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Cristóbal Montoro encuentra otra mina de oro para recaudar impuestos: el mercado del tabaco y las sanciones a Expendedurías y Estancos por regalar mecheros o aceptar plusvalías de las grandes Compañías

Mayo 9, 2016
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El Comisionado para el Mercado de Tabacos presidido por Juan Luis Nieto Fernández ha solicitado a Philip Morris documentación por sospechar que, entre 2012 y 2015, habría realizado diversos pagos -por mediación de la mercantil Marketing Partners Consultores S.L. (MKPC)-, a titulares de Expendedurías para publicitar y dar prioridad a sus marcas. Puede imponer multas de hasta 120.000 euros por regalar un mechero a los clientes que compren, por ejemplo, un cartón de tabaco.

Las Leyes Antitabaco que se aprueban en España son lo más parecido a los guiones narrativos de Juego de Tronos o Breaking Bad, esto es, van por entregas y cuentan con detalles tan histriónicos como rocambolescos.  Corría el año 2006 cuando en pleno Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empezaba la particular caza de brujas contra los fumadores. La Ley Antitabaco de España de 2006 (conocida en detalle como la Ley española 28/2005, de 26 de diciembre), y que entró en vigor entre los años  2006 y 2007, destacó en su momento por la prohibición de fumar en lugares de trabajo, tanto públicos como privados, los Centros Culturales, o la exigida separación de la gran mayoría de espacios públicos entre zonas totalmente restringidas al tabaco y otras en las que sí se podía fumar si se habilita una sala especial para fumadores.

El gran torrente de obras a las que se sometieron las principales cafeterías, bares y demás negocios de la Hostelería española para no perder clientes no tuvo parangón. Sin embargo, pronto ese arsenal reformador quedó obsoleto ante una nueva norma: la nueva Ley Antitabaco (la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010), que entró en vigor el 2 de enero de 2011, como modificación de la anterior Ley de 2006 y cuyas medidas acabaron por asestar una estocada definitiva a consumidores y vendedores. Zapatero volvía a ser el verdugo del mercado del tabaco prohibiendo tajantemente fumar en cualquier tipo espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no estuviera al aire libre, con una única excepción otorgada a centros de internamiento penitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores. El dinero utilizado por los hosteleros para modificar la distribución de sus establecimientos se escurría por el desagüe cuatro años después.

Clara intención recaudadora

Ahora, cinco años más tarde, asistimos a la tercera entrega del caso, donde se ve claramente la intención recaudadora del Gobierno de Mariano Rajoy -esta vez Popular-, ante el mercado del tabaco. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pretende hacer caja de los Hosteleros y Estanqueros a toda costa. Las vías -o trampas-, que utilizará para ello son primordialmente, dos. Por un lado, sancionando los regalos en los Estancos de cualquier producto relacionado con el tabaco; y por otro, penando con importantes multas económicas el plus que consiguen los Expendedores de tabaco en los contratos que firman con las grandes marcas.

Para empezar, Hacienda -a través del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT)-, se ha sacado de la chistera una normativa para regular la compra-venta en los Estancos de España: puede imponer multas de hasta 120.000 euros por regalar un mechero a los clientes que compren, por ejemplo, un cartón de tabaco. Estas multas son confirmadas por vía administrativa y solo pueden ser recurridas por vía judicial. La Ley que regula esta nueva zancadilla es la Ley 28/2005 que en su artículo 19 y apartado ‘r’ y que establece que queda prohibida la distribución gratuita de mecheros o cualquier otro tipo de producto relacionado con el tabaco por parte del estanco bajo pena de sanción grave”.

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Cartel en un estanco avisando de la multa por regalar mecheros

Para continuar, nos encontramos con la pauta más extraña y sibilina. Esta norma surge gracias al amparo en el artículo 5 Diez de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria que dispone que el presidente del Comisionado de Mercado de Tabacos, respetando el deber de sigilo o secreto impuesto en las Leyes, podrá recabar de los operadores del mercado de tabacos los datos y documentación que precise para el ejercicio de las funciones encomendadas”. El propio Comisionado de Mercado de Tabacos tiene encomendada la misión de vigilar que todos los operadores, incluidos los minoristas, actúen en el marco legal que les corresponde y para ello emprende las acciones de inspección necesarias.

Una de ellas ha desembocado en un requerimiento de documentación a la mayor empresa tabacalera del mundo, Philip Morris, por entender el CMT que la multinacional -que agrega marcas archiconocidas como Marlboro, L&M o Chesterfield-, habría incurrido en una infracción muy grave al constituir un ofrecimiento a los Expendedores de un margen directo o indirecto distinto al fijado en la Ley. En concreto, Philip Morris habría realizado entre 2012 y 2015 diversos pagos por mediación de la mercantil Marketing Partners Consultores S.L. (MKPC), a titulares de Expendedurías para publicitar y dar prioridad a sus marcas en las máquinas expendedoras. Del mismo modo, la sospecha pesa sobre las Expendedurías que habrían aceptado estos pagos por incurrir también en una infracción muy grave, por lo que podrían ser sancionadas de igual modo. Las infracciones graves son sancionadas con la suspensión temporal del ejercicio de la concesión de hasta 6 meses o multas desde 12.000 euros hasta por encima de los 120.000 euros.

La amenaza de la demanda internacional

Otra vez, el desacuerdo y la confusión se apoderan de este nicho de negocio en España. Mientras el CMT intenta proteger a los operadores minoristas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) intenta deshacer el entramado del menudeo o el último eslabón del canal de distribución. La CNMC ha emitido un informe en el que apunta una serie de aspectos “mejorables” desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica. Restricciones a la competencia no justificadas en principios económicos ni de la mínima distorsión competitiva necesaria; la regulación y la necesidad de gravámenes a otros dispositivos de liberación de nicotina como los cigarrillos electrónicos; o la distribución y venta minorista de productos reservados en exclusiva a diversos establecimientos que constituye una restricción a la entrada de nuevos operadores (en un caso similar al relatado líneas arriba) son algunas de las medidas que pretende implantar la CNMC en el mercado del tabaco.

Con todo, España va camino de convertirse en una copia del Estado uruguayo en lo que a la legislación contra el tabaco se refiere. La lucha del país suramericano comenzó en el año 2004 cuando aprobó el convenio marco para el control del tabaco. Mediante este texto se alineó a las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el gobierno de Tabaré Vázquez promovió una serie de medidas para combatir el consumo del cigarrillo: prohibición de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos, la difusión de imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar y que las mismas ocupen el 80% de la caja de cigarrillos, subida de impuestos, prohibición de la publicidad de cigarrillos en los medios de comunicación y el patrocinio que hacen las marcas de tabaco en cualquier tipo de eventos. Además, al igual que en España, se prohibió fumar en lugares públicos como oficinas, centros estudiantiles, bares, restaurantes, bailes y lugares públicos cerrados, entre otros. A día de hoy los uruguayos sólo pueden fumar en lugares abiertos o en sus casas.

Muchas similitudes entre la normativa española y la uruguaya. Sobre todo en lo que se refiere al consumo de tabaco en lugares públicos (los fumadores españoles están también condenados a fumar tan solo en lugares abiertos o en sus casas), así como a la cuestión más empresarial del mercado del tabaco: prohibición de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos y control exhaustivo de los contratos de los expendedores. La relación entre las grandes marcas de tabaco y Uruguay acabó explotando debido a la demanda internacional presentada precisamente por Philip Morris en la que reclamaba al Estado uruguayo un monto de 25 millones de dólares alegando una violación del tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay (hay que recordar que Philip Morris tiene su sede en Lausanne). Queda por ver, si con los últimos movimientos anti tabaquistas emprendidos por Cristóbal Montoro, la marca de las marcas de tabaco presentará una nueva demanda internacional contra España.

Doinel Castro