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LA CUENTAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE ALBERTO FABRA AL DESCUBIERTO (III)
La Generalitat cederá la gestión por los próximos 20 años a una empresa canadiense envuelta en numerosas tramas de corrupción

El Aeropuerto de Castellón deberá pagar más de 120 millones de euros a Conaer por obras ya ejecutadas

Febrero 25, 2014

El Aeropuerto de Castellón Costa Azahar se hunde en un vacío existencial. Paradójico, teniendo en cuenta el tamaño mastodóntico que presenta. Para llenar de actividad ese agujero, parece que a la Generalitat de Alberto Fabra no le queda más remedio que acudir al capital extranjero. El impoluto pero ya resquebrajado aeródromo cederá su gestión durante los próximos 20 años a una empresa canadiense -SNC Lavalin: gigante del sector de la ingeniería presente en todos los continentes- despreciando la oferta de un cónclave de empresas nacionales formado por Marina D´Or, Airvata SAS, Inmaquip Europa y la consultora Gesnaer. La fuga de capitales que fomenta la Generalitat (a través del órgano de valoración de Aerocas) se fundamenta, según la Administración, en la capacidad de la empresa americana en el aspecto de la comercialización, lo que se entiende como una mayor posibilidad para atraer compañías aéreas y pasajeros.

Excelsa ha de ser la capacidad comercial de Lavalin para justificar esta adjudicación. Fabra pretende contratar a una empresa corrupta hasta decir basta. El propio vicepresidente de la compañía reconocía una práctica de financiación ilegal cifrada en más de un millón de dólares por parte de varios directivos a los dos principales partidos políticos de Quebec entre 1998 y 2010. Aparte, entre 2008 y 2011 altos directivos de Lavalin habrían pagado elevadísimos sobornos a mandatarios de Nigeria, Zambia, Uganda, Ghana, india, Kazajistán, Argelia y Bangladesh. En total, 40 millones de euros en estraperlo a cambio de favores. Esto ha sido suficiente para que el Gobierno de Trinidad y Tobago renuncie a adjudicar a Lavalin la construcción de un hospital. En España, como no, se camina a contracorriente. No obstante, los errores encontrados en la trayectoria del Aeropuerto de Castellón no solo afectan al contrato de gestión sino, mucho antes, en lo que respecta a su contrato de explotación y construcción ya se hallaban numerosas deficiencias, como indica la Sindicatura de Comptes en su Informe de fiscalización de la Cuenta de la Generalitat valenciana.   

Resolución del contrato

Según este dossier, la gestión de la Administración Autonómica para con el aeropuerto queda en evidencia atendiendo a la sentencia de 16 de diciembre de 2013, por la que la Generalitat a través de su empresa Aeropuerto de Castellón tiene que pagar más de 120 millones de euros a la empresa Concesiones Aeroportuarias (CONAER) por las obras ya ejecutadas en el aeropuerto de Castellón. La sentencia, que es firme al no haberse recurrido por las partes, pone fin al conflicto respecto al contrato de construcción y explotación del aeropuerto pero conlleva una gran repercusión en las cuentas del Aeropuerto.

En cumplimiento del fallo, la Generalitat deberá practicar los ajustes contables pertinentes en las cuentas anuales de 2013 para reflejar adecuadamente la situación económico-financiera derivada del fallo judicial. Además el aeropuerto había decidido en 2012 posponer los acuerdos de ampliación y posterior reducción del capital social, requeridos por acuerdos del Consell, para capitalizarla deuda asumida por la Generalitat, en atención a una oferta de compra de las participaciones sociales del Aeropuerto. 

Ocultación de las pérdidas y deudas no computadas

La situación financiera es caótica, con valoraciones de activos y pasivos que contradicen las normas de contabilidad más básicas. Teniendo en cuenta que la concesión para la explotación de los terrenos necesarios para la construcción del aeródromo, nunca puede ser gratuita se produce un error que genera una sobrevaloración en los saldos de los epígrafes del inmovilizado material y de las subvenciones, donaciones y legados en más de 8,81 millones de euros. La falta de información “necesaria y suficiente” en buena parte de las cuentas es otro aspecto significativo de la precaria gestión, especialmente en los riesgos importantes, que pueden suponer cambios de valor en numerosas partidas del balance. De este modo, no se ha registrado cantidad alguna en concepto de intereses legales de demora, que según las estimaciones realizadas sumarían 1,2 millones, con lo que las pérdidas del ejercicio serían mucho mayores. Así, el Aeropuerto sanea sus cuentas ocultando más de 1 millón de euros de dinero perdido.

Respecto a la situación de deuda, existe una cuenta denominada “Generalitat Valenciana por asunción de deudas” con un importe de 52,09 millones de euros. El saldo de dicha cuenta no es correcto por cuanto debería disminuirse en la cantidad en 18,5 millones de euros, que debería reclasificarse a la misma cuenta pero a largo plazo, y además, aumentarse en otros 557.046 euros por la cantidad contabilizada incorrectamente en la cuenta de “Partidas pendientes de aplicación”.

El aeropuerto de Castellón nunca fue una opción rentable, eficiente y coherente. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Los fastos del Gobierno valenciano no tienen fin y en la época del despiporre y los excesos fue programada esta infraestructura por la que ahora hay que luchar estoicamente para atraer vuelos, mantener su actividad (estable dentro de la gravedad) y evitar un colapso que detendría buena parte del tráfico aéreo valenciano y, por consiguiente, la quiebra de numerosos sectores adjuntos como el comercio exterior o el turismo. Y quien dice Castellón, dice Murcia, Ciudad Real o Santiago de Compostela.

Habrá que ver si finalmente la empresa escogida, la canadiense Lavalin, es capaz de poner en marcha esta trituradora de millones ingeniada por el capricho de los anteriores presidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y el de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.