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Cristóbal Montoro (Hacienda), atenta contra las Leyes españolas de Economía Sostenible y de Transparencia cerrando la Plataforma de Contratación del Estado durante 83 horas seguidas en Internet

Julio 12, 2016
montoro

El cierre del medio de publicidad obligatorio para los órganos de contratación del Estado afectará a cinco días naturales. El sitio web avisa que debido a un cambio en el proveedor de servicios de alojamiento desde el jueves 7 de julio a las 20:00 horas hasta el lunes 11 de julio a las 7:00 horas se verán interrumpidos todos los servicios que la Dirección General del Patrimonio del Estado ofrece a través de Internet

El 4 de marzo de 2011 entraba en vigor en España la Ley de Economía Sostenible, un texto impulsado por el presidente por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue archiconocido por el apartado denominado como la ley Sinde -en honor a la  ministra de cultura Ángeles González-Sinde Reig-. Esta disposición final buscaba regular las descargas en Internet y proteger la propiedad intelectual. Sin embargo, el tortuoso existir de ese marco legislativo no enmascara otros contenidos amparados por la Ley de Economía Sostenible, como el que exige a todos los organismos del Sector Público Estatal dar publicidad a sus contratos rubricados.

Con esta función nace la Plataforma de Contratación del Estado, una herramienta que comienza su andadura en en mayo de 2008, inicialmente como medio de publicidad obligatorio para los órganos de contratación de la Administración General del Estado. Los más de ocho años que la contemplan hablan de un rotundo éxito respaldado en la gran repercusión mediática que tienen los anuncios que se publican en la Plataforma, el número creciente de organismos que se van adhiriendo y el incremento en el uso de servicios de valor añadido por parte de ciudadanos y empresas. En total, según datos de 2014, la Plataforma contaba con más de 3.000 órganos de contratación, más de 8.000 usuarios de órganos de contratación y más de 26.000 usuarios de empresas dados de alta.

La Plataforma de Contratación del Estado tiene como función la coordinación de la implantación de la contratación electrónica, promoviendo la interoperabilidad de las aplicaciones en colaboración con el Consejo Superior de Administración Electrónica y la gestión de la Plataforma de Contratación del Estado”. Está integrada en la Dirección General del Patrimonio del Estado que a su vez depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro.

La Ley de Transparencia que entró en vigor en 2013, y que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas, reforzó el papel protagonista de la Plataforma de Contratación del Estado que se confirmó como la compañera de viaje inseparable de empresas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades y vecinos en el día a día de la contratación pública. El deber de informar de los organismos públicos solo es equiparable al derecho de saber de los ciudadanos y en  se fusionan ambos intereses. Sin embargo, en este juego de luces todavía quedan muchas sombras como la acontecida a partir del pasado jueves 7 de julio. La Dirección General del Patrimonio del Estado decidía dejar sin oxígeno al aparato respiratorio de la transparencia en España.

Y dejaba constancia de ello con un lacónico mensaje en su página web: Debido a un cambio en el proveedor de servicios de alojamiento desde el jueves 7 de julio a las 20:00 horas hasta el lunes 11 de julio a las 7:00 horas se verán interrumpidos todos los servicios que la Dirección General del Patrimonio del Estado ofrece a través de Internet”. Y entre ellos, como no, destaca la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una herramienta visible para todo aquel que quiera indagar en la actividad diaria de los organismos públicos. Visible, excepto las 83 horas que van del jueves 7 de julio a las 20 horas de la tarde hasta hoy lunes 11 de julio a las 7 de la mañana. Un atentado contra la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Transparencia que dejará sin luz a los españoles que deseen conocer los contratos subscritos por las entidades públicas de España. Un sector en el que todo será público, excepto los recibos de sus compras.

Doinel Castro