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Cristóbal Montoro no justifica la necesidad de los contratos de la Agencia Tributaria, muchos de los cuales han sido adjudicados aplicando criterios subjetivos y sin acreditar la solvencia de los contratistas

Diciembre 28, 2015

Así lo denuncia el Informe de Fiscalización de su contratación en los años 2013 y 2014 firmado por el Tribunal de Cuentas. Los pliegos no incluyeron la identificación de los medios a través de los que se acreditó la solvencia económica, financiera y técnica de los empresarios. Los contratos que debían ser adjudicados mediante fórmulas objetivas han sido tratados con criterios sometidos a juicio de valor. En los procedimientos negociados, la AEAT no solicitó, en ningún caso, la mejora del precio del contrato.

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Uno de los refranes españoles más recurridos es aquel que reza “en casa del herrero, cuchillo de palo”, o cuchara. El dilema sobre qué cubierto está hecho de madera en casa del manipulador del metal siempre parece abierto. No obstante, la moraleja del proverbio es clarividente: los que más insisten en ciertas cuestiones, al final no predican con el ejemplo. Por la parte que le toca a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), podría decirse que en su casa tiene tanto el cuchillo como la cuchara de palo. El organismo público de la Administración española encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal, así como de los recursos de otras Administraciones y Entes Públicos, nacionales o de la Unión Europea, ha quedado ruborizado por el Informe de Fiscalización de su contratación en los ejercicios 2013 y 2014. Un informe que viene firmado por el Tribunal de Cuentas y que ha servido de tirón de orejas para Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Quizá, la entidad colaboradora en la persecución de determinados delitos contra la Hacienda Pública ha olvidado que ella también puede ser objeto de análisis y castigada por sus irregularidades.

El punto más escabroso que ha observado el Tribunal de Cuentas se centra en la justificación de la necesidad de los contratos firmados por la AEAT. Según la Ley de Contratos del Sector Público, en la memoria explicativa de cada contrato debe quedar perfectamente determinada la naturaleza y extensión de las actividades contratadas así como su idoneidad y su contenido para satisfacerlas. La Agencia Tributaria parece no cumplir a rajatabla este mandato.

Procesos negociados que no lo son

En primer lugar, en algunos contratos no se justifican las variables utilizadas para la determinación del presupuesto de licitación. En otros, no se justifica el por qué de la decisión de haberse licitado determinadas obras y suministros por medio de varios expedientes de contratación en lugar de haberse hecho en uno solo, lo que proporcionaría un importante ahorro. Y lo que es peor, en varios expedientes, los pliegos no incluyeron la identificación de los medios a través de los que se acreditó la solvencia económica, financiera y técnica de los empresarios.

Y como no podría ser de otra forma, el tráfico de influencias y la imparcialidad están presentes también en la AEAT. Sólo así se entiende que, en varios contratos, se corrompan los criterios objetivos de selección de las ofertas -o susceptibles de la aplicación de fórmulas-. Éstos han sido tratados como criterios sometidos a un juicio de valor y, por lo tanto, sometidos a la subjetividad. Una lacra que también ha contagiado a los Informes de valoración de las ofertas presentadas en los que se registraba una mera asignación de puntos sin aportar motivación o justificación alguna del porqué de los puntos otorgados a cada una de las propuestas.

Está claro que en el sector público, deben abundar los procedimientos abiertos de tramitación ordinaria. Un modo de fomentar, sin reservas, la concurrencia competitiva y la equidad de las propuestas en la adjudicación de cualquier oferta. Sin embargo, los procedimientos negociados también se prodigan con frecuencia. Una forma de adjudicar a dedo cualquier contrato que sale a licitación. Pero como todo proceso, éste tiene unas condiciones que la AEAT no ha cumplido al no negociar, tan siquiera, el precio a convenir con el contratista. Esto es, la Agencia Tributaria no solicitó, en ningún caso, la mejora de precio prevista.

Empresas que se ríen de todos los españoles

La Agencia Tributaria es un organismo público que vive de los impuestos de todos los españoles. La aplicación y gestión de impuestos de tal relevancia como el IRPF, es una de las estrellas de su actividad. Precisamente, con esas tasas, pagamos los españoles buena parte de los servicios públicos que recibimos y que sustentamos.

A pesar de ello, la AEAT parece no tratar con la misma importancia el dinero público. Contratos en los que se ha incumplido el plazo de ejecución sin justificación alguna u otros supuestos que se han paralizado por causas imputables al contratista no han contado con sus debidas penalidades o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Todo lo contrario a lo que ocurre cuando un ciudadano de a pie comete un desliz con la Hacienda Pública. En ese momento, la actividad inspectora de la AEAT se pone en marcha y actúa con puño de hierro sobre el pueblo. Cada año la Agencia Tributaria recibe algo más de 10.000 denuncias públicas de fraude fiscal, de unos contribuyentes sobre otros, según datos de la propia AEAT. Del total de denuncias recibidas, una de cada 10 da lugar a una actuación inspectora. Estaríamos hablando de 1.000 inspecciones al año. Pues eso, en casa del herrero…

Doinel Castro