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Francisco J. López, administrador judicial, fue apuñalado en un garaje de Zaragoza por un asesino a sueldo hace 26 años

Dinero sucio: el asesinato del interventor del casino de Zaragoza

Noviembre 17, 2013

El 21 de noviembre de 1997, pocos días después de haber firmado el demoledor informe sobre las opacas actividades de los ex directivos del casino, López Aldea era asesinado a machetazos en el garaje de su domicilio

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Sus allegados están convencidos de que a Francisco Javier López Aldea le quitaron de en medio porque, en calidad de administrador judicial del quebrado Casino de Zaragoza, había descubierto un inquietante hilo conductor entre altos empresarios, políticos, jueces y el desvío de enormes cantidades de dinero procedente del juego en una oscura trama de ambición y poder sin escrúpulos tejida en los años 90 en torno al antiguo Casino Montesblancos de Alfajarín (Zaragoza).

El Casino Montesblancos de Zaragoza se constituyó oficialmente en mayo de 1978 con un capital social de 250 millones de pesetas (1’5 millones de euros). Ubicado en la localidad de Alfajarín, próxima a la capital maña, junto con un Hotel y un Campo de Tiro, el Casino fue rentable hasta que una deficiente gestión y la crisis económica de mediados de los años 90 del siglo pasado provocaron numerosos cambios de titularidad en su accionariado.

Sospechas de quiebra fraudulenta

A comienzos de 1997, siendo su presidente y máximo accionista el empresario Alfonso Fuentes Barrau, la sociedad Casino de Zaragoza S.A. solicitaba suspensión de pagos alegando falta de liquidez. En ese momento, los principales acreedores del Casino eran Hacienda (por impago de impuestos), la Seguridad Social (por impago de cotizaciones de los empleados), y la Diputación General de Aragón (por impago de tasas de juego). La Diputación se quedó con los terrenos y las instalaciones de la sociedad en quiebra, mientras que la suspensión de pagos quedaba en manos de un Juez por las sospechas existentes de quiebra fraudulenta.

El juzgado designó tres interventores judiciales del Casino, encabezados por Francisco Javier López Aldea, de 42 años. Tras varios meses de trabajo, López Aldea firmaba un documento, en noviembre de 1997, concluyendo que la verdadera situación del Casino era de insolvencia o quiebra fraudulenta, por lo que no había lugar a la suspensión de pagos sino más bien a intensificar las investigaciones en torno a la gestión de los directivos de la antigua sociedad propietaria de la entidad. Cuando se elaboró este informe, el interventor ya había adoptado varias iniciativas, como la decisión de no pagar al último propietario del casino, Alfonso Fuentes, los millonarios ingresos extras que recibía procedentes del 1% del importe de las fichas de juego vendidas mensualmente.

El navajero en el garaje

Con el paso de los días, la relación entre López Aldea y Fuentes continuaba empeorando. Este último interpuso dos demandas en los Tribunales contra el administrador judicial: la primera por el porcentaje de las fichas -que fue desestimada-, y una segunda acusando a López de tener intereses particulares en la venta del Casino, ya que había propuesto a la Administración el nombre de una posible empresa compradora del negocio, por lo que Fuentes demandaba su inhabilitación. Cuando la Justicia estaba estudiando esta última querella, Francisco Javier López Aldea fue asesinado dejando viuda y dos hijos de corta edad.

El 21 de noviembre de 1997, pocos días después de haber firmado el demoledor informe sobre las opacas actividades de los ex directivos del casino, López Aldea era asesinado a machetazos en el garaje de su domicilio, en el barrio zaragozano del Actur. La Policía y los peritos forenses determinaron que el interventor fue atacado en el ascensor por un hombre que le propinó una puñalada en el hígado y otra en el corazón, y que después arrastró el cuerpo de la víctima hasta dejarlo semi oculto entre dos vehículos estacionados en el parking. De entre todas las hipótesis barajadas por los Policías, la más consistente pasaba por un crimen encargado a un sicario por alguien a quien molestaban sobremanera las actividades profesionales de López Aldea.

“Va a caer la Diputación de Aragón”

Los investigadores examinaron las grabaciones recogidas por cuatro cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio del interventor y en las que se veía a un individuo vigilando a la víctima durante horas: se podía observar al presunto asesino siguiendo discretamente a López Aldea hasta la cafetería donde almorzó ese día y cómo se adelantaba a su víctima para hacerse el encontradizo con ella en el momento en que el interventor llamaba al ascensor para bajar al garaje de su casa.

La Policía presentó al juez el contenido de unas grabaciones procedentes de pinchazos telefónicos en las que el fallecido decía, poco antes del crimen, que tenía miedo por lo que iba descubriendo. Un amigo del interventor relató cómo éste le había confesado que su labor le estaba dejando agotado, y que no se podía ni hacer idea de lo “podrido” que estaba el mundo de la política. Su hermana señaló que Francisco Javier recibía continuas amenazas de muerte hasta el punto de plantearse abandonar la auditoría del casino. Por último, la viuda de López declaró que, pocas horas antes de su muerte, su marido le había confesado que, con lo que había encontrado en sus investigaciones, iba “a caer la Diputación General de Aragón”. La respuesta del Gobierno aragonés a esto último consistió en tachar esas palabras de “inconsistentes y frívolas”.

El ex presidente y el ex guardia civil

Pero López Aldea no había dirigido su dedo acusador sólo contra empresarios y políticos: un mes antes de su asesinato había presentado una querella ante el Juzgado de Monzón (Huesca), denunciando una trama de interventores judiciales que forzaban la designación siempre de los mismos nombres para actuar en las empresas en quiebra. La lista de sospechosos manejada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Zaragoza se iba alargando.

Dos semanas después de la muerte de López, la Policía detenía en Zaragoza al ex presidente del Casino de Zaragoza, Alfonso Fuentes Barrau, como presunto autor de un delito de inducción al asesinato del interventor. El Juez encargado del caso enviaba al sospechoso a la cárcel de Torrero, eludible bajo fianza, al tiempo que hablaba en el auto de prisión de “la manifiesta enemistad” entre víctima e imputado, a quien también señalaba como “el único beneficiado del crimen”.  Fuentes –que ya había estado en la cárcel en 1978 por disparar con una pistola contra cuatro acreedores de su empresa constructora- depositó la fianza al día siguiente y no tardó en ver cómo la causa contra él se archivaba por falta de pruebas.

Caso archivado y el Casino, a Zaragoza capital

Casi tres años permaneció el caso en el dique seco hasta que el 18 de noviembre de 2000, tres días antes del archivo del expediente, era imputado un nuevo personaje, Luis Martínez de Baños Arnaldas, guardaespaldas y ex guardia civil, catalogado por la Policía como violento ultraderechista. Tras el asesinato de López Aldea, varios testigos reconocieron a Martínez de Baños como la persona que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad acechando al interventor hasta instantes antes del crimen. Cuando la Policía acudió entonces a detenerle, el sospechoso ya había huido a Sudamérica. A su regreso se presentó en el Juzgado, explicó que había cruzado el charco “por una oferta de trabajo” y la juez no ordenó su arresto, si bien acordó medidas cautelares para evitar una nueva fuga. Al igual que ocurriera con Alfonso Fuentes, Martínez de Baños fue finalmente exculpado por falta de pruebas y el caso archivado definitivamente.

Luis Alfonso Martínez de Baños fue detenido en 2003 cuando trasladaba un kilo de cocaína desde Barcelona a Zaragoza. Por su parte, el Casino de Zaragoza fue vendido en abril de 1998 a la empresa norteamericana Trans World Gaming por 722.000 euros, cantidad que rentabilizó en poco tiempo tras llegar un acuerdo con el Gobierno de Aragón para trasladar el negocio desde Alfajarín hasta el centro de Zaragoza.

José Manuel Gabriel