican la transparencia. Por tanto, no es posible acceder a los expedientes disciplinarios. Un buen proyecto de periodismo de investigación sería estudiar el «crespoaliato». Incluso, un buen proyecto de investigación universitario financiado adecuadamente y cuyos resultados podrían presentarse a cualquier Congreso sobre Ciencias Sociales. De ahí que sería muy conveniente abrir una Petición y reunir miles de firmas para que quienes se hayan sentido perjudicados o muy perjudicados por Crespo pudieran autorizar que la Inspección facilitase sus Expedientes o hubiera un lugar para consultarlos, aunque hubiera que anonimizarlos para defender la protección de datos de las personas que en ellos figuraran. Crespo prefiere encerrarse en el secretismo. Por otra parte, es muy difícil que José Carrillo, el actual Rector, acceda a que se abran los archivos, como los abrió la KGB en Rusia hace años. Resulta muy instructivo comparar el proceder de Carrillo padre cuando logró lanzar a las tinieblas exteriores a Fernando Claudín y Jorge Semprún, con las que ha seguido Carrillo hijo desde que llegó al Rectorado.  Carrillo hijo ha imitado al pie de la letra al Carrillo padre de hace cincuenta años. No es extraño que le hayan dimitido o él haya cesado a casi todos los Vicerrectores. Se encuentra muy bien con la Gerente General y complacido con el «crespoaliato».